Guadalupe Sarabia tiene 76 años. De 1965 hasta 2018 vivió en la casa que fue de sus padres, en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara, Jalisco. Aunque al inicio la compartía con sus hermanos, con muchos sacrificios y a lo largo de varios años les compró su parte. Además de vivir ahí, ella y sus dos hijos se volvieron emprendedores. En su caso puso una estética, su hija una agencia de viajes y su hijo una lonchería que lograron consolidar con grandes esfuerzos.
Pero su vida y la de sus hijos dio un giro en 2018, cuando al lado del predio la inmobiliaria Aravel comenzó a construir un edificio de 26 departamentos distribuidos en 12 pisos. Su propiedad sufrió tantos daños que debió abandonarla. La empresa inmobiliaria presuntamente responsable de las afectaciones se ha negado a hacer las reparaciones, pese a que había firmado un convenio con doña Guadalupe para hacerlo.
Entrevistada por La Silla Rota, doña Guadalupe dice que recurrió al Poder Judicial para exigir a la empresa el pago de la reparación y así volver a su casa.
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Aunque presentó una denuncia en materia civil que inicialmente había ganado, ahora el caso está empantanado por un par de amparos que la empresa, así como la dueña del terreno del edificio de departamentos, quien además es socia de la misma empresa, interpusieron para demorar el avance del proceso de reparación que doña Guadalupe exige.
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Por eso, el lunes 26 llegó desde Guadalajara a la Ciudad de México para pedir audiencia con los ministros de la SCJN y exponerles su caso. Se considera una desplazada por los desarrollos inmobiliarios que asolan su casa, que en ruinas sigue siendo suya, pese a los intentos de supuestos compradores para quedarse con su predio y hacer otro desarrollo inmobiliario.
Mientras doña Guadalupe continúa su lucha, vive en un departamento que renta. En materia económica sufre premuras, pero dice estar dispuesta a no rendirse.
Su hija se casó y se fue a vivir a Colima. Su hijo perdió su fuente de trabajo y también dejó Guadalajara.
Con bastón, pero de pie
Para caminar, doña Guadalupe se apoya de un bastón de madera. Desde que comenzaron los problemas con la inmobiliaria su salud comenzó a deteriorarse. Tiene ataques de ansiedad, ha ido a consultas con el psicólogo, y la osteoporosis se le ha acelerado. Pese a esto, posee una voluntad de hierro para pedir la reparación de los daños que su casa ha sufrido.
Doña Guadalupe recuerda que la obra aledaña comenzó en 2018 y desde el inicio dañaron el suelo de su casa. La constructora extrajo tierra del suelo por el equivalente a tres pisos.
Los daños fueron revisados por el área de Protección Civil del municipio. Luego de detectarlos, la inmobiliaria se comprometió a arreglarlos, pero no cumplió, acusa doña Guadalupe. Al continuar los daños, el sitio fue visitado por el inspector del área de Vigilancia e Inspección municipal, quien determinó que la obra debía ser clausurada.
Ese día fue determinante, porque cuando doña Guadalupe salía de su ya casa, el responsable de obra la abordó, acompañado de los albañiles, y jugó la carta del chantaje.
“Por favor, señora, va a dejar a todas las personas sin trabajo”, le suplicó, para que diera marcha atrás. A cambio, le ofreció que signaran un convenio ante la autoridad municipal y se comprometió a cumplirlo.
“Yo me dije, ‘bueno, no puedo ser tan mala, definitivamente”, recuerda doña Guadalupe.
Aceptó, a cambio de la firma del convenio, que la empresa incumplió.
Recuerda que la actitud de los representantes de la empresa cambió cuando se les pidió firmar el convenio. Lo hicieron con renuencia y una postura agresiva ante el área de justicia municipal.
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La empresa se comprometió a cubrir los daños detectados en dos peritajes, uno encargado por doña Guadalupe, y otro por ellos, en el que hacían recuento de todas las afectaciones.
