El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, afirmó este jueves que la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, pone en el centro a la autoridad y no al ciudadano.
En entrevista con Manuel Feregrino, en Radio Fórmula, destacó que si bien la iniciativa sí señala una búsqueda de reducir plazos en los procesos de amparo, en realidad está encaminada a reducir el juicio de amparo y facilitar las actividades de la autoridad.
“Hay una parte donde se reducen los plazos o se pretende respetar los plazos o el amparo digital, pero fuera de eso y es lo mínimo, la propuesta está encaminada a facilitarle a la autoridad sus actividades y limitar el juicio de amparo”, destacó el ministro en retiro.
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Además, detacó que “lo dice la exposición de motivos por dejar de que el amparo sea un instrumento de renuencia contra las decisiones democráticas, entonces, efectivamente si uno va analizando lo que se va proponiendo sí suena a limitar las atribuciones que hoy tienen los órganos jurisdiccionales en protección del ciudadano”.
Cambios clave: suspensiones y concepto de interés legítimo
La iniciativa contempla limitar las suspensiones provisionales y definitivas del acto reclamado, especialmente cuando se impugnan leyes o normas generales. Además, propone que el interés legítimo del quejoso sea real, actual y diferenciado, lo que podría excluir a sectores con afectaciones colectivas o difusas.
Laynez criticó que, según la exposición de motivos del proyecto, se plantea al amparo como un “instrumento de renuencia contra decisiones democráticas”, lo cual —dijo— refleja una intención de reducir el papel del Poder Judicial en la defensa de los derechos ciudadanos.
¿Justicia más expedita o restricción de derechos?
Aunque el gobierno federal asegura que la reforma busca una justicia más eficiente y menos burocrática, expertos advierten que algunas de sus disposiciones podrían acotar derechos fundamentales.
Los nuevos plazos para dictar sentencias, los límites al uso del amparo en casos fiscales o de seguridad financiera, y la digitalización de procesos son señalados como avances en eficiencia, pero también podrían aumentar las barreras de acceso para los ciudadanos.
Especialistas alertan sobre debilitamiento del control constitucional
Diversos juristas han coincidido en que estas reformas no eliminan el juicio de amparo, pero sí restringen su uso en aspectos clave.
Para Laynez y otros especialistas, esto podría traducirse en una reducción de los contrapesos institucionales y un debilitamiento del control constitucional sobre las decisiones del poder público.
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