"Con este mensaje concluye mi último informe y con él una etapa del Poder Judicial de la Federación", mencionó en su discurso desde el recinto judicial ubicado en el Centro Histórico de la capital.
Luego de dos años de ser nombrada la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marcados por un cierre de sexenio de confrontación política del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, Piña defendió el actuar del máximo tribunal "bajo el asedio".
"No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación. Apelamos a la razón, al diálogo y al derecho", manifestó.
Ante último informe de Norma Piña, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera que terminó una era de la Corte, que fue muy cuestionable por sus sentencias, por corrupción, defensa de privilegios y nepotismo.
Destacó que ahora empieza la nueva era el 1 de septiembre, “es una transformación profunda”.
La era terminada en la Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró así una era que comprendió 30 años y medio. Este 26 de agosto se llevó a cabo la Sesión solemne de Informe de Labores de las Salas y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Poder Judicial de la Federación trabajó los dos últimos años y medio bajo el asedio, calumnias y agresiones, pero la respuesta del PJF en cambio fue la elaboración de sentencias, expresó la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, durante su último informe de gestión y también el que fue su último mensaje como ministra.
“Durante los últimos dos años y medio, la Judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución”, dijo la ministra, en la recta final de su discurso, en referencia a las constantes críticas y ataques que recibieron de parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de representantes del Poder Legislativo afines al ex mandatario.
“No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias con justicia, respeto y objetividad”, planteó Piña ante el Pleno de la SCJN, donde fue notoria la ausencia de las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y sorpresivamente, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
“En cada asunto grande o pequeño, honramos el juramento de impartir justicia, conscientes de que la independencia judicial no se ostenta, Y la narrativa en contra es objeto de prueba”, sentenció la ministra presidenta.
El futuro del país no depende del aplauso ni del agravio
Para la presidenta de la SCJN, el rumbo del país no puede depender del aplauso ni del agravio, sino de trabajar hombro con hombro para hacer realidad los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución.
“Porque más allá de las diferencias legítimas, más allá de las interpretaciones que distinguen a una democracia constitucional viva, hay una verdad que no admite fisuras. Todos somos mexicanas y mexicanos y lo que nos une es la voluntad firme de que este país prospere, que sea más justo y alcance de una vez y para siempre el ideal formulado por José María Morelos en los Sentimientos de la Nación: ‘Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”, citó Piña al independentista.
La ministra dijo tener la convicción de que la justicia en México es una necesidad que debe atenderse con sensibilidad y con un amplio compromiso social, que significa escuchar, comprender contextos, remover barreras de acceso y reparar vulneraciones.
“Exige empatía, cercanía y humanidad. Pero esa sensibilidad no es incompatible con la exigencia técnica ni con lo que nuestras leyes establecen y menos con lo que nuestra Constitución manda. Al contrario. Ello debe exigirse de quienes juzgan”, planteó.
La razón última de los tribunales es ser refugio de los vulnerables
En sus palabras, sólo la excelencia jurídica, la argumentación sólida, la motivación exhaustiva, la coherencia, doctrinal y la sujeción al precedente generan la certeza jurídica.
“Es, en última instancia, la tranquilidad de saber a qué atenerse, la posibilidad de cada quien de planear su proyecto de vida; la confianza de que la fuerza del Estado se somete a la razón, a la ley; la seguridad de que la dignidad humana es y debe ser, siempre, la base de todos los derechos”.
El horizonte de la justicia y la razón última de los tribunales es ser refugio de los vulnerables, de los ciudadanos en general que buscan justicia frente a los abusos del poder, un límite al abuso y una esperanza cierta para quienes buscan vivir con dignidad. Que ese ideal, que nace de la historia y se proyecta hacia el porvenir, guíe la impartición de justicia en México, pidió la ministra.
“Hoy, tan solo concluye una etapa, no la misión. La Ley Fundamental permanece, los derechos reconocidos por ella permanecen; pero aún existe una enorme deuda con su pleno ejercicio”, reconoció Piña, que a lo largo de su mensaje lució emocionada, a ratos trémula y en ocasiones algunas palabras se le atascaban.
