El rechazo de la reforma electoral parece un movimiento planeado por parte de Claudia Sheinbaum para que el ‘Plan B’ sea aprobado inmediatamente por Morena, señaló la doctora Jacqueline Peschard, exconsejera electoral.
En entrevista con La Silla Rota, la ex presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) afirmó que con este nuevo panorama el partido mayoritario, Morena, podrá plantear cambios que se aprobarán de forma inmediata.
Sin embargo, externó su preocupación de que con la iniciativa de reforma a leyes secundarias se logre hacer cambios drásticos en el presupuesto del INE.
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“Van afectar la organización de las elecciones… y eso puede mermar los procesos electorales que necesitan muchos presupuestos para los candados de intervención de partidos y otras autoridades”, señaló.
Coalición Morena, PT y Verde
En la votación de la reforma que se llevó a cabo este miércoles 11 de marzo resaltó que 12 integrantes del Partido Verde votaron a favor de la iniciativa, pese a que se informó que cerrarían filas e irían en contra.
Por otro lado, 3 integrantes de Morena decidieron ir en contra de la iniciativa.
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Respecto a estas decisiones y, toda la comunicación que se llevó alrededor de esta reforma, la especialista señaló que para Morena ya resulta costosa la coalición con los otros dos partidos.
“Costosa porque ha tenido que acceder a las demandas del PT y el Verde que tienen poca fuerza y, es en realidad, Morena quien le ha dado fuerza a ellos”, remarcó.
Una iniciativa del y para el gobierno
La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum presentaba vacíos que no respondían a las necesidades requeridas y se centraba únicamente en responder al poder en el gobierno, advirtieron expertos.
"Hoy esta es una reforma desde el gobierno para el gobierno", enfatizó previo al rechazo, José Woldenberg, ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), en el conversatorio ‘La representación política de México en el siglo XXI: ¿Un nuevo pacto político?’, organizado por la UNAM.
De acuerdo con Woldenberg, las reformas previas nacieron de exigencias de minorías y fueron consensuadas entre fuerzas políticas, mientras que la actual surge unilateralmente desde el poder mayoritario.
Diego Valadés Ríos, exfiscal General de la República de México (FGR), coincidió en este punto y precisó que no existió un diálogo entre los actores principales, lo cual deriva en que no haya un pacto político, el cual es vital para aprobar la iniciativa.
¿Quién gana y pierde con la reforma electoral?
En su intervención, la profesora e investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Irma Méndez de Hoyos, remarcó que las reformas, como señaló Woldenberg, buscan hacer contrapesos y mejorar la competencia entre quienes se encuentran en los partidos políticos. Por lo tanto, con los cambios que se habían propuesto, solo se veía al partido mayoritario como un claro ganador.
Reforma secundaria, el Plan B para eludir Constitución
Especialistas en materia electoral advirtieron que intentar impulsar cambios al sistema electoral mediante un llamado “Plan B”, a través de reformas a la legislación secundaria, representaría un intento de eludir la decisión ya tomada por la Cámara de Diputados y vulnerar principios constitucionales fundamentales.
La exmagistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, junto con el exconsejero electoral Marco Antonio Baños y la exsenadora Angélica de la Peña, señalaron que las modificaciones planteadas sobre representación plurinominal y regulación del gasto de los partidos sólo pueden realizarse mediante reformas constitucionales, no por la vía de leyes secundarias.
Explicaron que los cambios relacionados con el sistema de representación proporcional están establecidos en los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución, mientras que las reglas sobre financiamiento y gasto electoral se encuentran en el artículo 41. Por ello, cualquier intento de alterarlos mediante legislación secundaria sería jurídicamente improcedente.
Los especialistas advirtieron que las reglas que organizan el sistema electoral mexicano no pueden modificarse mediante atajos legislativos, especialmente cuando se trata de cambios que podrían alterar el equilibrio institucional del país.
En ese sentido, hicieron un llamado a las y los legisladores y a las mesas directivas del Congreso de la Unión a rechazar cualquier intento de aprobar reformas a la legislación electoral secundaria que contravengan la estructura constitucional vigente.
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