El activista de derechos humanos, Jesús Raymundo Ramos Vázquez fue acusado de colaborar con el Cártel del Noreste (CDN) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de EU.
Raymundo Ramos es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde ha documentado durante más de 20 años casos de presuntas violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales atribuidos a fuerzas armadas.
De acuerdo con la OFAC, Ramos habría liderado una campaña de desinformación en contra de las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por defensor de derechos humanos para beneficiar al Cártel del Noreste.
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En el comunicado, Washington calificó como “falsas” las denuncias del activista contra el Ejército mexicano y lo acusó de pagar a personas para asistir a protestas con el objetivo de mejorar la percepción pública del grupo criminal y desacreditar a las instituciones de seguridad.
Denuncia de Ramos de uso de Pegasus para espiar a activistas y periodistas
A mediados de marzo de 2023, Ramos, junto con medios de comunicación mexicanos y The New York Times, reveló que el Ejército mexicano usó el software Pegasus para para espiar a activistas y periodistas que documentaban presuntas violaciones a derechos humanos.
Un análisis del laboratorio Citizen Lab determinó que el celular de Ramos fue intervenido en varias ocasiones, entre agosto y septiembre de 2020, con el software Pegasus. Ese tipo de software permite acceder prácticamente a todo el teléfono: mensajes, llamadas, fotos e incluso activar cámara y micrófono sin que el usuario lo note.
De acuerdo con documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, las operaciones de vigilancia se llevaron a cabo desde el Centro Militar de Inteligencia (CMI), una instancia que operaba con altos niveles de secrecía.
El caso generó cuestionamientos sobre la legalidad de estas prácticas, en la que organizaciones como Articulo 19 señalaron que la intervención de comunicaciones privadas requiere autorización judicial, por lo que su uso sin este requisito podría ser ilegal.
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Ramos niega en entrevista tener vínculos con el Cártel del Noreste
En entrevista con Proceso, Raymundo Ramos rechazó las acusaciones emitidas por la OFAC.
“Según lo que yo leí, se me acusa de defender a un grupo criminal para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Eso no es cierto. Heydi no era una criminal, los niños Martín y Bryan, no eran criminales, eran niños que mataron las Fuerzas Armadas", declaró.
El activista afirmó que las imputaciones surgen en un contexto en el que su organización participa en litigios contra elementos de las Fuerzas Armadas, lo que, dijo, ha generado tensiones con instituciones de seguridad.
“Alguien no quiere que sigamos haciendo juicios y ese alguien se llama Fuerzas Armadas de México", señaló.
Ramos advirtió además que este tipo de señalamientos podrían poner en riesgo su integridad, al ser etiquetado como presunto vinculado al crimen organizado.
“Lo que están haciendo al involucrarme con un grupo criminal es etiquetarme para que un grupo rival pueda atentar contra mí, eso lo hicieron en 2018" dijo al medio.
El defensor sostuvo que actualmente llevan procesos judiciales contra militares y marinos por casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre ellos el de José Luis Bautista Carrillo (2018) y otros incidentes ocurridos en Tamaulipas entre 2010 y 2023.
Asimismo, aseguró que su trabajo ha sido documentado por instancias internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y reiteró que continuará con su labor pese a los señalamientos.
"Estamos en un momento donde los defensores de derechos humanos en nuestro país estamos siendo agredidos en todos los sentidos (...) Aun así, con los riesgos que esto implica, yo voy a seguir siendo defensor de derechos humanos" concluyó la entrevista.
Aunque la sanción implica el congelamiento de sus activos en Estados Unidos y prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con él, hasta el momento el gobierno de ese país no ha presentado cargos penales formales en su contra.
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JL