Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el nuevo organismo Alimentación para el Bienestar replicó los patrones de corrupción previamente vistos en Segalmex, involucrando la asignación de casi dos mil millones de pesos a empresas "fachada" entre 2022 y 2025.
Se trata de cinco empresas “fachada” con vínculos entre sí, algunas creadas hace apenas dos años, fueron utilizadas en procedimientos de contratación para obtener asignaciones por el monto mencionado.
Las empresas son: Konkistolo, FamilyDuck, Abastémade, Grupo Pelmu y Todólogos.com.
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Los métodos utilizados dentro de estas compañías son la simulación de competencia, además las empresas fantasma cuentan con direcciones inexistentes, usando departamentos, oficinas y bodegas donde nadie las identifica como sus domicilios fiscales, así como uso de prestanombres sin su consentimiento.
El caso de Vanessa Flores y Konkistolo
En la investigación de MCCI se describe la historia de Vanessa Flores es una evidencia clave de este esquema. Su identidad fue robada y utilizada para formalizar contratos millonarios.
Vanessa, una mujer de 49 años, enferma y desempleada, descubrió con incredulidad que aparecía como accionista principal, administradora única y representante legal de la empresa Konkistolo SA de CV.
Esta empresa "fachada" recibió contratos gubernamentales por más de 256 millones de pesos.
Los contratos fueron adjudicados a través de Diconsa, una dependencia estatal encargada de llevar alimentos a comunidades rurales y marginadas. Diconsa perteneció a Segalmex durante el sexenio anterior y ahora forma parte de Alimentación para el Bienestar en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Vanessa, quien reside en un modesto departamento en la colonia Moderna, no tenía conocimiento alguno de haber constituido la empresa o de los contratos millonarios asociados a su nombre.
¿Qué pasó en el caso de corrupción en Segalmex?
Contexto: el caso Segalmex se convirtió en el mayor escándalo de corrupción del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con un desfalco estimado entre 9,500 y 15,000 millones de pesos, afectando a la dependencia creada en 2019 para fomentar la seguridad alimentaria en las zonas más vulnerables del país.
Desde 2020, la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades por más de 3?000 millones de pesos; para 2022, ya se hablaba de más de 9?500 millones.
Se han presentado alrededor de 156 denuncias penales, con más de 26 personas vinculadas a proceso, incluidos exfuncionarios y particulares.
Ignacio Ovalle, presunto vinculado en el fraude, fue apartado del cargo en 2022 pero no enfrentó investigación penal directa.
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A inicios de 2022, la FGR ya tenía al menos seis carpetas de investigación abiertas, y se habían iniciado órdenes de aprehensión.
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