El gobierno federal envió al Senado de la República la iniciativa de reforma constitucional para homologar el delito de feminicidio en México, con el objetivo de establecer criterios únicos para su tipificación, investigación y sanción en todo el país.
La propuesta, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y remitida a través de la Secretaría de Gobernación, plantea modificar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio.
Actualmente, el feminicidio se encuentra tipificado de manera distinta en las legislaciones penales de las entidades federativas, lo que ha generado diferencias en los elementos del delito, criterios dispares para acreditar las razones de género, así como sanciones y agravantes no homologadas. De acuerdo con la exposición de motivos esta fragmentación normativa provoca que hechos similares sean investigados y castigados de forma distinta dependiendo del estado donde ocurran, lo que debilita la eficacia del sistema de justicia penal y abre espacios a la impunidad.
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Ante este escenario, la iniciativa busca dotar al Congreso de facultades para establecer un marco jurídico nacional que permita unificar el tipo penal, las sanciones y los estándares de investigación con perspectiva de género, así como fortalecer la coordinación entre la Federación y las entidades federativas. La intención, de acuerdo con el documento, es garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y mejorar la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar la violencia feminicida.
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El planteamiento parte de un diagnóstico que reconoce la violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural. Según datos citados en la exposición de motivos, siete de cada diez mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia, mientras que a nivel regional se registran al menos once asesinatos de mujeres por razones de género cada día en América Latina y el Caribe. Estas cifras, señala el Ejecutivo, reflejan la urgencia de fortalecer el marco normativo y las políticas públicas para atender el problema.
Además de la homologación del delito, la propuesta contempla la necesidad de establecer medidas de protección para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a causa de feminicidio, al reconocer que enfrentan afectaciones emocionales, sociales y económicas que requieren atención integral por parte del Estado.
De acuerdo con la evaluación de impacto presupuestario elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluida en la iniciativa, la reforma no implicaría un impacto presupuestario adicional, ya que no contempla la creación de nuevas instituciones ni estructuras administrativas.
En caso de ser aprobada, el Congreso de la Unión contaría con un plazo de 180 días para expedir la ley general en materia de feminicidio, mientras que las disposiciones actuales seguirían vigentes hasta la entrada en vigor del nuevo marco legal.
La propuesta se inserta en un contexto en el que organizaciones civiles y colectivos han señalado de manera deficiencias en la investigación de feminicidios y altos niveles de impunidad en los casos.
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La iniciativa fue presentada el pasado 24 de marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia en Palacio Nacional, como parte de una estrategia para combatir la impunidad en los casos de feminicidio. La propuesta, elaborada en coordinación con la Fiscalía General de la República, plantea la creación de una ley general que obligue a todas las autoridades del país a investigar con criterios homologados y bajo perspectiva de género, incluyendo que toda muerte violenta de una mujer sea indagada desde el inicio como feminicidio.