Al concluir su informe y mensaje que duró una hora, se le brindó un minuto de aplausos de parte de los presentes. Al acto acudieron los ministros en retiro Luis María Aguilar, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. De los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal acudieron la magistrada Lilia Mónica López Benítez y Alfonso Montalvo.
También acudieron familiares de las ministras y ministros.
De parte del Poder Ejecutivo y Legisaltivo no acudió nadie, tal como ocurrió en el informe de diciembre de 2024.
Lenia Batres deja más asuntos rezagados: Laynez Potisek
Además del informe de la presidenta ministra, también los presidentes de las salas, que van a desaparecer a partir del 1 de septiembre, rindieron su informe.
El Presidente de la Segunda sala, Javier Laynez Potisek informó que a su llegada, hace 10 meses, su propósito fue entregar la sala con el menor número de asuntos por resolver. La recibió con 767 casos.
Regresaron a secretaría de acuerdos 47 asuntos pendientes, 5 de Alberto Pérez Dayán, 4 de él mismo, 2 de Yasmín Esquivel y 36 de ministra Lenia Batres, ausente de la sesión solemne del informe.
El ministro Laynez Potisek aprovechó para agradecer el trabajo de sus compañeros de integración de segunda sala. Aclaró que su mensaje fue a nombre de la sala y no propio.
La presidenta de la primera sala, Loretta Ortiz también dio su informe, donde dijo que ha llegado la hora de saldar las deudas históricas que no solo persisten sino que han cobrado muchos intereses.
“No esperemos a que la historia nos juzgue, la historia se escribe con cada decisión que tomamos, aquí y ahora. El verdadero éxito no estará en los libros del mañana sino en la vida de quienes hoy encuentran la certeza de que su voz al fin es escuchada”, concluyó.
La sesión de informe de gestión del Pleno y de los presidentes de las salas, es el cierre de una era del Poder Judicial de la Federación, iniciada el 5 de febrero de 1995 y que llegará a su fin el 31 de agosto de este año.
Los ministros presentes en esta última sesión, además de la presidenta Norma Piña, fueron Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz, Javier Laynez Potisek, Alfredo Dayán, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Pardo Rebolledo.
Las ministras Ortiz, Esquivel y Batres serán parte de la siguiente SCJN, que inicia labores el próximo lunes 1 de septiembre.
Al final de la sesión con la que concluye esta era del Poder Judicial Federal, hubo abrazos, tristeza e incluso algunas lágrimas, dijeron algunos asistentes.
El fin de una era
Las últimas sesiones del Pleno, ordinaria y extraordinaria se realizaron el 12 y 19 de agosto, respectivamente, y la primera y segunda sala sesionaron por última vez en la historia el 13 y 6 de agosto, en ese orden, y ya no volverán a hacerlo, pues la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 ordenó su desaparición.
La sala 1 desahogaba asuntos en materia civil y penal y la segunda en materia administrativa y laboral. Esos temas que atendía ahora serán resueltos por el Pleno de la SCJN.
El cierre de actividades de la SCJN se da con tristeza por parte de trabajadores, no solo por el fin de una era, sino porque algunos no continuarán, ya sea porque no son contemplados para seguir con los nuevos ministros y otros porque no están de acuerdo con los cambios contenidos en la reforma judicial.
Los ministros se van con el reconocimiento de la mayor parte de los trabajadores. Así quedó plasmado en la última sesión del Pleno, el 19 de agosto, cuando a su llegada la mayor parte fueron aplaudidos, aunque quien se llevó las palmas fue Javier Laynez Potisek.
En contraste, la ministra Lenia Batres, que se autodenominó la ministra del Pueblo, recibió el silencio de los trabajadores.
Durante su mensaje de despedida en la última sesión del Pleno, la ministra presidenta Norma Piña expresó que serán la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes han juzgado.
“La historia constitucional que se ha escrito aquí no se ha construido solo por quienes ocupamos las sillas visibles”, dijo en reconocimiento de los trabajadores del Poder Judicial, que tuvieron acceso y llenaron el Salón de Pleno en esta sesión histórica.
