¿Una conversación privada en WhatsApp puede ser motivo de castigo por violencia política de género? Para la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Guadalajara, sí.
La afectada, Emma Zermeño, es una ciudadana sinaloense que actualmente es funcionaria de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa. Ella sostuvo en 2024 y 2025 conversaciones privadas con un amigo suyo que luego se integró al equipo de la denunciante, que es la diputada local de Morena con licencia y ahora secretaría de Diversidad Sexual de Morena a nivel nacional. Ese amigo la traicionó y le mostró pantallazos de las conversaciones privadas.
A partir de ahí la legisladora presentó una denuncia ante el Instituto Electoral de Sinaloa, que llegó al Tribunal Electoral local, pero vio improcedente el caso, precisamente por la privacidad de las conversaciones. Sin embargo, recurrió a la Sala Regional Guadalajara del TEPJF.
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El Pleno de la Sala Regional, integrado por la presidenta magistrada Rebeca Barrera Amador y los magistrados Irina Cervantes Bravo y Sergio Arturo Guerrero Olvera resolvió en su sesión del 25 de febrero pasado que la ciudadana Emma Zermeño había ejercido violencia política de género y revocó la sentencia que realizó el Tribunal Electoral de Sinaloa en noviembre pasado.
Para ello se basaron en conversaciones privadas, registradas en un chat de WhatsApp que un supuesto amigo de Zermeño filtró.
En el proyecto elaborado por el magistrado Guerrero Olvera y votado por unanimidad por sus colegas, además, se protegen los datos de la denunciante, que en el expediente SG-DC17/2026 aparece como Dato Personal Protegido. La justificación es que se hizo asi para evitar su revictimización. En cambio, se ventilan los de la denunciada.
Zermeño dice en entrevista con La Silla Rota que desde que ella llegó a trabajar a la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, supo que la denunciante, a quien no conoce en persona y que no revela el nombre, empezó a contactar a sus superiores con la intención explícita de que no trabajara ahí, que la despidan e incluso que la inhabiliten. Atribuye la animadversión a cuestiones de activismo.
La resolución de la Sala Regional no le sorprende a Zermeño, pero sí le preocupa porque no sólo le afecta a ella sino a toda la ciudadanía, ya que puede marcar un precedente sobre la libertad de expresión.
“No es posible que un tribunal de esa altura resuelva de esa manera tan infundada, sin pensar en las consecuencias que va a tener a mediano plazo y el impacto en la sociedad”, explica.
“Nos dejan en un estado de indefensión completamente y aparte la vulnerabilidad de no poder hablar libres con total holgura y como cualquier persona normal, de manera privada”.
Zermeño, quien es activista de la comunidad LGBTTTI+, detectó en la versión estenográfica que a la funcionaria sí le dieron audiencia, pero a ella no.
El Tribunal Electoral de Sinaloa tiene de plazo para dar su nueva resolución el 12 de marzo, la cual debe ser con base en la sentencia de la Sala Regional. Zermeño podría verse obligada a pagar 300 mil pesos por reparación de daños, que es lo que pide la denunciante, así como su destitución e inhabilitación por dos años. Además, la denunciada quedaría registrada en la lista de agresores y estaría obligada a ofrecer una disculpa pública.
La denunciada ya trabaja en ver cómo procede para que eso no ocurra y presentó a través de sus representantes legales un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF y analiza recurrir a instancias internacionales.
La denuncia la ha puesto mal y un día terminó en el área de Urgencias por una crisis de nervios. Lamenta que las conversaciones hayan sido producto de charlas que tuvo con la persona que la traicionó, cuando él quería volverse activista y ella le dibujó el mapa de los personajes relevantes en el tema, entre quienes está la diputada con licencia, con quien ya trabajaba su otrora amigo.
Se abusa de herramienta de violencia de género
De dos años a la fecha el uso de acusaciones de violencia política de género comenzó a aumentar para silenciar a voces incómodas, explica la abogada experta en temas electorales Mónica Calles Miramontes, que asesora a Zermeño.
