En medio de los cuestionamientos que han recibido algunos jueces por su desempeño, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) informó que las personas juzgadoras federales que participaron en las elección judicial del 1 de junio serán sometidas a un examen teórico-práctico el próximo lunes 9 de febrero de 2026, a las 10am.
De acuerdo con el comunicado 1/2026, emitido por el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial (OEDJ), la evaluación se aplicará conforme al artículo 46 del Acuerdo General 6/2025 del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, que regula la estructura y funcionamiento del nuevo sistema de evaluación del desempeño de juezas y magistradas federales.
La reforma judicial creó el TDJ como órgano responsable de la vigilancia, evaluación y sanción de las personas juzgadoras federales, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Entre sus atribuciones se encuentra la evaluación periódica del desempeño, incluso de quienes hayan accedido o ratificado su cargo mediante elección popular.
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Estas evaluaciones serán ordinarias y extraordinarias, bajo criterios objetivos, técnicos y verificables. Según el órgano jurisdiccional los exámenes forman parte del mecanismo regular de seguimiento y control del desempeño judicial, y no de un procedimiento disciplinario.
El OEDJ elaboró guías de estudio específicas por categoría, las cuales fueron desarrolladas por personas expertas.
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Las guías incluyen contenidos “derivados del quehacer cotidiano jurisdiccional, apoyados en videoconferencias y bibliografía especializada”. La información logística para la aplicación del examen será enviada a través del correo electrónico institucional.
Critican que primero se accede al cargo y luego se hace el examen
“México es el único lugar en el mundo que primero se accede al cargo, luego se hace examen y después se capacita. O sea, lo que sucedía antes en la carrera judicial era exactamente al revés. Con esto no quiere decir que éramos perfectos ni que el sistema era perfecto, solo que por lo menos eso sí sucedía al revés”, criticó la magistrada en retiro, María Emilia Molina.
Recordó que parte del problema de la reforma judicial es que su diseño se establece que se van a elegir personas que en la propia Constitución no fija ningún requisito mínimo, más allá del 8 de promedio en la licenciatura, para poder acceder a los cargos de jueces, magistrados e incluso de ministros.
Y entonces la misma reforma dice que un año después de acceder al cargo por la vía de elección popular tiene que haber una evaluación realizada por el Tribunal de Disciplina, añadió.
“Si no pasan esa evaluación, entonces, lejos de ser cesados, como seríamos cualquiera de los de carrera judicial en el anterior sistema, los van a capacitar durante un año y después les van a volver a hacer otro examen”.
La magistrada previó que si los exámenes son como los cursos que recibieron en septiembre del año pasado, donde había materias más fáciles que las de primer año de licenciatura, entonces no serán difíciles como eran los de carrera judicial.
“No sabemos cuáles son los estándares que van a utilizar para evaluar y mucho menos para capacitar posteriormente. Lo cierto es que hemos visto algunos de los casos porque se han hecho virales, de pifias y de ineptitud extrema de personas juzgadoras electas y que eso no son exámenes, eso es la vida real de muchas personas. Esos errores no es que se equivoquen en un examen y les bajen puntos; implican violación de derechos o perpetuación de violaciones de derechos a muchas personas y que se queden afectados en sus vidas”, concluyó.
Contexto
La reforma judicial creó el Tribunal de Disciplina Judicial como órgano responsable de la vigilancia, evaluación y sanción de las personas juzgadoras federales, en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal. Entre sus atribuciones se encuentra la evaluación periódica del desempeño, incluso de quienes hayan accedido o ratificado su cargo mediante elección popular.