La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno ha solicitado formalmente a Estados Unidos la extradición de diversos empresarios vinculados a una red de "huachicol" fiscal. Entre los perfiles señalados por la mandataria destacan los integrantes de la familia Jensen, quienes son investigados por su presunta participación en el tráfico de hidrocarburos y la entrada de combustible a territorio mexicano sin el pago de los impuestos correspondientes.
Esta red de corrupción no solo involucra a actores extranjeros; en México, las autoridades han avanzado con la detención de al menos tres empresarios, seis marinos y cinco exfuncionarios de aduanas. Entre los nombres de relevancia en las detenciones locales figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien es sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.
¿Quiénes son los Jensen?
Los sujetos requeridos por la justicia son James Lael Jensen, de 68 años, y su hijo Maxwell Sterling Jensen, de 25 años, ambos con residencia en el estado de Utah. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra ellos en mayo pasado, señalándolos de conspirar para brindar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que el gobierno estadounidense clasifica como un grupo terrorista extranjero.
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Según las investigaciones, los Jensen operaban a través de la empresa Arroyo Terminals, ubicada en Rio Hondo, Texas. Desde ahí, habrían facilitado el contrabando de petróleo crudo y realizado transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen ilícito de las ganancias, lo que constituye el delito de lavado de dinero.
Operación "Liquid Death": un golpe al financiamiento criminal
La magnitud del esquema es considerable, pues se les acusa de haber auxiliado en la entrada fraudulenta de aproximadamente 2,881 cargamentos de petróleo. Las autoridades estadounidenses han descrito esta operación de petróleo crudo como la mayor fuente de financiamiento para los cárteles de la droga mexicanos, generando millones de dólares en ganancias ilícitas.
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Este caso es el resultado de una investigación multifacética denominada "Operación Liquid Death", la cual integró esfuerzos del FBI, la DEA, el ICE-HSI y otras agencias federales. El enfoque de las autoridades se ha centrado agresivamente en los "facilitadores" y cómplices que permiten la operatividad financiera de las organizaciones criminales, más allá de los traficantes directos.
Consecuencias legales y decomisos millonarios
Como parte de las acciones judiciales, el gobierno de Estados Unidos busca una sentencia monetaria de 300 millones de dólares y ya ha procedido al decomiso de barcazas cisterna, camiones comerciales y propiedades vinculadas a Arroyo Terminal. James y Maxwell Jensen podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración para lavado de dinero y apoyo material al narcotráfico.
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Es fundamental destacar que, aunque la presidenta Sheinbaum ha hecho pública la solicitud de extradición, el proceso legal sigue su curso y la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de profundizar en los detalles. Por ahora, los acusados mantienen su presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad mediante el debido proceso legal en las cortes correspondientes