La iniciativa de reforma electoral plantea la reducción de 25% al financiamiento público ordinario que reciben los partidos políticos, pero además endurece las reglas sobre el origen de los recursos, limita las aportaciones privadas y establece un esquema de fiscalización diaria durante precampañas y campañas.
El cambio central está en la fórmula para calcular el financiamiento anual destinado a actividades ordinarias permanentes.
Actualmente, el monto se obtiene multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La propuesta reduce ese porcentaje a 48.75% de la UMA un impacto real del 25% del financiamiento ordinario total. En términos prácticos, los partidos recibirían una cuarta parte menos de los recursos que actualmente obtienen para su operación regular.
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La distribución del monto se mantendría bajo el mismo criterio: 30% se repartiría de forma igualitaria entre todos los partidos con registro y el 70% restante se asignaría conforme al porcentaje de votación obtenido en la elección federal de diputados inmediata anterior.
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En materia de origen de recursos, la reforma mantiene prohibiciones a partidos y candidaturas sobre que no podrán recibir financiamiento ni en dinero ni en especie de gobiernos extranjeros, fondos de inversión u organismos internacionales. Tampoco podrán aceptar aportaciones de personas físicas o morales extranjeras ni de personas que residan fuera del país. Asimismo, se prohíbe de manera expresa el uso de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Respecto a las aportaciones privadas, únicamente podrán realizarlas personas físicas mexicanas. Se prohíben las contribuciones en efectivo, por lo que deberán hacerse mediante transferencias electrónicas o instrumentos bancarios que permitan su trazabilidad. Además, estas aportaciones no serán deducibles de impuestos para efectos fiscales.
Van por fiscalización cotidiana
Otro de los cambios relevantes es la implementación de un esquema de fiscalización cotidiana durante los procesos electorales.
Los partidos y candidaturas deberán reportar diariamente sus ingresos, egresos y operaciones financieras durante precampañas y campañas, incluyendo movimientos con activos virtuales y divisas. Las instituciones del sistema financiero nacional estarán obligadas a informar directamente al Instituto Nacional Electoral sobre estas transacciones, con el fin de reforzar la supervisión y detectar irregularidades en tiempo real.
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Adicionalmente, la reforma también reduce el tiempo total destinado a partidos en radio y televisión para fines electorales, al pasar de 48 a 35 minutos diarios. La distribución específica de esos tiempos se establecerá en la legislación secundaria.
El conjunto de medidas, según la iniciativa entregada hoy, se presenta bajo el argumento de racionalizar el gasto público, reforzar la transparencia y evitar la injerencia de recursos indebidos en la competencia electoral, al tiempo que se mantiene el esquema de financiamiento público como eje del modelo mexicano.