La implementación de la reforma judicial ha dejado mucho que desear, dice sin asomo de duda Lilia Mónica López Benítez, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, el organismo que hasta el 31 de agosto administra los recursos del Poder Judicial y evalúa la conducta de los jueces.
Se refiere al hecho de que hay numerosos juzgados que no tienen titular a unos días de que entre en funciones el PJF derivado de la reforma; a la entrega de constancias a ganadores que incumplían con los requisitos que creó a reforma y problemas previos a la elección, como los acordeones para inducir el voto y la selección de candidatos en los comités de evaluación.
“Las mismas personas que construyeron esta reforma o deforma, por decirlo de alguna manera, han ido cambiando las reglas del juego, generando espacios que no se contemplaron inicialmente en la reforma y todo es un caos y estamos ya de frente prácticamente a la toma de protesta de las nuevas personas juzgadoras”, dice en entrevista con La Silla Rota.
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La consejera relata que el 6 de agosto la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal propuso asignar juzgados a 87 candidatos que participaron en la elección judicial del 1 de junio pero que no ganaron. Según la reforma judicial, los que competían y perdían, por ley se quedaban sin cargo.
El madruguete de Bátiz
Pero la comisión, presidida por Bernardo Bátiz, y en la que también figura la próxima presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, propuso, de manera arbitraria, sin argumentos y sin precisar por qué se eligió exactamente a esas 87 personas, que esas personas se mantuvieran en su cargo o sustituyeran a otros que renunciaron o declinaron continuar en su cargo después del 31 de agosto, añade.
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López Benítez comparte su postura al respecto y por qué votó en contra, junto con la titular del CJF, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña y la también consejera, Eva Verónica de Gyves Zarate.
La propia normativa interna del Consejo prevé qué hacer cuando hay una falta temporal o como en este caso, definitiva de jueces y magistrados. Y esto implica ir nombrando a personas secretarias en funciones para atender los asuntos que se vayan presentando.
“La reforma al Poder Judicial señala claramente que las personas que hayan declinado, las que decidieron no continuar o que hayan ido a la elección y que no hayan resultado electas por la ciudadanía, tienen que dejar la función”.
Por ello, la propuesta de la comisión ni siquiera debió presentarse, considera. La razón es que hay una prohibición constitucional sin margen de lectura diferente a la literalidad del asunto, remarca.
“Entiendo perfectamente la situación de mis compañeras y compañeros juzgadores que después de una larga trayectoria con motivo de esta reforma, tienen que dejar sus cargos. Así, sin más, yéndose absolutamente sin nada hacia una incertidumbre laboral”, describe.
Pero como personas juzgadoras tienen que respetar la Constitución y la protesta que formularon de cumplir y hacer cumplirla. Otro punto crítico de la reforma es que no quedó claro cuál fue el número total de personas juzgadoras que estaban interesadas en permanecer en la institución.
“Nunca supimos si había 80, 150, cuál era el número. No se sabe o yo no lo supe, al menos en lo personal y a ciencia cierta, ¿por qué 87 personas sí y las demás personas no?”, cuestiona.
Explica que parece un número arbitrario porque seguramente había muchísimas más personas que hubieran pretendido o que quisieran continuar en la institución.
“Eso lo entiendo perfectamente y también diría que si no hubiera la prohibición constitucional, qué mejor que personas juzgadoras de carrera judicial que han pasado por diversos filtros para llegar a donde están, fueran las que se quedaran impartiendo justicia”.
En el tema de las adscripciones se necesita tener en la comisión la mayoría calificada de cinco votos. Entonces, al no alcanzarse esta mayoría calificada, las propuestas fueron desechadas.
Lo que sí reprocha es que les entregaron las propuestas el día anterior y sin la justificación, sin la documentación soporte para poder analizarlo. “No es una cuestión de personas, sino de formas”.
Lo que busca dejar en claro es que no hubo piso parejo para todas las personas que se encontraban en una misma situación y ante eso, entonces ya no hay total claridad y no era correcto tomar decisiones desde la opacidad o la información limitada.
Hay la posibilidad de que haya órganos sin titulares
Aclara que dentro del Consejo de la Judicatura sí hay una preocupación real para que la justicia no se paralice.
“Estamos en un momento crítico porque las personas concluyen su labor como juzgadores, están prácticamente a punto de irse. Las nuevas personas juzgadoras apenas van a tomar protesta constitucional y faltará todavía que se les adscriba”, alerta.
Hay la posibilidad de que se dé un lapso complejo en que pudieran quedar órganos sin titulares. Es un problema real, acepta, pero también lo es la preocupación por parte de las personas que integran el CJF de buscar los cauces para que la justicia siga al servicio de la sociedad, sin contratiempos.
Eso es lo que se está analizando por parte del consejo, una salida a través de una figura que no es novedosa y que siempre ha existido, que las personas secretarias sean quienes puedan sustituir temporalmente las ausencias de los juzgadores.
“Esa podría ser una solución, pero obviamente esto es una decisión colegiada que seguramente atenderemos en un futuro ya inminente, ya muy muy próximo, porque el cierre, la vida del Consejo de la Judicatura Federal tiene sus horas contadas. Tiene que ser en estos días”.
El miércoles 27 de agosto, a cuatro días de que se extinga el CJF, su pleno tendrá la última sesión, pero discutir el tema dependerá de la lista de asuntos que se incluyan en el orden del día.
“Sin embargo, sí tenemos que tomar en consideración que hay limitantes que no pusimos quienes estamos en el Consejo de la Judicatura, sino que son parte de esta propia reforma”, recalca.
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Ya van a apagar la luz y no saben a quién entregar las llaves
Otro tema que le preocupa es que a unos días del cierre del Consejo de la Judicatura aún no saben quiénes son las personas a las que les va a hacer la entrega de lo administrativo. Ni siquiera están nombradas las que integrarán ese órgano, entonces están en una transición sin transición.
“Hay mucha incertidumbre, inclusive en el grueso de las personas que laboran en el Consejo, porque no saben si van al órgano de administración, si se quedan en el de Disciplina, a una semana y días de que aquí apaguemos la luz”.
VGB