El Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno citó al excomisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para detallar algunos aspectos de la transición de sus funciones ante su eliminación.
Adrián Alcalá Méndez, excomisionado presidente del INAI fue citado, informó El Universal, para aclarar diversas irregularidades en la entrega de expedientes, contratos, observaciones de auditorías e informes, derivadas de la extinción del organismo público autónomo.
En concreto, debe aclarar irregularidades concernientes a: expedientes que carecen de folio, carátula, organización cronológica de los documentos que lo integran e identificación de las constancias contenidas en los mismos.
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En total, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encontró más de 4 mil expedientes en trámite a cargo de la ponencia del entonces comisionado Alcalá Méndez, que deben ser aclarados.
El citatorio del OIC se refiere a la presentación con información y documentación pertinente para la conciliación y aclaración de las inconsistencias relacionadas con el acta de entrega-recepción.
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Además de Adrián Alcalá Méndez, también fueron citados otros exempleados del INAI, entre los que se encuentran: Mónica López Sandoval, exdirectora administrativa; David Palomino Hernández, exdirector de Recursos Materiales; y José Alberto Espinosa Laristiri, exdirector de Recursos Financieros, entre otros.
También se mencionan a funcionarios que colaboraron con él y que actualmente trabajan en la secretaría que encabeza Raquel Buenrostro, como Francisco Raúl Álvarez Córdoba, director de Relaciones Internacionales y Luz María Mariscal Cárdenas, directora de Recursos Humanos.
La desaparición del INAI
Contexto: La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) marcó un giro significativo en la arquitectura institucional de México. Creado en 2002 y elevado a rango constitucional en 2014, el INAI fue un pilar en la promoción de la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y la protección de datos personales, al garantizar el acceso ciudadano a la información pública.
Sin embargo, a partir de 2023 comenzó un proceso de debilitamiento institucional que culminó en su extinción formal en 2025, impulsado por una reforma promovida por el Ejecutivo federal y respaldada por una mayoría legislativa. El argumento central fue la necesidad de “austeridad republicana” y la supuesta duplicidad de funciones que, según el gobierno, podían ser absorbidas por otras dependencias como la Secretaría de la Función Pública.
La decisión fue ampliamente criticada por organizaciones civiles, académicos y organismos internacionales, quienes advirtieron sobre un grave retroceso en materia de derechos humanos y combate a la corrupción. También se denunciaron riesgos de opacidad en la administración pública y vulnerabilidad en el manejo de datos personales.
Tras la desaparición del INAI, se instauró un proceso de transición en el que se comprometió la entrega de expedientes, contratos, auditorías y bases de datos. No obstante, autoridades como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno han señalado múltiples irregularidades en esta entrega, lo que ha derivado en citatorios a exfuncionarios, incluido Adrián Alcalá Méndez, último comisionado presidente del instituto.
La extinción del INAI se ha convertido en un caso emblemático del rumbo que ha tomado la política de transparencia en México, en un contexto donde el control y la vigilancia ciudadana sobre el poder público parecen cada vez más restringidos.
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Esta información es relevante porque revela posibles irregularidades en el proceso de entrega-recepción tras la desaparición del INAI, un organismo clave para la transparencia en México.
La citación del excomisionado presidente Adrián Alcalá Méndez y otros exfuncionarios evidencia preocupaciones sobre el manejo de miles de expedientes oficiales.
La revisión del Órgano Interno de Control busca esclarecer fallas administrativas en un contexto donde la eliminación del INAI ha generado cuestionamientos nacionales e internacionales.
El caso refleja tensiones en la transición institucional y posibles riesgos de opacidad en el resguardo de información pública y protección de datos personales.
VGB
