La mayoría de los desvíos e irregularidades por montos millonarios detectados en el ejercicio del gasto público terminan sin castigo. Los propios registros de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran que cada vez son menos los casos que el órgano fiscalizador denuncia ante la Fiscalía General de la República.
En año calendario 2022, por ejemplo, la ASF presentó más de 30 denuncias; sin embargo, para 2025, la cifra cayó a tres, una reducción del 90%.
Año calendario y año de la cuenta pública
En año calendario (de enero a diciembre) se cuenta cuántas denuncias presentó la ASF en un determinado año, sin importar de qué ejercicio fiscal vengan las irregularidades. Por ello, las denuncias pueden corresponder a irregularidades detectadas en cuentas públicas de años anteriores.
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En tanto, en el año de la cuenta pública importa el año en que se ejercio el gasto púbico, no el año en que se presenta la denuncia.
De 41 denuncias en 2018 a cero en 2023
Es precisamente en el año de la cuenta pública donde la tendencia es aún más reveladora si se revisan las denuncias asociadas a las cuentas públicas fiscalizadas; es decir, al ejercicio en el que se detectaron las irregularidades. Mientras que la cuenta pública de 2018 derivó en 41 denuncias penales, la de 2019 generó solo nueve y la de 2020, 16. La cuenta pública de 2021 dio lugar a dos denuncias, la de 2022 a una sola y la de 2023 cerró sin que se presentara ninguna denuncia penal.
El desplome ocurre mientras los informes de auditoría siguen documentando observaciones y posibles daños al erario. Sin embargo, la detección de irregularidades ya no se traduce en consecuencias legales.
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Para Gerardo Lozano Dubernard, ex auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, el problema no está en la auditoría como ejercicio técnico, sino en lo que ocurre después.
“¿De qué sirve que cada vez que la Auditoría Superior entrega un informe y leemos en la prensa que detectó recursos o desviaciones por 30 mil millones de pesos, si finalmente no denuncian? No se traduce en nada”.
Lozano Dubernard explica que dentro del Sistema Nacional Anticorrupción no todas las instituciones tienen el mismo peso operativo. De acuerdo con su explicación, solo dos instancias realizan fiscalización directa: la ASF y la entonces Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno). El resto de las instituciones actúa únicamente si recibe expedientes o denuncias.
“La fiscalía actúa en función de que reciba denuncias. Si la fiscalía no recibe denuncias, pues no actúa”.
Se audita y se documenta sin consecuencias
Por eso, Lozano Dubernard, sostiene que la ASF es el eje real del sistema: “Si quien tiene esta responsabilidad de identificar el uso indebido de recursos públicos no hace su trabajo, se cae todo el sistema”.
El exauditor describe el funcionamiento actual de la ASF como una simulación institucional.
Desde su perspectiva, se audita y se documenta, pero no se generan consecuencias jurídicas reales.
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El quiebre interno: 2021
Lozano Dubernard identifica un punto de ruptura en agosto de 2021, cuando el auditor superior modificó el reglamento interno de la ASF y concentró en un área de seguimiento la decisión sobre las denuncias. “Las áreas auditoras hoy ya no deciden si un asunto debe de denunciarse o no”.
Para el ex funcionario, la concentración de decisiones generó un sistema más opaco. “En la medida en que tú concentres las decisiones en menos personas, hay más opacidad”, dijo.
También señaló la existencia de expedientes sin resolución. “Hay muchos asuntos ahí que están todavía sin que tengan una resolución final”.
Gerardo Lozano Dubernard planteó que la debilidad del Sistema Nacional Anticorrupción no es solo institucional, sino funcional: el sistema dejó de activarse porque el actor con mayor capacidad para hacerlo decidió no ejercerla.
En ese diseño, subrayó, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pueden actuar de oficio. Ambas dependen de que existan denuncias o expedientes formales para iniciar procedimientos. “La fiscalía actúa en función de que reciba denuncias”, explicó, y el tribunal únicamente puede sancionar cuando los casos le son turnados. Si esas denuncias no se presentan, el sistema simplemente se queda inmóvil.
Desde esa lógica, Lozano Dubernard sostuvo que la Auditoría Superior es el verdadero punto de arranque del combate a la corrupción. Sin denuncias provenientes de la fiscalización, el resto del andamiaje se vuelve decorativo. Por eso insistió en que cuando la ASF deja de denunciar, “se cae todo el sistema”.
El exauditor recurrió incluso a una analogía para ilustrar la gravedad del problema: comparó al Sistema Nacional Anticorrupción con un juego de béisbol sin pitcher. Sin quien lance la primera bola —es decir, sin quien presente las denuncias— no hay partido posible. En ese esquema, la ASF es el jugador con el “mejor brazo”, el encargado de activar la cadena institucional que lleva de la detección a la sanción.
