La justicia federal asumió el control del proceso penal contra el exgobernador de Chihuahua y actual senador, Javier Corral Jurado. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito ordenó que el caso deje el ámbito local y pase de forma íntegra a la Federación. Con esta resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) quedó a cargo del expediente. La decisión cerró una disputa prolongada sobre la competencia judicial.
El tribunal instruyó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y al Juez de Control estatal a remitir todos los documentos del proceso a las autoridades federales. Los magistrados resolvieron que el estado debe desistirse de continuar con el asunto. El fallo se emitió tras analizar el conflicto competencial 20/2025. La resolución se dio a conocer el 9 de enero de 2026.
La defensa de Javier Corral, a cargo del despacho Schütte & Delsol, señaló que en el ámbito local no existían condiciones de imparcialidad. Los abogados indicaron que las autoridades estatales limitaron la presentación de pruebas y argumentos. Según su postura, la atracción federal garantiza un proceso bajo reglas distintas. La FGR revisará ahora la carpeta completa.
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La acusación contra el exgobernador
El caso se centra en una investigación por peculado agravado. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua acusa un presunto desvío de 98.6 millones de pesos del erario estatal. Los recursos se relacionan con un contrato otorgado al despacho López-Elías Finanzas Públicas. El acuerdo se firmó durante la gestión de Corral como gobernador, entre 2016 y 2021.
De acuerdo con la acusación estatal, el contrato tuvo como objeto la asesoría para la reestructura de la deuda pública. La fiscalía local sostuvo que el daño afectó únicamente al patrimonio de Chihuahua. Por esa razón, defendió que el proceso debía permanecer en juzgados del estado. Esa postura quedó sin efecto tras la resolución del tribunal colegiado.
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En la investigación también figuran otros exfuncionarios y particulares. Entre ellos se mencionan al exsecretario de Hacienda estatal, Arturo “N”, y al empresario Pedro López Elías. Todos los señalamientos quedaron integrados en el expediente que ahora revisará la Federación. La FGR definirá la situación jurídica de los implicados.
Disputa por la jurisdicción
El caso avanzó durante meses entre resoluciones encontradas. La Fiscalía de Chihuahua calificó la intervención federal previa como irregular. Señaló que no existía un acuerdo formal de atracción en etapas iniciales. Aun así, dos jueces de distrito respaldaron la competencia federal antes del fallo definitivo.
La defensa de Corral argumentó que el proceso local vulneró derechos básicos. Afirmó que el traslado del caso responde a la falta de garantías en el ámbito estatal. El tribunal coincidió en que la Federación debe conocer del asunto. Con ello, se cerró la vía para que autoridades locales continúen el procedimiento.
Contexto político y situación actual
El proceso tuvo momentos de alta tensión política. En agosto de 2024, autoridades estatales intentaron detener a Corral días antes de que asumiera su escaño en el Senado. Tras rendir protesta, el exgobernador obtuvo fuero constitucional. Ese hecho influyó en el desarrollo posterior del caso.
A partir de ahora, la FGR, bajo la titularidad de Ernestina Godoy, analizará las pruebas y definirá los siguientes pasos. La resolución no determina culpabilidad ni absolución. El expediente cambió de jurisdicción y seguirá su curso en instancias federales. El resultado final quedará en manos de la autoridad nacional.
VGB