BAJA CALIFORNIA.-El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez este martes por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el caso de la planta fotovoltaica Next Energy; sin embargo, seguirá en libertad su proceso judicial tras dejar una garantía de 100 mil pesos que le fijó el juez.
La decisión fue tomada por un juez durante la audiencia que inició a las 9:00 horas (hora local) de ayer lunes en la ciudad de Mexicali, y que se extendió durante 24 horas entre los argumentos del Ministerio Público y de la defensa del también exsenador por el Partido del Trabajo (PT), en la que se determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra.
Bonilla Valdez enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en la contratación y manejo de recursos públicos vinculados al proyecto de la planta fotovoltaica Next Energy, lo que generó controversia durante su administración.
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El caso se centra en posibles actos de corrupción y uso indebido de recursos públicos, por lo que las autoridades judiciales continuarán con el proceso legal para determinar su responsabilidad.
Previo al inicio de la cita, el exmandatario Bonilla Valdez desestimó ante la prensa que los elementos de prueba presentados por la fiscalía, y más tarde su defensa argumentó ante el juez que el pago de 123 millones de pesos de participaciones federales, el único realizado para la obra que nunca fue concretada, ocurrió en 2022, cuando él ya no era titular del ejecutivo bajacaliforniano.
La siguiente audiencia deberá ser la intermedia, en la que Bonilla Valdez y su defensa deberán decidir si realizan un acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) u optan por ir a juicio oral.
Suman 10 persoans bajo jucio por planta fotovoltaica de Next Energy
Con esta determinación, dijo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante su conferencia de prensa semanal, ya son 10 personas vinculadas a proceso por este caso: “Él podrá decir, lo que considere para su defensa, es un proceso. Si hubiera tintes políticos hubiéramos actuado de otra manera. No lo hemos hecho”, respondió.
La mandataria bajacaliforniana indicó que mientras tuvo fuero evadió a la justicia y cuando lo perdió, utilizó diferentes artimañanas para difierir la audiencia inicial una docena de veces.
Juan José Pons Méndez, consejero jurídico del gobierno de Baja California, subrayó que si esta administración no detenía el contrato habría pagado 6 mil millones de pesos al día de hoy, aunque la planta no existiera.
Precisó que aunque el ahora imputado asegura que su gobierno nunca habló de construir una planta fotovoltaica y sólo se comprometía a pagar por energía eléctrica, existen una convocatoria y un contrato plurianual que lo desmienten y reveló que apenas en febrero pasado el gobierno de Baja California ganó un litigio en el que la banca exigía dos pagos por más de 3 mil 758 millones de pesos.
“¿Por qué nos están cobrando esa cantidad? Por la supuesta construcción de esa planta y por las constancias de inversión que se suscribieron en esos tiempos, en el que se establecía que había un avance”, mencionó.
Sin embargo, aunque durante la administración del exmandatario Bonilla Valdez se realizó un acto simbólico de colocación de la primera piedra en un terreno en las inmediaciones de la carretera Mexicali-San Felipe, la obra nunca recibió permisos federales y no fue construida. Con información de Karla Alva
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