Este 4 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una reunión en Palacio Nacional con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014. En la reunión estarán el nuevo fiscal para el caso, Mauricio Pasarán y el abogado Isidoro Vicario, quien será el vocero jurídico de los padres, en sustitución de Vidulfo Rosales, quien renunció a fines de agosto.
Abel Barrera, coordinador de Tlachinollan, el centro de derechos humanos de La Montaña, una de las organizaciones que asisten jurídicamente a los padres, dice que aunque notan una mayor apertura de la mandataria respecto a la que tuvo su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, acudirán a la reunión con escepticismo de que haya nuevos avances en la investigación.
La razón es que el anterior fiscal Rosendo Gómez Piedra, quien llegó en 2022 designado por Andrés Manuel López Obrador y dejó el caso a mediados de julio de este 2025, no dio resultados en tres años. Además, como fiscal fue señalado de hacer actividades de presunto apoyo a la candidata a ministra, Sara Irene Herrerías, y también de organizar un concurso de catrinas.
Te podría interesar
Fue sustituido por Mauricio Pasarán y los padres sólo han tenido una reunión con él y la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa (Covaj). Además, al nuevo fiscal se le vio titubeante, quizá por haber llegado recientemente al cargo, describe Barrera.
“No planteó nada nuevo, simplemente volvió a repetir los mismos datos actualizados de lo que cada mes informan. Entonces, los papás sí se molestaron”, continúa.
Te podría interesar
“La misma presidenta Sheinbaum notó que no estaba dando bien la información y los padres esperan con cierto escepticismo que haya alguna información relevante o nueva en la próxima reunión, que tendrán este 4 de septiembre”.
TAMBIÉN LEE: Atención del Caso Ayotzinapa, sin cambios tras salida de Vidulfo Rosales: Sheinbaum
Quieren avances
Lo que los papás de los 43 quieren son avances en las líneas de investigación, las cuales están estancadas en temas como del paradero de los siete estudiantes que estuvieron en barandillas de Iguala esa noche infausta y que fueron sacados de ahí, presuntamente por miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, luego de que supuestamente se los entregó el juez Ulises Bernabé, quien estaba de turno en la comandancia de la policía municipal de Iguala.
“Hay testigos, hay pruebas, hay datos pero no se ha profundizado más”, asegura Barrera.
Esa línea para los padres es clave para avanzar. Tampoco se ha avanzado en lo que tiene que ver con los folios que tiene en su poder el ejército de lo que pasó aquella noche y que no los han proporcionado, pese a que incluso el entonces presidente López Obrador se los pidió.
Vidulfo ya tiene sustituto
Se le pregunta a Barrera si extrañarán a Vidulfo Rosales, quien desde los primeros días de ocurrida la desaparición de los 43, siendo integrante de Tlachinollan, pidió acompañar el caso, y que desde las primeras marchas en la Ciudad de México representó a los padres y se convirtió en su vocero ante los medios de comunicación. A fines de agosto se informó que el abogado había sido invitado por el entonces ministro electo, Hugo Aguilar Ortiz, a integrarse a su equipo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El coordinador de la organización reconoce sin reservas el papel de Rosales.
“El rol que desempeñaba era fundamental por ser la figura pública de esta representación y en ese sentido hay un impacto muy fuerte en el hecho de que haya hecho pública su separación y también de que ya no continúe en nuestra organización”, reconoce.
Sin embargo, en términos más prácticos que formales, el abogado Isidoro Vicario, que en los casi 11 años ha estado acompañando a las madres y padres junto con Rosales, asumirá el papel de este último.
Contexto
A 22 días de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero -luego de que acudieron a la capital guerrerense a tomar camiones para la marcha del 2 de octubre de ese año- el caso sigue abierto.
La investigación que presentó al respecto el entonces procurador general de la República en enero de 2015, Jesús Murillo Karam, y que pomposamente llamó La Verdad Histórica, no dejó conformes a los padres, y fue duramente cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En 2018, en su campaña a la presidencia, el entonces candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, prometió resolver el caso y hacer justicia a los padres, pero en cuanto la investigación topó con el ejército, la averiguación volvió a estancarse.
Impiden labor a fiscal
Al inicio de su gobierno, López Obrador nombró a Omar Gómez Trejo como fiscal encargado del Caso Ayotzinapa, quien renunció el 15 de septiembre de 2022.
En una carta sobre su renuncia, Gómez Trejo dijo que tomó la decisión al tener diferencias con la fiscalía General de la República, por la cancelación de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en la desaparición de los normalistas.
Entre los beneficiados por esta cancelación se encontraban 16 militares y cinco funcionarios públicos del estado de Guerrero.
Gómez Trejo también informó que como fiscal, fue desplazado en decisiones claves del proceso judicial, como la solicitud de la cancelación de órdenes de aprehensión sin que él fuera notificado, lo que impactó en la independencia de la investigación.
El entonces presidente López Obrador nombró en octubre a su paisano Rosendo Gómez Piedra. Hasta ahí llegó la investigación en su sexenio, consideran los padres de los 43.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
López Obrador era el presidente y el fiscal
Barrera recuerda que López Obrador tomó la postura de ignorar los informes del GIEI, que recomendaban revisar el papel del ejército aquella noche, además de que el entonces mandatario optó por hacer su propia investigación, que en los hechos consistió en suplantar a la fiscalía y a la Covaj.
“El fiscal nomás era de nombre. Hacía cosas de mero trámite, pero no había investigación. El presidente se transformó en el fiscal. Y fue el que tiró línea, el que también fijó su postura de que los abogados habían actuado mal y que no se le hablaba con la verdad. Bueno, se quejó de que el libro de una periodista (Anabel Hernández) era la que había dado la luz para decir que fue el ejército y que de ahí surgió esa demanda, ese señalamiento”, concluye.
VGB