Sin embargo, advirtió que esa función se fue diluyendo a partir de decisiones internas que concentraron el poder de resolución en un área específica. Lozano Dubernard explicó que, desde 2021, las áreas auditoras dejaron de tener la facultad de presentar denuncias penales, lo que las convirtió, en los hechos, en simples ejecutoras técnicas. El trabajo de auditoría se realiza, pero las decisiones sobre qué se denuncia, qué se archiva y qué se envía al tribunal quedaron en manos de una sola instancia.
Esa concentración, afirmó, generó mayor opacidad. A su juicio, el proceso de seguimiento se convirtió en un “cuarto oscuro” donde no es posible conocer con claridad por qué algunos casos avanzan y otros quedan sin resolución. Muchos expedientes, incluso de cuentas públicas antiguas, permanecen sin una determinación final, lo que contribuye a la sensación de impunidad.
En ese contexto, Lozano Dubernard señaló que la ASF no solo dejó de ejercer su papel sancionador, sino que también se fue alejando del propio Sistema Nacional Anticorrupción. La falta de participación en sesiones y mecanismos de coordinación envía —dijo— un mensaje claro: no hay interés en hacer funcionar el sistema como fue concebido.
Para el ex auditor, esta ruptura explica por qué el combate a la corrupción se ha convertido en una narrativa sin consecuencias. Los informes se presentan, las cifras de irregularidades se anuncian públicamente y los montos detectados son millonarios, pero el proceso se detiene antes de llegar a castigos concretos. La fiscalización, en sus palabras, terminó siendo una “fiscalización de escenografía”: aparenta movimiento, pero no avanza.
Finalmente, Lozano Dubernard advirtió que mientras no exista voluntad para sancionar, el sistema seguirá enviando un mensaje de permisividad. La ausencia de consecuencias reales no solo debilita a las instituciones, sino que normaliza el uso indebido de recursos públicos. Sin sanción, insistió, no hay combate a la corrupción, solo informes que se acumulan y casos que “se quedan en el papel”.
La ASF acumula señalamientos internos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) enfrenta cuestionamientos por su desempeño, conflictos internos y señalamientos de incumplimiento de funciones legales.
Actualmente, la ASF es encabezada por David Rogelio Colmenares Páramo, quien ocupa el cargo desde marzo de 2018 y concluirá su periodo en 2026. Economista de formación y con una larga trayectoria en la administración pública, Colmenares llegó al órgano fiscalizador con un perfil técnico; sin embargo, su gestión ha sido objeto de críticas crecientes desde distintos frentes.
Uno de los señalamientos más relevantes proviene del propio Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Vania Pérez Morales, presidenta del SNA, presentó una denuncia pública y formal contra el auditor superior por incumplimiento de sus obligaciones legales, al acusarlo de no convocar ni coordinar el Sistema Nacional de Fiscalización, instancia que la ASF debe encabezar, desde 2019.
De acuerdo con la denuncia, esta omisión ha debilitado la coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, detectar y sancionar la corrupción, y ha derivado en actos “insuficientes e ineficaces” en la fiscalización del gasto público.
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A la par de estos señalamientos, durante la gestión de Colmenares se ha dado una reconfiguración de áreas estratégicas dentro de la ASF. Aunque no todos los movimientos han sido transparentados públicamente, existen nombramientos clave en áreas sensibles como auditoría de desempeño, gasto federalizado y cumplimiento financiero.
El caso más visible fue la salida de Agustín Caso Raphael, auditor especial de desempeño, quien denunció públicamente haber sido removido de manera arbitraria bajo el argumento de “pérdida de confianza”. Tras su salida, esa área quedó en manos de Arely Gómez González, ex procuradora general y ex secretaria de la Función Pública.
La diputada panista, María Elena Pérez-Jaén ha señalado que bajo la gestión de David Colmenares la ASF ha reducido de manera notable la presentación de denuncias de hechos derivadas de auditorías, en contraste con periodos anteriores, con una caída sustancial en el uso de esta herramienta contra posibles desvíos y manejo irregular de recursos públicos.
Además, Pérez-Jaén ha presentado denuncias formales ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados contra Colmenares y otros funcionarios de la ASF, acusándolos de malas prácticas administrativas, uso político de la institución y falta de transparencia.
También ha denunciado posibles redes de nepotismo y encubrimiento dentro de la Auditoría, y ha exigido la comparecencia del auditor superior para explicar la cancelación de auditorías y la remoción de personal técnico. Para ella, estas conductas han debilitado la credibilidad de la ASF y favorecido la impunidad en el manejo de recursos públicos.
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Posibilidad de reelección
La ley permite que el Auditor Superior sea ratificado por un segundo periodo, una decisión que corresponde a la Cámara de Diputados. Mientras algunos legisladores impulsan su continuidad bajo el argumento de estabilidad institucional, otros han planteado reformas para eliminar la reelección y renovar por completo la ASF, al considerar que la permanencia debilita su independencia.