Escrito en OPINIÓN el
El retroceso democrático con la llegada del Plan B de la Reforma Electoral está registrado debido a múltiples omisiones que diversos especialistas, académicos, periodistas, algunas consejeras y consejeros, así como magistradas y magistrados habían planteado en múltiples foros, incluso con legisladores de diversas comisiones, entre la que destaca la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Entre las diversas temáticas que quedaron fuera del Plan B encontramos las siguientes:
- De entrada, el Plan B no hace referencia a la elección del Poder Judicial lo que hace presumir la posibilidad de que el mismo pueda realizarse de manera concurrente con las elecciones políticas lo que traería múltiples complicaciones para el óptimo desarrollo de estos ejercicios.
- El Plan B incluye la posibilidad de la realización de un ejercicio de democracia directa denominado de Revocación de Mandato en donde la población puede manifestar si desea que la persona titular del Ejecutivo Federal continúe o no en su encargo. Al respecto, independientemente de la enorme complejidad de empatar este ejercicio con las elecciones políticas y, en su caso las elecciones judiciales, la iniciativa determina que que la presidenta pueda promover este ejercicio lo que viciaría el resto de los procesos electorales generando, entre otros aspectos, inequidad en la contienda electoral o incluso, la judicialización de las elecciones.
- El Plan B dejó de lado alguna referencia que permitiera fortalecer el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, así como para la población migrante que constituye un importante segmento de la población y que tienen décadas luchando para participar en la esfera pública.
- No fue incluída referencia alguna al voto electrónico, en particular, al voto por internet que ha sido planteado para que, bajo un esquema de voto anticipado, la ciudadanía pueda votar al interior de la República, tal cual lo hacen nuestros connacionales desde el exterior para diversos cargos de elección popular. Incluso, no fue tomada en cuenta la medida de usarlo al menos para aquellas regiones del país en la que se tiene acreditado la presencia del crimen organizado, lo que hubiera nulificado el actuar de dichas organizaciones delictivas.
- El Plan B tampoco hace referencia a la inclusión en la normativa de las acciones afirmativas que ha sido un referente importante para visibilizar a todos los segmentos de la población, sobre todo aquellos que históricamente han sufrido discriminación.
- El Plan B no fortalece la paridad de género y no va de la mano con la iniciativa que en su oportunidad presentará la presidenta relacionada con alcanzar una igualdad sustantiva. Tampoco fortalece la normatividad para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, cáncer que ha impedido una participación plena de las mujeres en la representación política.
- El Plan B no considera el fortalecimiento pleno de la fiscalización electoral, elemento indispensable en los procesos electorales que pueda generar un esquema de transparencia y rendición de cuentas, propio de un auténtico sistema democrático.
- El Plan B no señala nada sobre cómo inhibir la presencia del crimen organizado en elecciones.
Estos y otros elementos presentan al Plan B como una iniciativa carente de normas que garanticen una elección equitativa, con certeza jurídica, con igualdad, con respeto a los derechos político electorales alcanzados y libres de toda violencia de género.
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