Adán Augusto López Hernández figura en una investigación que lo relaciona con un presunto desvío de 10 millones de pesos del Instituto de Vivienda de Baja California Sur. Los recursos salieron del INVI entre 2022 y 2023 y, según el señalamiento, se destinaron a su campaña interna en Morena. El caso se integra a una carpeta por posibles actos de corrupción y uso irregular de fondos públicos.
De acuerdo con un reporte de N+, el esquema operó desde el interior del organismo estatal mediante transferencias y retiros en efectivo. La información se basa en el testimonio del extesorero Javier Ramírez, quien describió movimientos hacia cuentas de particulares sin relación formal con la dependencia. El medio también detalla puntos de entrega de dinero en la ciudad de La Paz.
La cronología expuesta señala que el mecanismo inició después del respaldo público que el gobernador Víctor Castro Cosío expresó en noviembre de 2022. Según el testimonio citado, en ese periodo se solicitó una primera cantidad de tres millones de pesos. Entre febrero y junio de 2023 se autorizaron entregas mensuales que sumaron siete millones adicionales.
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El reporte identifica como participantes a la entonces directora del INVI, Fernanda Villarreal; al exdirector de finanzas Juan Manuel Reyes; y al senador Homero Davis. El dinero se entregó en efectivo en un establecimiento de lavado de autos llamado “Los Abuelos”, de acuerdo con la declaración incluida en la investigación.
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Investigación y audiencia programada
La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur abrió una indagatoria para revisar el manejo de recursos dentro del instituto. La autoridad programó una audiencia inicial para el 5 de marzo contra exdirectivos señalados en el expediente. El proceso busca determinar la legalidad de las transferencias y el destino final de los fondos.
Reportes difundidos en diciembre de 2025 agregan que el monto observado en el INVI supera los 54 millones de pesos. Una carta atribuida a un excontador del organismo menciona miles de movimientos financieros irregulares, incluidos retiros directos en ventanilla y depósitos fraccionados. Esa documentación forma parte de los antecedentes que revisan las autoridades estatales.
Los registros financieros incluyen más de 190 retiros en efectivo que suman más de 20 millones de pesos, además de transferencias segmentadas para movilizar recursos hacia la Ciudad de México. Los movimientos se registraron bajo distintos conceptos administrativos. La carpeta de investigación analiza cada operación para establecer responsabilidades.
En el Senado, López Hernández preside un comité donde colabora Fernanda Villarreal como investigadora parlamentaria desde septiembre de 2024. Mientras tanto, algunos exfuncionarios del INVI permanecen en el Centro de Reinserción Social de La Paz en relación con este caso.
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Contexto nacional y otras denuncias
El expediente del INVI se suma a denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción durante la gestión de López Hernández en Tabasco. Las querellas señalan un posible daño patrimonial por cientos de millones de pesos y continúan en trámite en instancias federales.
Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicaron investigaciones sobre contratos y operadores financieros vinculados al entorno político del senador. También existen observaciones del Sistema Nacional Anticorrupción relacionadas con discrepancias patrimoniales registradas en 2025.
La información difundida por N+ coloca el foco en el uso de recursos del INVI en el contexto de actividades políticas internas. Las autoridades estatales y federales mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica de las personas señaladas.
VGB