El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo jueves 16 de abril de 2026 un proyecto de sentencia en materia de derechos reproductivos en México. Se trata del amparo en revisión 426/2025, promovido por diversas mujeres y personas con capacidad de gestar contra normas del estado de Tamaulipas que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo.
El proyecto, a cargo del ministro presidente, propone revocar la decisión de un juzgado federal que había desechado el caso por supuesta falta de interés legítimo de las quejosas y por considerar inexistentes algunos actos reclamados.
En contraste, la Corte plantea que sí existe materia para analizar el fondo del asunto, al reconocer que las normas impugnadas pueden afectar de manera directa a este grupo, aun sin que exista un caso concreto de embarazo.
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¿Qué está en juego?
El litigio cuestiona un conjunto de disposiciones del Código Penal y de la Constitución de Tamaulipas que sancionan el aborto y que establecen la protección de la vida “desde la fecundación”. Las promoventes argumentan que estas normas vulneran derechos como la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la salud y la igualdad.
El proyecto de sentencia coincide en que la criminalización del aborto puede generar afectaciones estructurales, al imponer barreras legales y sociales que inciden en las decisiones reproductivas de las mujeres y personas gestantes. Además, advierte que estas disposiciones pueden reforzar estigmas y desigualdades de género.
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Interés legítimo: un punto clave
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el reconocimiento del interés legítimo. La Corte propone establecer que el solo hecho de ser mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para impugnar normas que penalizan el aborto, debido a la afectación que generan en su esfera jurídica.
Esto implicaría un criterio relevante: no sería necesario acreditar un caso específico (como estar embarazada) para cuestionar este tipo de leyes, lo que ampliaría el acceso a la justicia en temas de derechos reproductivos.
Omisiones del Estado en servicios de salud
El proyecto también aborda la actuación de las autoridades de Tamaulipas en materia de salud. En este punto, concluye que sí existe una omisión administrativa, al no garantizar servicios adecuados para la interrupción voluntaria del embarazo.
De acuerdo con el análisis, tanto el gobierno estatal como la Secretaría de Salud local tienen la obligación de implementar, organizar y difundir estos servicios, conforme a criterios ya establecidos por la propia Corte.
Posibles efectos del fallo
De aprobarse el proyecto en sus términos, la SCJN otorgaría el amparo a las quejosas y declararía la inconstitucionalidad de diversas normas en Tamaulipas. Esto incluiría artículos del Código Penal y una porción de la Constitución local que protege la vida desde la fecundación.
Además, se ordenaría a las autoridades garantizar servicios de salud para el acceso al aborto voluntario, lo que podría tener implicaciones prácticas en la política pública estatal.
Contexto: en México, el avance en la despenalización de la interrupción legal del embarazo (ILE) ha sido progresivo durante los últimos años, impulsado tanto por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por reformas aprobadas en congresos locales.
Hasta ahora, más de la mitad de las entidades federativas han modificado sus marcos legales para permitir el aborto voluntario durante las primeras semanas de gestación, en un proceso que refleja cambios sociales, jurídicos y políticos en torno a los derechos reproductivos de las mujeres.
Actualmente, se ha legislado a favor de la ILE en distintos términos, generalmente hasta las 12 semanas de embarazo. Estas reformas han sido respaldadas por criterios de la SCJN, que ha establecido que criminalizar el aborto de manera absoluta es inconstitucional y vulnera derechos humanos.
Los estados que permiten el aborto legal en México son:
- Ciudad de México
- Oaxaca
- Hidalgo
- Veracruz
- Baja California
- Colima
- Sinaloa
- Guerrero
- Baja California Sur
- Quintana Roo
- Aguascalientes
- Puebla
- Jalisco
- Estado de México
- Nayarit
- Sonora
- Coahuila
- Michoacán
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
En total, 23 estados han legislado para permitir la interrupción del embarazo de forma voluntaria (en su mayoría hasta las 12 semanas).
Si Tamaulipas aprueba una reforma en el mismo sentido, la cifra subiría a 24 entidades, lo que representaría una amplia mayoría del país.
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