El Plan B de la reforma electoral que se discutirá este martes en comisiones del Senado mantiene sus ejes principales que son cambios a las fechas y reglas de la revocación de mandato, además de la reducción del gasto en municipios y congresos locales.
La iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum sólo tuvo algunas modificaciones mínimas de forma y correcciones para garantizar la paridad de género.
1. Revocación de mandato
La propuesta establece que la ciudadanía pueda solicitar la consulta de revocación de mandato al concluir el segundo o tercer año de gobierno. Es decir, que en este escenario la consulta podría ser en 2027 o 2028. También plantea cambiar la fecha de la consulta para que sea el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio, para que coincida con la jornada electoral en curso.
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Mientras que el texto vigente establece que la consulta de revocación será el domingo siguiente a los 90 días de haber emitido la convocatoria, y no podrá coincidir con elecciones locales ni federales. Con esta modificación la Presidenta podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor.
Durante los 60 días anteriores a la jornada para la revocación de mandato deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
Gasto en municipios y congresos locales
Los ayuntamientos estarán confirmados por una sindicatura y un máximo de 15 regidurías de conformidad con los principios de paridad de género. La iniciativa proponía reducir la estructura a un mínimo de siete y un máximo de 15 regidurías, ya que algunos estados llegaban hasta 28 personas.
Sin embargo, gobiernos municipales alertaron que en algunos casos los obligaría a tener más regidores, por lo que pudieron evaluar este tema. "Estas comisiones estiman que la medida contribuye a que los municipios cuenten con estructuras más eficientes y acordes a sus necesidades reales, sin menoscabo de su autonomía", señala el dictamen.
La reforma pone un tope al presupuesto anual de los congresos locales, que no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Recorte a funcionarios electorales
El dictamen plantea que reducir las remuneraciones de las personas consejeras electorales, magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE, Organismos Públicos Locales Electorales y Tribunales Electorales, para que no ganen más que el titular del Ejecutivo.
También prohíbe adquirir con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, contrato colectivo o condiciones de trabajo.
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