El Frente Amplio Democrático advirtió que la reforma electoral promovida desde la Presidencia de la República compromete pilares del sistema democrático y subrayó que ésta debe resultar de un consenso entre las fuerzas políticas, no desde la imposición.
Señaló que hay áreas de preocupación como la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE); el método de designación de consejeras y consejeros electorales; la independencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el futuro de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs); el financiamiento público a los partidos políticos; la utilización de recursos públicos y de personal gubernamental con fines partidistas, así como la presumible penetración de recursos de origen ilícito en los procesos electorales.
“Si bien la representación proporcional al voto ciudadano es de enorme trascendencia para el pluralismo democrático, la reforma no se reduce a ese punto. Resulta igualmente preocupante la subrepresentación y la sobrerrepresentación que hoy distorsionan la voluntad popular y que han permitido que una fuerza política concentre un poder que no corresponde al respaldo real obtenido en las urnas”, expuso.
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Sostuvo que la reducción del presupuesto del INE bajo el argumento de “abaratar las elecciones” no puede traducirse en debilitar al árbitro electoral, limitar sus capacidades operativas ni mermar los sistemas de vigilancia, ya que esto puede erosionar la confianza ciudadana.
El Frente integrado por exconsejerías, académicos y juristas alertó que disminuir el financiamiento a los partidos sin corregir las asimetrías existentes afecta la equidad democrática.
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“Morena no compite hoy en igualdad de condiciones: cuenta con el control del aparato gubernamental y con estructuras financiadas desde el poder. En este contexto, reducir recursos no equilibra la competencia; la distorsiona”, expuso.
“El Frente Amplio Democrático sostiene con claridad que ninguna fuerza política ni partido debe contar con una mayoría calificada que le permita modificar la Constitución sin consensos amplios. Las reglas del juego democrático existen precisamente para evitar la concentración del poder y garantizar que las transformaciones constitucionales respondan a acuerdos nacionales, no a imposiciones coyunturales”, subrayó.
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Sobre la posible eliminación de los OPLEs, consideró que esto abriría la puerta a su captura política, con efectos especialmente graves en regiones donde la presión criminal es elevada.