Organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición trabajan en una propuesta alternativa de reforma electoral que presentarán a la comisión presidencial encargada del tema, con el objetivo de frenar lo que califican como un intento regresivo del actual gobierno.
En entrevista Juan Francisco Torres Landa, representante de Unidos por México (UNEMÉXICO), advirtió que la forma en la que se está impulsando la reforma busca excluir a la ciudadanía del debate y replica el modelo de control aplicado en el Poder Judicial.
“Si se permite, tendremos un Instituto Nacional Electoral del acordeón, moldeado al gusto del grupo en el poder”, señaló.
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El abogado subrayó tres riesgos centrales referentes a la pérdida de autonomía del árbitro electoral con consejeros designados bajo criterios políticos; la eliminación de mecanismos de representación plural, como los plurinominales, lo que dejaría sin voz a las minorías; y la supresión del financiamiento público a partidos, que afectaría especialmente a la oposición mientras el partido en el gobierno seguiría teniendo acceso a recursos públicos.
Ante la falta de contrapesos legislativos, Torres Landa enfatizó que la vía de defensa será doble: movilización social y, llegado el momento, sanción en las urnas en 2027. “Si deciden abusar del poder para pasar una reforma regresiva, lo menos es que tenga un costo político evidente”, apuntó.
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Sobre la estrategia inmediata, confirmó que ya hubo acercamientos con PAN y Movimiento Ciudadano, aunque el plan es que la propuesta ciudadana se nutra de académicos, ex consejeros electorales y especialistas de instituciones como la UNAM. La intención, dijo, es contrastar con una iniciativa seria y progresiva frente al proyecto oficial, “que busca destruir los avances democráticos que tanto esfuerzo costaron”.
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Respecto a la posibilidad de recurrir a instancias internacionales, consideró que si bien jurídicamente debería agotarse esa vía, sus resoluciones suelen tardar años y el gobierno ha mostrado desdén hacia organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, insistió en que la presión más efectiva será la política y social dentro del país.
Finalmente, llamó a la ciudadanía a informarse y no minimizar el impacto de la reforma. “Se trata de la posibilidad de que la ciudadanía elija libremente a quienes nos gobiernan, y eso está comprometiéndose. La única forma de controlar a estas personas es que sepan que la población no está de acuerdo con lo que están haciendo”.
VGB