Desde 2018, un total de 411 personas procesadas o sentenciadas por delitos federales han sido beneficiadas por la figura de Amnistía en México. La mayoría de estos casos están relacionados con la situación de pobreza de los beneficiarios, según el informe más reciente de la Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación.
Hasta el 29 de agosto de 2025, se han recibido 2,391 solicitudes de amnistía. De estas, 2,024 ya han sido analizadas, y 275 continúan en trámite. La Comisión ha resuelto favorablemente 479 solicitudes, pero solo 411 han sido calificadas como legales por jueces federales.
Esta calificación legal ha resultado en la liberación de estas personas y en la restitución de sus derechos políticos y civiles. Es importante destacar que no se han registrado solicitudes por delitos como aborto, homicidio en razón de parentesco o sedición, los cuales están contemplados en la Ley de Amnistía.
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Perfil de los beneficiarios y causas principales de la amnistía
Los beneficiarios de la amnistía son mayoritariamente hombres, con 319 casos, mientras que 159 son mujeres y una persona pertenece a la comunidad LGTBIQ+. Cuarenta y cuatro de los beneficiarios pertenecen a pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron acceso pleno a intérpretes o defensores durante sus procesos judiciales.
En cuanto a la nacionalidad, 444 son mexicanos y 35 son extranjeros, incluyendo 12 de Ecuador, 10 de Colombia, 8 de Guatemala, 2 de Perú, y 1 de Estados Unidos, Honduras y El Salvador, respectivamente.
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La principal causa para conceder la amnistía ha sido la pobreza, presente en 430 casos. Otras razones incluyen discapacidad permanente (11), temor fundado (7), robo simple sin violencia (6), discriminación (5), consumo (2) o haber sido obligados por la delincuencia organizada (1).
Los estados con el mayor número de beneficiarios son Sinaloa, con 120; la Ciudad de México, con 64; y Chiapas, con 50.
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Reinserción social y avances recientes en la legislación de amnistía
En materia de reinserción, la Secretaría de Gobernación ha reportado que 140 de los beneficiarios ya cuentan con empleo. Además, otras personas han recibido apoyos para trámites administrativos, becas educativas, capacitación laboral, y atención psicológica y médica. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha rehabilitado los derechos político-electorales de los 411 beneficiarios.
Durante el último año, desde el inicio de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024, se aprobaron 21 casos como procedentes. Esta cifra representa el número más bajo desde la publicación de los lineamientos para la atención de solicitudes de amnistía en 2020.
Sin embargo, en este mismo periodo, se aprobaron nuevos lineamientos para la recepción y atención de solicitudes directas de amnistía, los cuales fueron publicados en junio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.
A nivel estatal, 15 congresos estatales ya han aprobado sus respectivas leyes locales de amnistía, contando con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Gobernación. Once estados han presentado iniciativas, cuatro aún no cuentan con una propuesta legislativa y dos más han desechado las propuestas que se habían presentado.
Personas sin sentencia: falla del sistema legal en México
Contexto: durante 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró 236,773 personas privadas de la libertad en México. De ellas, 85,547 no contaban con una sentencia, lo que representó el 36.3?% del total.
Dentro de este grupo, 38?% se encontraba bajo prisión preventiva justificada, 47?% bajo prisión preventiva oficiosa, 2.2?% bajo otro supuesto jurídico y para 12.8?% no se identificó el estatus jurídico.
Ya en 2021, el mismo instituto registró 80,114 personas en prisión sin sentencia definitiva; de ese total, 30,388 carecían de una sentencia formal y algunas se encontraban en internamiento preventivo. Ese año, 7,011 personas indígenas permanecían en prisión y 85.2?% de ellas no contó con intérprete ni traductor en su proceso penal.
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El Censo Nacional 2023 reportó una reducción en la proporción de personas sin sentencia, desde 37.3?% en 2022 hacia 37.2?% en 2023. Sin embargo, en ese año enfrentaron la situación 86,984 personas, de las cuales 46.9?% fueron mujeres y 36.7?% hombres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, 21.5?% de los detenidos indicaron que agentes los sustrajeron sin orden de aprehensión y 41.9?% declararon haber sido recluidos tras autoinculparse.
En relación con los defensores públicos, cada uno tuvo en promedio 163 casos en 2019, lo que limitó su capacidad para dedicar tiempo suficiente a cada proceso.
VGB