El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California confirmó una sanción formal por violencia política en razón de género en contra del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, derivada de expresiones dirigidas hacia la actual mandataria estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La resolución también alcanza a Alejandro Moreno Berry y al Partido del Trabajo, quienes fueron señalados por emitir declaraciones durante las denominadas “Jornadas por la Paz” que vulneraron la investidura de la actual mandataria.
Esta sanción se suma a la vinculación a proceso que le decretó un juez a Bonilla por el caso Next Energy, donde fue acusado de peculado, uso ilícito de atribuciones y abuso de autoridad.
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De acuerdo con el Tribunal de Justicia Electoral, las expresiones realizadas incluyeron referencias que generaban confusión respecto a la titularidad del gobierno estatal, lo cual fue considerado una forma de violencia política basada en género. El órgano jurisdiccional determinó que dichos señalamientos reprodujeron estereotipos que afectan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres y menoscaban su desempeño en cargos públicos.
Como parte de la resolución, el Tribunal estableció las siguientes sanciones para Bonilla y Moreno:
- Amonestación pública para los responsables.
- Inscripción en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
- Medidas de reparación, entre ellas la obligación de recibir capacitación en materia de perspectiva de género.
La determinación quedó firme, consolidando un precedente relevante en la protección institucional de los derechos políticos de las mujeres en Baja California.
Cabe señalar que el fallo se emite en un contexto nacional de fortalecimiento de los mecanismos legales para prevenir y sancionar la violencia política de género. Autoridades electorales han reiterado que cualquier manifestación que limite, anule o menoscabe el ejercicio del cargo público por razones de género debe sancionarse conforme a la ley.
Especialistas consideran que el caso reafirma los límites de la libertad de expresión dentro del debate político, particularmente cuando los discursos públicos afectan la dignidad, legitimidad o desempeño de mujeres que ocupan cargos de elección popular.
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