En la revisión de la tercera cuenta pública de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades en la Secretaría de Marina (Semar), principalmente relacionadas con fallas en ciberseguridad y pagos millonarios por obras no ejecutadas en instalaciones navales y hospitalarias.
De acuerdo con informes del órgano fiscalizador, aunque la Semar logró solventar algunas observaciones operativas durante el proceso de auditoría, persisten debilidades relevantes en el área de Tecnologías de la Información. En materia de ciberseguridad, la ASF evaluó 18 dominios y concluyó que el 44.4% requiere fortalecer sus controles, mientras que un 5.6% presenta una carencia total de control, situación que pone en riesgo la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional.
Asimismo, en la gestión de activos tecnológicos se identificaron equipos no registrados en inventarios, licencias de software cuya vigencia comenzó antes de la instalación de los equipos correspondientes y almacenes de equipo informático que no cuentan con sistemas adecuados de climatización, lo que podría comprometer la operación y seguridad de los dispositivos.
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En conjunto, la ASF concluyó que las irregularidades más relevantes en la Secretaría de Marina durante 2024 se relacionan con deficiencias en la supervisión de contratistas, pagos por trabajos no concluidos o inexistentes y omisiones en el cumplimiento de normativas sanitarias y de seguridad digital, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y resarcitorias.
Irregularidades en obras y proyectos estratégicos
En el rubro de infraestructura naval, la ASF determinó montos significativos por aclarar en diversos proyectos estratégicos. En Boca de Chila, Nayarit, se establecieron 123.5 millones de pesos pendientes de aclaración, de los cuales 92.2 millones corresponden a pagos en exceso por obra no ejecutada en partidas de edificación y precio alzado. También se detectó la falta de aplicación de penas convencionales y retenciones por retrasos, así como pagos en exceso por costos indirectos —como fletes, rentas y servicios de paramédicos— sin respaldo documental suficiente.
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En Puerto Libertad, Sonora, el monto por aclarar asciende a 86.4 millones de pesos. Entre los principales hallazgos destacan 80.4 millones por obra pagada no ejecutada en 30 partidas sin bitácoras, pruebas de laboratorio ni evidencia fotográfica. Además, la contratista incumplió el método constructivo originalmente propuesto, al emplear un sistema tradicional en lugar de módulos prefabricados tridimensionales, y se omitieron componentes clave del proyecto como el pañol de armas, el muelle de interceptoras y la planta de tratamiento de aguas residuales, pese a estar contemplados en los términos de referencia.
En el Hospital Regional Naval de Manzanillo, Colima, la ASF determinó 22.8 millones de pesos por aclarar. De ese total, 20.8 millones corresponden a pagos en exceso por conceptos de obra no ejecutados en áreas como la cisterna, el cuarto de equipos y trabajos de urbanización, además de diferencias por un millón de pesos entre lo pagado y lo efectivamente construido en tres conceptos específicos.
En Dos Bocas, Paraíso y Chiltepec, Tabasco, se reportaron 519.2 mil pesos por aclarar. La auditoría detectó el pago de conceptos no ejecutados —como impermeabilización y construcción de barda perimetral— por un valor de 10.9 millones de pesos, lo que generó intereses financieros. También se señaló la falta de permiso sanitario de construcción emitido por la COFEPRIS y que el proyecto ejecutivo carecía de firmas y números de cédula profesional del Director Responsable de Obra.
Contexto: desde 2022, la Secretaría de Marina (Semar) ha asumido el papel operativo y de supervisión en varios proyectos públicos de gran envergadura, incluidos tramos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde la dependencia naval asumió funciones de infraestructura, operación y construcción. Estos proyectos, impulsados por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador como parte de su agenda de desarrollo, han sido marcados por controversias, cuestionamientos técnicos y un creciente escrutinio tras incidentes y accidentes que han tenido consecuencias humanas y materiales.
El caso más trágico hasta ahora ha sido el descarrilamiento del Tren Interoceánico el 28 de diciembre de 2025, donde un convoy operado bajo la responsabilidad de la Semar salió de los rieles en Nizanda, Oaxaca, provocando múltiples víctimas mortales y decenas de heridos. Este accidente ha reactivado interrogantes sobre la calidad de la planificación, la supervisión técnica y las decisiones operativas en proyectos ferroviarios estratégicos bajo mando naval.
Además del accidente mayor, la ruta del Interoceánico ha registrado otros incidentes, como colisiones con vehículos en tramos de vía, que aunque de menor impacto, reflejan retos de integración operativa en zonas urbanas y rurales. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado investigaciones que, además de buscar responsabilidades penales y administrativas, han puesto bajo la lupa aspectos como la capacitación del personal y procedimientos de seguridad en la operación del sistema ferroviario.
Organismos de auditoría han señalado deficiencias técnicas y de supervisión en los trabajos previos al accidente, incluidos errores en estudios de ingeniería, fallos geométricos en las vías y falta de controles adecuados sobre procesos contractuales, lo que ha añadido presión para la rendición de cuentas y una revisión más exhaustiva de cómo la Semar administra obras de infraestructura civil.
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