Durante diez años, el trabajo de Lizzette Cáceres en BBVA México consistió en evitar que el banco perdiera dinero en demandas laborales. Hoy, la exejecutiva sostiene que fue despedida injustificadamente después de denunciar internamente pagos millonarios a exempleados con juicios laborales en curso y ser víctima de acoso laboral tras señalar estas presuntas irregularidades.
Ante estos hechos, Cáceres presentó en enero una demanda ante un Tribunal Laboral por despido injustificado y acoso, un proceso que permanece en curso.
Protección de los recursos bancarios
Lizzette Cáceres ingresó a BBVA en 2015, cuando la institución aún operaba bajo la marca BBVA Bancomer. Su última posición fue Labour Law Discipline Manager II, dentro del área jurídico-laboral. Desde ese cargo, explicó, tenía a su cargo la revisión y canalización de las demandas interpuestas por exempleados del banco en distintas regiones del país.
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Su función incluía coordinar la atención de los casos con 18 despachos jurídicos externos, recibir notificaciones de autoridades laborales y proporcionar a los proveedores la información necesaria para la defensa.
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La dinámica laboral se modificó, según Cáceres, durante los últimos seis meses previos a su despido, cuando BBVA puso en marcha un proyecto interno para cerrar un alto volumen de litigios laborales acumulados.
En ese momento, la ex ejecutiva calcula que tenía bajo su gestión alrededor de 500 juicios o quejas, muchos de los cuales pasaron a manos de su jefa directa, quien se incorporó al banco en 2021.
“Ella decidió unilateralmente que, a partir de ese momento, ella iba a tomar esos juicios y asuntos para llevarlos personalmente”, señaló en entrevista.
Fue en este periodo cuando Lizzette detectó lo que califica como “anomalías graves”.
De acuerdo con su testimonio, después de que su jefa tomó el control de los casos, comenzaron a autorizarse pagos por el valor total de las demandas en expedientes que no tenían sentencia firme y, en algunos casos, cuyos montos estaban sobreestimados.
Cáceres explicó que, antes del proyecto, los pagos se realizaban de dos maneras: con base en una resolución judicial firme o mediante un acuerdo conciliatorio respaldado por un dictamen del proveedor externo que evaluaba el riesgo de perder el juicio.
“La realidad es que nunca se pagaba el 100% sin una sentencia o resolución”, puntualizó.
Sin embargo, según su testimonio, después de que su jefa tomara el control comenzaron a pagarse juicios al 100% de su valor estimado, aun cuando no existía una resolución judicial.
Recordó, por ejemplo, alrededor de 25 casos en Acapulco con un valor aproximado de 25 millones de pesos. Además de un caso específico en Tabasco, donde, según dijo, se pagó un millón de pesos a un trabajador que había firmado su renuncia y finiquito cinco años antes.
“Ya no había forma de que su demanda fuera procedente y, aun así, se pagó ese millón de pesos”, acusó.
Inicio del hostigamiento laboral.
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Cáceres aseguró que manifestó su preocupación directamente a su jefa. No obstante, la respuesta, según su relato, fue un reproche airado. “Me gritó y me dijo que las cosas se tenían que hacer como ella dijera porque el proyecto iba a salir adelante con o sin mí”, afirmó.
A partir de ese momento, Lizzette describe el inicio de un hostigamiento sistemático.
Relató haber recibido un correo electrónico en el que se le acusaba de cometer errores administrativos y de no realizar adecuadamente las reservas financieras para los pagos. Además de llamadas constantes fuera de horario laboral (entre las 7 y 8 de la noche) exigiendo la emisión de cheques urgentes, así como tratos agresivos y gritos.
Sin mencionar que su jefa habría instruido a los despachos externos que dejaran de enviarle información sobre los juicios, aislándola de sus funciones.
Ante este escenario, Cáceres recurrió a los canales institucionales. Presentó una denuncia formal ante el área de Compliance y solicitó una reunión con el director del área para exponer tanto las irregularidades financieras como el acoso que sufría, amparada en el programa de integridad del banco conocido como "Oasis".
Un despido sin indemnización completa
Lejos de obtener una investigación o protección, la respuesta institucional fue su cese definitivo.
Dos semanas después de reportar la situación, el director de Relaciones Laborales le comunicó su despido bajo el argumento de que "el ambiente ya estaba muy viciado" y que ese sería su último día.
Cáceres recuerda que el banco intentó cerrar la relación laboral con una oferta económica inferior a la que establece la ley para un despido injustificado, la cual no aceptó.
"Mi intención siempre fue defender los intereses de la empresa porque siempre había sido mi compromiso. Teníamos un proyecto llamado 'Oasis' que hablaba sobre la integridad y nos reiteraban que si veíamos una mala práctica teníamos la obligación de denunciarlo. Eso fue lo que hice, pero me castigaron por eso mismo", concluyó.
Tras su despido, Lizzette levantó una denuncia por despido injustificado y acoso ante el Décimo Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales, con sede en la Ciudad de México.
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Sin embargo, su caso, irónicamente, caerá en la misma área donde solía laborar.
La Silla Rota solicitó una postura al área de comunicación de BBVA sobre estos señalamientos y la denuncia interna referida por la extrabajadora; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la institución no ha respondido a la solicitud de información.