En medio de una crisis financiera que ha afectado su operación básica, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció la terminación de su convenio con la Fundación Politécnico A.C. y la creación de una nueva asociación civil para garantizar el manejo de aportaciones voluntarias de la comunidad.
De acuerdo con una tarjeta informativa fechada el 20 de abril de 2026, la institución detalló que desde el 11 de julio de 2025 decidió dar por concluido el acuerdo con la fundación, al considerar que el IPN no tenía participación en la toma de decisiones ni en la gestión de los recursos recaudados. La ruptura se sustentó en las propias cláusulas del convenio, que permitían su terminación anticipada.
Como respuesta, el Politécnico informó que constituyó una nueva asociación civil, con base en sus atribuciones legales, con el objetivo de dar certeza y continuidad a las aportaciones voluntarias. La medida busca evitar que estos recursos —que no forman parte del presupuesto público— sean utilizados con fines distintos al beneficio de la comunidad estudiantil.
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La institución, encabezada por su director general Arturo Reyes Sandoval, aseguró que ha privilegiado en todo momento las necesidades de estudiantes y trabajadores, y advirtió que no tolerará la intervención de intereses privados que pretendan lucrar con dichos fondos.
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En el mismo documento, el IPN abordó la polémica sobre estudiantes becados en el extranjero, particularmente en un programa vinculado con Queen Mary University of London. Según la versión oficial, los recursos —estimados en alrededor de 200 millones de pesos— estaban destinados a cubrir estas becas; sin embargo, si no se han entregado, la responsabilidad recaería en la Fundación Politécnico A.C., presidida por Vicente Gutiérrez Camposeco.
El posicionamiento institucional también denuncia una supuesta campaña de desprestigio impulsada por “intereses oscuros” y reitera que el IPN no cederá en la defensa de los recursos de su comunidad.
Crisis operativa y falta de recursos
Contexto: el pronunciamiento ocurre semanas después de que se hiciera pública la situación financiera crítica del Politécnico. En marzo de 2026, diversos planteles enfrentaron la suspensión de servicios básicos como internet, además de retrasos en el pago de becas, sueldos y apoyos, lo que afectó directamente a estudiantes, docentes y personal administrativo.
Reportes periodísticos señalan que la falta de liquidez llevó incluso a la interrupción de actividades académicas y administrativas, así como a denuncias por presuntos problemas en la gestión de recursos y donativos.
En este contexto, la decisión de romper con la Fundación Politécnico y crear una nueva figura para administrar aportaciones voluntarias se presenta como un intento del IPN por recuperar el control financiero de recursos clave y responder a la presión de su comunidad, en medio de cuestionamientos sobre transparencia y operación institucional.
Toma de Canal Once
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional irrumpieron el pasado 16 de abril en las instalaciones de Canal Once como medida de presión para visibilizar una serie de problemáticas que, aseguran, han sido ignoradas por las autoridades.
La movilización se da en medio de denuncias por abandono institucional, reflejado en equipos obsoletos, falta de insumos en laboratorios y deficiencias en el transporte interno.
De acuerdo con testimonios de los propios alumnos, la acción fue resultado de acuerdos tomados en asambleas estudiantiles, donde se determinó acudir al medio público con el objetivo de que sus demandas fueran escuchadas a nivel nacional.
Sin embargo, al llegar al lugar, se les negó inicialmente el acceso, lo que derivó en una escalada de tensión y en la decisión de ejercer su derecho a la libre manifestación dentro de las instalaciones.
Tras alrededor de dos horas de negociaciones con personal del canal, se logró un acuerdo para realizar una transmisión en vivo, en la que los estudiantes expusieron su pliego petitorio.
Entre las principales exigencias destaca la renuncia del director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, así como la atención inmediata a las condiciones que, aseguran, afectan la calidad de su formación académica.
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