El inicio de la época
La historia de esta SCJN se remonta al 5 de diciembre de 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo, con 5 días en el cargo, envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional en la que propuso modificaciones estructurales en materia de justicia. Ese mismo mes se aprobó y promulgó la reforma. Se modificaron 27 de 136 artículos constitucionales relacionados con la integración de los poderes judiciales de las entidades, la designación del titular de la entonces Procuraduría General de la República, la organización y competencias del Poder Judicial, entre otras cosas.
En 1999, el presidente de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, con el apoyo de los demás ministros, convenció al presidente Zedillo y al Congreso de la Unión de la aprobación de una reforma constitucional que revertía algunos aspectos de la reforma judicial, y que sometía al Consejo de la Judicatura Federal al control de la SCJN, de acuerdo con el texto de Héctor Fix-Fierro, La reforma judicial en México, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va?. Ahí se fortaleció la Corte.
SCJN: en 30 años la Corte atendió casos como el de Cassez, vacunación, marihuana…
En estas casi tres décadas la Suprema Corte ha abordado y discutido temas como la validación de la reforma que creó al entonces Instituto Federal Electoral autónomo y a las nuevas reglas de propaganda, en 2006.
Entre 2010 y 2022 reconoció reformas estatales que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La SCJN resolvió el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez el 23 de enero de 2013, mediante el Amparo Directo en Revisión 517/2011, emitido por la Primera Sala y con la ministra Olga Sánchez Cordero como ponente. Se trató de un caso que incluso causó un diferendo diplomático entre los presidentes Felipe Calderón y Nicolas Sarkozy, de México y Francia, respectivamente.
La Suprema Corte amparó a Cassez -presuntamente involucrada en el caso de la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda- por violaciones graves al debido proceso, como fue su retención ilegal antes de ser presentada ante el Ministerio Público y la escenificación ante cámaras televisivas de su detención, como si fuera en tiempo real. Eso afectó la presunción de inocencia y su defensa adecuada.
- En 2019 la SCJN reconoció el uso lúdico de la marihuana y con ello reconoció el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
- En 2020 se discutió la consulta popular sobre si se debía enjuiciar o no a los expresidentes de México. La Corte avaló la constitucionalidad de la consulta, aunque modificó su redacción.
- En 2021 llegó el asunto de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, y fue declarada constitucional, lo que favoreció a la Comisión Federal de Electricidad, pese a las críticas por el retroceso medioambiental.
- En 2022, a dos años del inicio de la pandemia de la covid19, validó medidas sanitarias durante la pandemia como constitucionales.
Pero un tema que no analizó fue la revisión de la prisión preventiva oficiosa, luego de la sentencia internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por el caso de tortura en contra de Daniel García y Reyes Alpízar Ortiz, acusados de asesinar a una regidora en 2002. Ambos acusados denunciaron que confesaron luego de haber sido sometidos a maltratos severos mientras estaban arraigados.
El caso llegó hasta la SCJN, para analizar los aspectos que se deben tomar en cuenta al dictar la prisión preventiva justificada.
El ministro Jorge Pardo Rebolledo realizó un proyecto al respecto, que apenas dio a conocer la semana pasada, un día antes de la sesión extraordinaria, pero ya no fue discutido, ni siquiera aparecía enlistado en los temas, como tampoco lo fue el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat para revisar el artículo 19 constitucional sobre si era o no constitucional la ampliación del catálogo de delitos que abarca la prisión preventiva oficiosa.
Ya será la nueva Corte la que los discuta.
La reforma judicial que cambió al Poder Judicial
El 2024 será recordado como el año que fue demolido el Poder Judicial Federal. El 4 de septiembre la Cámara de Diputados votó en una sede alterna, en la Deportiva de la Magdalena Mixhuca, la iniciativa de reforma que propuso el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, para que jueces, magistrados y ministros fueran electos por voto popular.
Fue una sesión caótica, hecha en un gimnasio, ante los bloqueos que trabajadores del PJF hicieron al palacio legislativo de San Lázaro, inconformes porque con la reforma se truncaba el sueño de miles de ellos de convertirse en juzgadores y el miedo a ser despedidos en cuanto comenzara el nuevo sistema. También se quejaron de no ser escuchados y realizaron paros por varias semanas.
Ese día los diputados en lugar de legislar enfrente de sus curules, lo hicieron en tablones usados para fiestas; el voto no fue electrónico, sino a mano alzada; y los conteos fueron de manera manual. De ese tamaño era la prisa por cumplir una de las prioridades de López Obrador.
