Ante el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale los desalojos de vivienda sin perspectiva de derechos humanos y que esto sea además constitucional, organizaciones de vecinos desalojados como los de la calle Cuba 11, en el Centro Histórico y de opositores a la gentrificación, anunciaron que el 19 de enero bloquearán la SCJN, a partir de las 8am.
De esa manera pedirán que se suspenda la discusión del proyecto de la ministra María Estela Ríos, que está enlistado para el 19 de enero y resolverá un recurso de acción de inconstitucionalidad sobre el tema, informaron en el campamento de Cuba 11, colocado en plena calle.
Dicha acción de inconstitucionalidad resuelve sobre la reforma que se hizo en 2019 al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la CDMX, explicó el abogado Eduardo Alanís.
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Dicho artículo contenía garantías mínimas para las personas que fueran objeto de un desalojo, como ser avisadas con anticipación, evitar el uso de la fuerza, y en caso de ser personas vulnerables, que se les diera opciones de reubicación para no terminar en situación de calle
Sin embargo, dichas garantías fueron eliminadas de la ley modificada en 2019 en el Congreso capitalino, cuatro meses después por lo cual se promovió la mencionada acción de inconstitucionalidad desde 2019.
Quien presidía la comisión de derechos humanos en el Congreso era el diputado Temistocles Villanueva, recordaron.
El proyecto es en el sentido de que la modificación a la ley no es inconstitucional.
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De acuerdo con el asesor legal de los desalojados de Cuba 11, Arturo Aparicio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha dicho que cada año hay en promedio 3 mil aseguramientos, que es como se les dice a los desalojos, ironizó.
En caso de que la corte vote que la última redacción del artículo 60 de la mencionada ley es constitucional, sería legal y constitucional pero violatoria de estándares internacionales pero permitida por la Constitución.
Con el bloqueo a vialidades el lunes 19 de enero además de intentar que se suspenda la discusión del proyecto, buscan pedir que los ministros los reciban y hagan una audiencia pública al respecto.
Contexto
Los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, a la ciudad y antigentrificación, junto con la cadencia, desde hace años han identificado que año con año en la Ciudad de México se llevan a cabo un gran número de desalojos arbitrarios, violatorios a derechos humanos, en que no se garantiza un juicio y aviso previo a las personas afectadas, leyó como parte del posicionamiento de las organizaciones el integrante del Observatorio Antigentrificación, Sergio Morales.
En años recientes, los lanzamientos o desalojos han aumentado por la gran especulación inmobiliaria, en que se busca demoler viviendas para construir grandes edificios y centros comerciales, migrar viviendas de rentas fijas a rentas turísticas, aumento abusivo de cuotas de renta, desalojos por deudas de créditos hipotecarios.
Lo anterior ha provocado reacciones adversas en el sector inmobiliario, el cual ha presionado al Congreso, y en solo cuatro meses consiguió modificar todo el artículo y sustituir su redacción original protectora por una regresiva, que deja sin protección legal directa y explícita a los afectados por desalojos, agregó el activista.
Esto ha dado lugar a que en la Ciudad de México se lleven a cabo desalojos legales pero violatorios de derechos humanos, aunado a múltiples problemas que se ya se enfrentan, como la simulación de notificaciones, juicios irregulares, falta de garantías procesales, y ausencia de una evaluación de la situación socio económica de las personas a desalojar para evitar que queden en la calle.