Una empresa aseguradora evaluó los peritajes, aceptó la valoración y determinó que la indemnización debía ser de 600 mil pesos.
Compromisos incumplidos
El convenio preveía que en cuatro meses debía quedar reparada la casa. Sin embargo, doña Guadalupe debió dejar la casa antes por órdenes del área de Protección Civil del municipio, que le informó que su seguridad estaba en riesgo.
“Es que los trabajos seguían y en la noche de repente se caían los mosaicos de las paredes. Nos dijeron que podíamos correr algún riesgo y que tenía que ser deshabitada”.
La noticia no cayó bien en su familia. Sus hijos no estuvieron de acuerdo porque tenían que pagar un arrendamiento y aunque de la empresa les iban a dar una compensación por cada uno de los negocios, 8 mil pesos mensuales a cada uno de y 25 mil pesos más de la renta de la casa de tres niveles, tenían que abandonarla por causas ajenas a ellos.
La inmobiliaria comenzó a demorar las reparaciones. Doña Guadalupe preguntó qué pasaba y el ingeniero encargado le respondió que no tenía dinero para comenzarlas, por lo que le pidió que para hacerlas le diera los 600 mil pesos que le dio Axa Seguros; ella aceptó.
“Yo se los di para que repararan la casa. Ellos jamás en la vida terminaron el programa, solo hicieron algunas cosas”.
No solo eso, un día se aparecieron con un notario en la casa que ella rentaba. Era el mismo que acudió al inicio de los trabajos, en 2018. Le dijo que la casa ya estaba bien y podía volver a habitarla. Pero la señora le pidió que entrara y la viera porque ella sabía que las reparaciones no eran las que estaban en el convenio.
Acudieron a visitarla y resulta que no pudieron entrar porque tenía candados y cadenas y de eso quedó constancia con el director de Inspección de Vigilancia. Doña Guadalupe, desesperada, buscó además al director de Obras Públicas municipal y le comentó lo que ocurría. El funcionario le comentó que él no podía hacer nada.
En 2020 el mismo funcionario le recomendó la vía legal. Pero se atravesó la pandemia de la covid19 y los juzgados estaban cerrados. Fue hasta 2021 que denunciaron a la empresa, que se amparó hasta tres veces. En 2022 un juez ordenó a la empresa pagar los 600 mil pesos pero en ese momento apareció una tercera persona interesada, Mónica Santos, dueña del predio en que se edificaron los departamentos. Dijo que la acción de la señora Guadalupe la afectaba en su patrimonio, pero después salió a la luz que es socia de la empresa Aravel.
Las secuelas
Cuando empezó la construcción, doña Guadalupe pesaba 83 kilos. Ahora pesa 20 menos. También empezó con el problema de la osteoporosis, que el estrés lo causa también, así como presión alta.
“Mi hijo se tuvo que ir a otra parte a vivir, a otra casa de asistencia. Mi hija se casó y se fue a vivir a Colima y me dijo, ‘Madre, yo tengo que irme para buscar trabajo porque tampoco tengo un negocio”.
La Silla Rota buscó la postura o versión de la inmobiliaria Aravel, mediante un correo electrónico y una llamada, sin que hubiera respuesta.
Contexto
Se sentía desamparada pero recibió ayuda del activista Cristian Gudiño, quien ha llevado varios casos de afectados por desarrollos inmobiliarios. Él le ha ayudado con las redes sociales.
Ellos detectaron que la casa de la Señora Sarabia está en un lugar de alta explotación inmobiliaria, como es la colonia Americana y Arcos Vallarta. Ahí, por cuadra hay una o dos torres y son departamentos de 60 metros cuadrados que son puestos a la venta por 4 o 5 millones de pesos.
La señora Guadalupe fue atendida por personal de la ponencia de los ministros Hugo Aguilar y María Estela Ríos.