Senado encendido
La sesión en el Senado no fue muy distinta. Celebrada 10 días después, inicialmente la sesión comenzó en su sede de Reforma. Afuera, protestaban trabajadores del Poder Judicial.
Esa sesión fue memorable por dos cosas: por el voto que el entonces panista, Miguel Ángel Yunes Márquez, dio a favor de la reforma judicial, con lo que Morena y sus aliados PVEM y PT alcanzaron las dos terceras partes de la mayoría calificada para conseguir la reforma constitucional.
También será recordada porque los trabajadores del Poder Judicial Federal lograron ingresar de manera accidentada y sin invitación al salón de sesiones, no sin dejar noqueados a algunos empleados. Obligaron no sólo a suspender la sesión sino a moverla de sede, a la Casona de Xicoténcatl, donde se instaló un férreo sistema de seguridad que incluso no dejaba pasar a los propios senadores. Como ocurrió en la Cámara de Diputados, la reforma fue aprobada de madrugada.
Apenas ocurrió eso, se envió la minuta a los congresos estatales y fue rápidamente avalada por más de 20, con lo que se alcanzó la mitad más una de los que debían hacerlo. Regresó a la cámara de origen, la de Diputados que la envió a la presidencia. Fue promulgada y publicada por el presidente saliente, López Obrador, el 15 de septiembre, día de la Independencia de México. Un regalo para el entonces mandatario, dijeron varios legisladores de Morena.
Ese regalo selló la suerte del Poder Judicial.
La propuesta presidencial de donde surgió la reforma
La propuesta presentada por López Obrador el 5 de febrero de 2024, consistía en modificar la Constitución para elegir a jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, pero cuyos candidatos fueran propuestos por los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También planteaba flexibilizar los requisitos para ocupar dichos cargos, reducir la SCJN de 11 a 9 ministros y crear un Tribunal Judicial para sancionar a los juzgadores que no resolvieran los casos en 6 meses.
Pero rápido comenzaron las advertencias de lo que pasaría en caso de ser aprobados esos cambios. Al ser electos los juzgadores y por ello tener un tiempo de campaña, se abría la posibilidad de que algunos de los candidatos se aliaran con los poderes económicos, políticos e incluso con el crimen organizado, para alcanzar el cargo y al convertirse en jueces, magistrados o ministros, perderían autonomía al deberle el cargo a alguien.
Una de las voces más sonoras al respecto fue la del entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.
Una crítica adicional fue que el Tribunal Judicial, al tener la facultad de actuar por su cuenta se puede convertir en una Santa Inquisición que castigue a los jueces incómodos, advirtieron expertos.
La venganza
El 10 de diciembre, la presidenta de la SCJN, Norma Piña señaló que entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial enfrentó un contexto sin precedentes. Expuso que hubo coincidencias entre los ataques y las amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, cuando aprobaron decisiones contrarias a los intereses del gobierno.
Uno de estos casos fue cuando la mayoría de los ministros votó que era inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional, en abril de 2023, a la Sedena, lo que Piña calificó de un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los ministros de la SCJN.
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“Se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador— de un proyecto político dominante”, planteó en su último informe, que fue desairado por los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente.
O como han dicho otras voces, fue la venganza del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador contra un poder que no se plegó a sus deseos.
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La ministra presidenta de la SCJN, procedió este 26 de agosto a levantar la última sesión de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con eso termina una era del PJF que inició el 5 de febrero de 1995.
La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, dijo en su último informe, que el poder judicial federal durante los dos últimos años trabajó bajo el asedio/ “A pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias con justicia, respeto y objetividad. En cada asunto grande o pequeño, honramos el juramento de impartir justicia, conscientes de que la independencia judicial no se ostenta”.
Revela el ministro Javier Laynez Potisek que de los 47 asuntos que dejó pendiente la Segunda sala de la SCJN, 36 son de la ministra Lenia Batres, 5 de Alberto Pérez Dayán y 4 de él mismo.
Da inicio la Sesión solemne de Informe de Labores de las Salas y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezado por la ministra Loretta Ortiz