El Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio carpetazo a la presunta recepción de aportaciones indebidas por parte de Pío López Obrador -hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador- por parte de quien fuera coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, David León Romero.
El hecho, que quedó registrado en video y difundido en agosto de 2020, se acompañó de señalamientos en el sentido de que esos recursos serían destinados a actividades político-electorales de Morena, explicó la consejera Carla Humphrey.
Cinco años de investigación
A partir de ello, diversas personas y partidos políticos presentaron denuncias ante el INE argumentando la presunta recepción de aportaciones prohibidas en efectivo no reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización y con la posibilidad de que provinieran de un servidor público.
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En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización inició los procedimientos sancionadores y luego de que el 28 de octubre de 2020 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación 105, promovido por el propio Pío López Obrador, en el cual le ordenó al Instituto dar continuidad a las investigaciones.
A partir de eso se inició la investigación que se prolongó durante cinco años. La Unidad Técnica de Fiscalización realizó múltiples diligencias, solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al partido Morena, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como a personas directamente vinculadas en los vídeos, incluidos a David León Romero y a Pío López Obrador, a empresas relacionadas con el primero, a fin de rastrear posibles vínculos financieros.
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Niega TSJCDMX información
Se recibieron diversas respuestas que en lo general no acreditaron transferencias bancarias ni flujos financieros irregulares. Pero también hubo negativas a cooperar con la investigación, lamentó la consejera.
Fue el caso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que negó la entrega de la información solicitada, con el argumento del secreto ministerial, lo cual representó un obstáculo importante para profundizar en ciertas líneas de investigación, explicó Humphrey.
Aunque en la investigación por parte de la unidad se verificó la trazabilidad financiera en montos bancarios, contables, fiscales, se analizó documentación, soporte y registros contables, incluso se consideraron peritajes técnicos al material audiovisual, de nada de ellos se obtuvo un grado suficiente para acreditar la conducta denunciada, reconoció la consejera.
“No hay rastro bancario, no hay registro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado. Por lo tanto, la conducta no se acredita y esto otra vez nos llama a la urgencia de fortalecer nuestras herramientas en materia de fiscalización y la obligación legal de todas las autoridades aportar información cuando esta autoridad lo solicite en materia de fiscalización”, urgió.
Tampoco colaboró la Fisel
El consejero Jaime Rivera aportó más elementos para entender por qué no prosperó la investigación que involucraba al hermano del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.
Recordó que fue por medio de una prueba técnica -un video- de esas que dejan evidencias, que quedó constancia del hecho. A eso se sumó que a los pocos días, un testigo de calidad -el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador- dijo públicamente que ese dinero formaba parte de aportaciones al movimiento.
“No era difícil interpretar el significado de esas palabras”, puntualizó Rivera.
El 2 de septiembre de 2020, el INE inició la investigación de los hechos a partir de la presentación de diversas quejas. Se solicitó información, entre otras autoridades, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, (Fisel), así como al propio Pío López Obrador.
En el caso de la Fisel, se resistió a informar al INE de sus investigaciones, pero más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó proporcionar al INE la información y documentación de las carpetas de investigación respectivas.
El 15 de septiembre de 2022, la Fiscalía remitió al INE copias certificadas de la carpeta de investigación, aunque en ellas no había información que aclarase el origen ni el destino del dinero, reprochó el consejero en su recuento.
“Sabemos que la Fiscalía cuenta con más facultades y medios más efectivos de investigación que el INE, sin embargo, en octubre de 2022, la Fiscalía determinó no ejercer acción penal”.
Las causas esgrimidas por esa autoridad investigadora son que los videos exhibidos fueron alterados en el proceso de postproducción. No es que su contenido esencial haya sido borrado, sino que los videos ya no estaban inmaculados y, por lo tanto, según la FISEL, perdían su valor probatorio, dijo Rivera.
Ante la conclusión de la fiscalía, el INE llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos, pero resultaron infructuosas.
“La Fiscalía consideró insuficientes los elementos de hecho”.
En la discusión del tema, también participó la consejera Dania Ravel, quien defendió el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización de allegarse de información, aunque sus intentos en realidad fueron infructuosos.
“Comencemos por ejemplo con el hecho de que las pruebas que tenemos únicamente en este caso son enlaces electrónicos de diversas notas periodísticas, las cuales se relacionan con dos videograbaciones, entonces en realidad son dos videograbaciones lo que tenemos como prueba”.
Sobre la respuesta de la FISEL, dio más detalles. Su postura fue de desvirtuar la autenticidad de estos videos desde la perspectiva de que pudieron haber sido alterados, mencionando que presentan cortes, que hay partes del audio que son inentendibles, que no se puede garantizar que efectivamente no haya sido manipulado.
La UIF tampoco aportó datos
Pero también se hicieron diligencias con la Unidad de Inteligencia Financiera, que contestó que no tiene investigaciones relativas a las operaciones financieras respecto a los hechos denunciados, con la Comisión Nacional Bancaria y Valores, con el Sistema de Administración Tributaria, la Auditoría Superior de Chiapas.
“Con las personas involucradas que, por supuesto, niegan la existencia de los hechos. La Dirección de Auditoría dice que no se registraron operaciones en efectivo a favor de Morena por parte de las personas denunciadas”, continuó Ravel.
El representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sondón Saavedra, recordó que la entrega del dinero en efectivo por parte de David León Romero, quien era entonces un operador político, fue con la clara finalidad de destinarlos al movimiento de Morena y en consecuencia a actividades político-electorales.
“No se trata de anécdotas, se trata de corrupción a la vista de todos; hechos que no sólo fueron grabados, sino reconocidos por los protagonistas y admitidos por el vivo presidente, quien dijo que era para financiar el movimiento. La Legislación es contundente, las aportaciones en efectivo están prohibidas, las colectas informales no tienen cabida en nuestro sistema y todo recurso debe ser bancarizado, registrado y fiscalizado por esta autoridad”.
También dijo que en palabras del propio David León, se trataba de un esquema mensual de aportaciones, documentada incluso en una libreta que le llamaban La Biblia, quien financia esta oscura actividad del partido político Morena.
“Morena violó la ley, ocultó los ingresos y traicionó la confianza de la ciudadanía. No se trata únicamente de sancionar un hecho del pasado, se trata de demostrar si en México la ley se aplica para todos o si existe una familia de un expresidente que pueda ser intocable”.
En el mismos sentido se pronunció la representante del PRI ante el instituto, Marcela Guerra.
“Entonces hay corrupción, evidentemente; hay impunidad, también; hay uso indebido del poder, por supuesto, pues son influencias, es el hermano del señor Presidente; y hay un recurso ilícito que no se sabe el origen y tampoco se sabe el destino, porque finalmente, el Presidente dijo que iba a financiar el movimiento, pues es un financiamiento ilícito”.
El representante del Poder Legislativo de Morena ante el INE, Ernesto Alejandro Prieto, defendió a la FISEL.
“Esto no fue un fallo político, es una resolución plenamente jurídica que se sustenta en un principio esencial: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.