Exconsejeros electorales, especialistas en derecho electoral y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtieron que varios de los puntos planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum en su llamado “Plan B” de reforma electoral podrían ser abiertamente inconstitucionales.
Durante un seminario académico sobre la reforma político-electoral, expertos señalaron que algunas de las propuestas anunciadas por el Ejecutivo contravendrían disposiciones expresas de la Constitución, particularmente en materia de consultas populares y de distribución de competencias entre la federación y los estados.
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Uno de los señalamientos fue el del exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, quien advirtió que la resolución final dependerá del papel que asuma la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El guardián de la Constitución es la Suprema Corte, pero no hay garantía de que las anticonstitucionalidades que pretenden aprobar se echen para atrás”, afirmó.
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El exfuncionario electoral consideró que el actual contexto institucional genera incertidumbre sobre si el máximo tribunal frenará o no posibles disposiciones contrarias al marco constitucional.
Consultas electorales, fuera del marco constitucional
En el mismo foro, especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señalaron que uno de los puntos más polémicos del Plan B es la intención de someter ciertos temas electorales a consulta popular.
El investigador Javier Martín Reyes explicó que la Constitución establece límites claros sobre los temas que pueden consultarse a la ciudadanía.
De acuerdo con el artículo 35 constitucional, la materia electoral está expresamente excluida de los asuntos que pueden someterse a consulta popular, por lo que abrir esa posibilidad implicaría una contradicción directa con la Carta Magna.
Riesgos en la distribución de competencias
Otro de los aspectos cuestionados es la propuesta de fijar desde el ámbito federal reglas sobre la integración de los ayuntamientos.
Para diversos juristas, esta medida podría vulnerar el federalismo mexicano, ya que la definición de la estructura de los gobiernos municipales corresponde a los congresos estatales y no al Congreso de la Unión.
Según los especialistas, permitir que la federación determine la integración de los cabildos representaría una intromisión en facultades reservadas a las entidades federativas.
Blindar servicio de carrera del INE
El exconsejero electoral Marco Baños subrayó que debe blindarse el servicio profesional electoral, que actualmente garantiza que las principales plazas de la institución, relacionadas a tareas relevantes en procesos electorales, para evitar que se asignen con discrecionalidad.
Se busca que los mejores perfiles ingresen por la vía de los concursos públicos, se les capacita y además se garantiza su imparcialidad porque no han tenido trayectoria partidista.
“El Plan B podría centrarse en la deconstrucción de esta sinergia porque el tema de la permanencia de los órganos ejecutivos y técnicos de la institución no está consagrado en el 41 Constitucional, sino en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, puntualizó.
Esto incluye las 300 juntas distritales y las áreas ejecutivas centrales del órgano electoral.
Debate político e institucional
Durante el seminario, académicos como José Woldenberg y el jurista Diego Valadés también cuestionaron la ausencia de consenso político en torno a la reforma electoral.
Woldenberg recordó que los principales cambios al sistema electoral mexicano —como los de 1994, 1996 y 2007— surgieron de negociaciones amplias entre fuerzas políticas, lo que permitió construir acuerdos institucionales duraderos.
En contraste, señalaron que la propuesta actual no fue resultado de un proceso de diálogo entre partidos ni de una demanda social clara, lo que ha profundizado la polarización en torno a la reforma.
Durante su intervención, Valadés afirmó que las implicaciones del proyecto no representarían un retroceso menor en el sistema democrático.
“No estamos retrocediendo años, sino siglos”, señaló, al advertir que ni siquiera los cacicazgos del siglo XIX concentraron tanto poder como el que, a su juicio, podría derivarse de la iniciativa de reforma electoral.
La exconsejera del IFE, Macarita Elizondo Gasparín, subrayó que en las propuestas de reforma electoral están dejando fuera el proceso de impugnaciones antes, durante y después de las elecciones, así como temas de violencia política de género.
Recordó que la Sala Guadalajara resolvió un caso en el que sancionó por violencia política de género derivado de conversaciones privadas en WhatsApp.
La exmagistrada regional del TEPJF puntualizó que hay otro problema, porque la reforma judicial niega la interpretación exhaustiva a los jueces.
Mencionó que después de la jornada electoral solo se cuenta con cuatro días para impugnar, e insistió que dichos plazos ya están rebasados y deben actualizarse.
"No es posible que sigamos rayando en la desconfianza y tengamos que ofrecer pruebas testimoniales y confesionales ante funcionario público el día de la jornada electoral cuando solo hay unos pobres notarios que, dudo mucho, tengan la habilidad y capacidad de estar en todos lados en las mesas directivas de casilla", apuntó.
Subrayó que es necesario analizar el uso de las tecnologías en materia electoral, que también ha quedado fuera en las propuestas enviaras por el Ejecutivo.
Diferencias entre la reforma electoral rechazada y el “Plan B”
La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum planteaba cambios estructurales al sistema político-electoral, mientras que el llamado Plan B busca retomar algunos ajustes pero con un alcance más acotado.
Entre los puntos centrales de la reforma planteada inicialmente estaban modificar el sistema de representación proporcional, reducir el número de senadores de 128 a 96 y disminuir alrededor de 25% el gasto electoral y del financiamiento a los partidos, además de establecer reglas para identificar contenidos generados con inteligencia artificial durante las campañas.
En contraste, el Plan B se enfoca principalmente en reducir gastos en congresos locales y ayuntamientos, establecer topes al presupuesto de estos órganos y ampliar los mecanismos de participación ciudadana, medidas con las que el gobierno estima generar ahorros cercanos a 4 mil millones de pesos.
De acuerdo con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, la nueva propuesta buscará presentarse nuevamente como una reforma constitucional, aunque con ajustes respecto a la iniciativa original para intentar construir acuerdos legislativos.
VGB