En el marco de la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), celebrada en Palacio Nacional y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la asistencia del Gabinete de Seguridad y los gobernadores de las 32 entidades federativas, se alcanzaron dos acuerdos nacionales.
"Con las y los gobernadores, acordamos fortalecer la coordinación para mantener la disminución de delitos en el país. Agradezco su apoyo y asistencia al Primer Informe de Gobierno y al Consejo Nacional de Seguridad Pública", expuso la mandataria a través de sus redes sociales.
El primer acuerdo consiste en fortalecer a las instituciones de seguridad pública y otro para la búsqueda de personas desaparecidas. Estos acuerdos establecen un nuevo marco normativo y una serie de compromisos de los tres niveles de gobierno con plazos definidos para su implementación a nivel nacional.
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El primer acuerdo, denominado Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública, se estructura en varias líneas de acción con el objetivo de mejorar la capacidad operativa y profesional de las fuerzas de seguridad del país.
Entre los compromisos y acciones clave se encuentra la llamada armonización normativa: es decir, los ejecutivos estatales presentarán iniciativas de reforma ante sus Congresos locales a más tardar en noviembre de 2025, con el fin de armonizar su marco jurídico con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Incremento del Estado de Fuerza y Profesionalización
Se asume el compromiso de incrementar el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación en un 25 por ciento a nivel nacional para diciembre de 2029.
Asimismo, se buscará incrementar el estado de fuerza de los ministerios públicos de las fiscalías estatales en un 30 por ciento a nivel nacional para diciembre de 2029.
Las secretarías de seguridad y fiscalías estatales elaborarán un Plan de Reclutamiento Estatal para el periodo 2026-2030 en un plazo no mayor a treinta días naturales tras la publicación del Acuerdo.
El Secretariado Ejecutivo, a través de la Academia Nacional de Seguridad Pública, emitirá el Modelo Operativo de Homologación de Academias e Institutos para enero de 2026. Las entidades federativas deberán garantizar contar con al menos una academia o instituto certificado por el Sistema Nacional, con la infraestructura y recursos necesarios, para enero de 2028.
Fortalecimiento de las Capacidades de Inteligencia e Investigación de los Estados
Las instituciones de seguridad pública estatales atenderán el Modelo de Unidades de Investigación que actualizará y publicará el Secretariado Ejecutivo en diciembre de 2025.
Las academias o institutos de formación impartirán el Programa de Formación para Personal Policial con Funciones de Investigación e Inteligencia, que emitirá el Secretariado Ejecutivo en diciembre de 2025.
Las instituciones garantizarán que el perfil de este personal cumpla con los estándares que establecerá el Secretariado Ejecutivo.
Estrategia Nacional Antiextorsión
Se impulsará una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos en Materia de Extorsión, que presentará el Gobierno de México ante el Congreso.
Una Reforma Constitucional al artículo 73 fracción XXI, cuyo proyecto de decreto fue enviado por la Presidenta el 10 de julio de 2025, permitirá al Congreso legislar en materia de Extorsión.
Se investigará de oficio el delito de extorsión, se establecerá un tipo penal básico y se unificarán las diversas modalidades vigentes, además de homologar la actuación de los tres órdenes de gobierno.
Se contempla la creación y fortalecimiento de las Fiscalías especializadas en extorsión. Las fiscalías estatales que no cuenten con Unidades Especializadas deberán formalizar su creación y operación a más tardar en enero de 2026.
Las Fiscalías estatales iniciarán carpetas de investigación con base en la información recibida por los Centros de Comando y Control a través de la línea de denuncia anónima 089, a partir de la publicación del Acuerdo.
Modernización y Estandarización de la Infraestructura Tecnológica y del Sistema Nacional de Información
Los ejecutivos estatales se comprometen a garantizar recursos y capacidades para aplicar los Lineamientos de operación del 911 y 089, así como el Modelo de Certificación de los Centros de Comando y Control (C2/C4/C5), emitidos por el Secretariado Ejecutivo en diciembre de 2025, a partir de enero de 2026.
Los Centros de Comando y Control deberán asegurar la capacitación de los operadores de las líneas 911 y 089.
Las fiscalías estatales aplicarán los lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva a partir de enero de 2026 e iniciarán la implementación de una nueva metodología de recopilación de información diaria para el delito de homicidio doloso desde octubre de 2025.
También iniciarán el reporte de información al Registro Nacional de Eficiencia Ministerial en un plazo máximo de 60 días naturales desde la publicación del Acuerdo.
Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas
El segundo acuerdo, el Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, busca incrementar las capacidades institucionales para la investigación y búsqueda, así como para la gestión forense.
Los puntos esenciales de este acuerdo son:
Incremento de Capacidades Institucionales para la Investigación y Búsqueda de Personas: las entidades federativas se comprometen a formalizar la creación y operación de las 32 Fiscalías Especializadas en Investigación y Búsqueda de Personas, con las cinco Unidades y Áreas que las deben conformar, de acuerdo con la Ley General.
La Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda actualizarán el Protocolo Homologado de Investigación y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas a más tardar en diciembre de 2025. Las entidades federativas aplicarán dichos protocolos a partir de enero de 2026.
El Secretariado Ejecutivo emitirá la metodología de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas en 30 días naturales. Las fiscalías del país iniciarán la integración y envío de información para su implementación a partir de noviembre de 2025.
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Incremento de Capacidades de Gestión Forense: las fiscalías estatales asumirán el compromiso de concluir el rezago de información de la Base Nacional de Información Genética en el Banco Nacional de Datos Forenses a más tardar el último día hábil de julio de 2026.
El Secretariado Ejecutivo, en coordinación con la Fiscalía General de la República, emitirá estándares para los servicios periciales forenses de las fiscalías a más tardar en diciembre de 2026. Las fiscalías deberán garantizar su cumplimiento a partir de enero de 2027.
El Consejo Nacional ratificó la aprobación de los protocolos de actuación pericial forense para la recuperación y tratamiento de cadáveres, y de notificación y entrega digna de persona identificada por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Las entidades federativas se comprometen a aplicar estos protocolos de manera inmediata.
djh