A 11 meses de iniciado el gobierno de Claudia Sheinbaum se comienza a ver una política de seguridad diferente a la de la anterior administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Su política, operada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, es una mezcla de lo que hizo el funcionario en la Ciudad de México, donde trabajó con Sheinbaum cuando era jefa de gobierno, y la herencia militarista que impuso López Obrador.
Pero lo más notorio es que están resurgiendo algunos policías federales, cuya corporación fue desaparecida en el anterior gobierno, para integrarse a la SSPC en tareas de investigación, luego de que la Constitución fue reformada para que la secretaría tuviera esa facultad, dice el analista experto en seguridad, David Saucedo.
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También se ha combatido al Cártel de Sinaloa, algo que no ocurrió en el sexenio lopezobradorista, en el que las autoridades se enfocaron más en el Cártel Jalisco Nueva Generación, continúa el experto. Incluso, el actual gobierno extraditó a 55 líderes del narco, 29 en febrero y 26 el 12 de agosto pasado, lo que ha significado una mayor colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos, algo que fue menos recurrente en la anterior administración.
Pero en opinión de Saucedo, la colaboración se debe a las amenazas del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a nuestro país. También hay un esquema de sumisión, de sometimiento de México a las directrices de Washington en materia de seguridad y materia comercial migratoria, observa.
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Mejor coordinación en el trabajo interinstitucional
Por su parte, el consultor en temas de seguridad y experto en derecho penal, César Gutiérrez Priego, dice a La Silla Rota que una de las grandes diferencias entre los anteriores gobiernos, incluido el de López Obrador, es la coordinación entre las instituciones de seguridad como las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de la Marina y la Guardia Nacional, en el combate de los delitos de la delincuencia organizada.
Eso se nota en los decomisos de droga y cómo se trabaja en contra de las distintas modalidades del crimen organizado en diferentes regiones del país.
Ahora no se trabaja por separado como en el pasado, cuando incluso así se informaban los resultados, por ejemplo, por parte de la Sedena, que hacía un informe y daba datos de la detención de personas y aseguramientos.
Además, en otras administraciones los operativos se hacían más enfocados en el narcotráfico. Para Gutiérrez Priego, el trabajo ahora está diversificado. Tiene que ver con las diferentes regiones y zonas del país, de acuerdo con cuál es el mayor índice de delitos.
“Es lo que se ha estado trabajando en el sureste que hemos estado viendo que si es el robo de hidrocarburo por medio del huachicoleo, entonces el trabajo se ha enfocado en contra de esos grupos criminales. O la extorsión en el estado de México; se ha focalizado el trabajo”.
Dudas sobre las cifras
Durante las conferencias mañaneras, cada 15 días se dan informes en materia de seguridad. Ahí, el titular de la SSPC presenta cifras sobre la disminución de los delitos de alto impacto en México, sin dejar de asegurar que esas cifras comenzaron a ir a la baja desde el gobierno de López Obrador.
Sin embargo, el problema de las comparativas de las métricas es que de lo que se habla es de los delitos denunciados, equivalente al 10%. De los que realmente ocurren. No se conoce la evolución del otro 90%, plantea Saucedo.
“Entonces, cuando los gobiernos se comparan y tratan de establecer una narrativa de victoria, lo hacen sobre la base de los pocos delitos que se denuncian y no tener el conocimiento de la evolución y tendencia de la cifra negra de los delitos no denunciados”.
Empero, reconoce que la presidenta ya está poniendo la atención a algunos delitos que no se le dio en el anterior sexenio. Un ejemplo es la extorsión, el cual se disparó en la administración de Andrés Manuel Obrador.
Bajo el gobierno actual se lanzó, el 6 de julio, la Estrategia nacional contra la extorsión. Para el analista, apenas se está instrumentando y todavía no hay resultados como tales, aunque el gobierno federal insiste en que sí los hay.
En materia de los homicidios dolosos hubo una estabilización en la época de López Obrador, con un pico muy alto. La presidenta Sheinbaum afirma que están bajando, pero hay voces disonantes al respecto, continúa.
“Sí caen los homicidios, pero se incrementan las desapariciones. Lo que hace suponer que muchas de las personas desaparecidas en realidad han sido asesinadas y sus cadáveres fueron enterrados en las así llamadas narcofosas”.
Quizá del delito en donde haya una métrica más consolidada, aunque él tiene sus reservas, es en el robo de automóviles porque para la activación de los seguros se requiere la presentación de las denuncias ante el Ministerio Público.
Sin embargo, de acuerdo con las cifras que tienen las propias cámaras de concesionarias de automóviles, sólo el 30% del parque vehicular está asegurado.
“Entonces, es muy difícil para mí darte una opinión al respecto, porque seguimos teniendo una cifra muy alta de los delitos no denunciados”.
Ya no habrá pretextos para las fiscalías a partir del 1 de septiembre
Para Gutiérrez Priego, el papel del fiscal Alejandro Gertz es punto cuestionable en el desempeño del actual gobierno en seguridad. En las conferencias mañaneras se escucha al titular de la SSPC dar cifras de detenciones. Pero pregunta dónde están las vinculaciones a proceso de esas personas.
“Eso no se conoce y es responsabilidad de la FGR”.
El analista precisa que no todos son delitos del fuero federal, muchos de los detenidos se van a prisiones estatales, porque hay desgloses. Se detiene por el delito federal, pero también hay delitos del fuero común y muchos de estos presuntos delincuentes terminan siendo llevados a prisiones estatales y no federales. Y ahí aparece un problema similar: las fiscalías de los estados.
“Ahora ya no vamos a tener ese pretexto a partir del 1 de septiembre, porque entra el nuevo Poder Judicial, por lo menos en la mitad de los estados y la mitad de todos los miembros del Poder Judicial, de jueces y magistrados y los ministros y ministras de la Suprema Corte entrarán”.
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Numeralia
- 30 mil 755 detenidos
- 25% de reducción de delitos dolosos en los primeros 11 meses
- 20% de reducción de delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, tráfico de drogas, venta de armas y extorsión
- 239.7 toneladas de cargamento de droga incautadas
- 212 extorsionadores detenidos desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la extorsión
VGB