“Están utilizando el aparato estatal para silenciar voces en una manera muy desproporcionada porque resulta que son políticos poderosos los que denuncian a un ciudadano, a un medio de comunicación y esto afecta la calidad de nuestra democracia. Es por esa razón que me llamó muchísimo la atención este asunto”, dice a La Silla Rota.
Son casos como los del periodista Héctor de Mauleón, acusado de violencia de género por la funcionaria del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras, quien aspiraba a ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, y fue señalada por el columnista de presuntos vínculos con una red de tráfico de huachicol. Otro caso es el de Karla Estrella, ciudadana sonorense, denunciada por la diputada federal del PT Diana Karina Barreras, que la acusó de violencia de género, y el TEPJF le dio la razón. Estrella fue obligada a presentar disculpas por 30 días a la legisladora, pero como su nombre no aparecía en el expediente y fue sustituido por “Dato Protegido”, entonces las disculpas eran para Dato Protegido, lo que generó miles de críticas.
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En el caso de Emma Zermeño, Calles recuerda que el Tribunal local resolvió de manera correcta, ya que observó que se trataba de comunicaciones privadas y que no podía entrar al análisis.
La sentencia de la Sala Regional viola directamente el artículo 16 de la Constitución, que establece que las comunicaciones privadas son inviolables, porque precisamente se generan en un plano de confianza y atienden al ámbito privado de las personas, enfatiza la abogada.
“Insisto, no era una conversación institucional, o en un canal, era una simple entre dos amigos que llegó por alguna razón a una diputada y desde el expediente se advierte que la denunciada ni siquiera conoce a la legisladora con licencia ni tampoco han tenido interacción personal, porque así se menciona en las resoluciones”.
A Calles algo que le llamó la atención es que en la misma sesión se denunció a una alcaldesa morenista por contratar publicidad en una revista, y aunque se entregó la factura por parte del denunciante, el asunto fue desechado.
“Se acreditó el pago y ahí voltearon para otro lado”.
Contexto: Se trata de un asunto inédito y la Sala Superior del TEPJF no ha decidido nunca un caso sobre violencia política de género en el que la denuncia original se haya sustentado en una comunicación privada, más cuando ni siquiera interviene la supuesta persona afectada.
También fue una conversación entre dos personas físicas sin estar en el ejercicio de un cargo y sin usar equipo institucional y las capturas de pantallas fueron proporcionadas de manera indebida, se lee en el recurso que presentó Zermeño a través del despacho Defensa Electoral.
Quiénes son los magistrados
Los tres magistrados fueron electos el 1 de junio, en la primera elección judicial.
La magistrada Irina Graciela Cervantes Bravo fue postulada por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Fue magistrada presidente del Tribunal Electoral de Nayarit de 2020 a 2021.
De acuerdo con una nota de El Economista, en agosto de 2022 ella y el entonces presidente del tribunal estatal, Rubén Flores Portillo y su colega Martha Marín García fueron denunciados ante la Auditoría Superior de Nayarit por desvío y derroche de recursos públicos.
De acuerdo con la nota, habrían incurrido en gastos excesivos en servicios médicos, incluso algunos de ellos en Europa. Un ejemplo es una factura por 8 mil 250 euros por el pago a una clínica en Madrid, por servicios que recibió Cervantes Bravo. También habrían recibido bonos anuales y pagos de horas extra que no correspondían con lo establecido como percepciones legítimas por el desempeño de funciones.
La magistrada Rebeca Barrera Amador es la presidenta de la Sala Regional. Fue postulada por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Fue consejera presidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur. En 2023 su nombre sonó para ser la presidenta del INE.
Sergio Arturo Guerrero Olvera ya había sido magistrado electoral de la Sala Regional Guadalajara e incluso ocupó la presidencia. En febrero del 2025 dio la conferencia Criterios para la reparación integral en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en Chihuahua.