El uso de un dron de la Agencia de Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) en el sur del Estado de México, área de influencia del grupo criminal La Familia Michoacana y los que forman Cárteles Unidos, hace suponer que esa organización está en la mira de las autoridades mexicanas y estadounidenses que están empleando todos los recursos a su alcance para destruirlas.
“Lo que probablemente se viene no solo es el arresto del liderazgo de la Familia Michoacana, sino una decapitación masiva de muchos liderazgos criminales y probablemente el que más lo va a resentir es el Cártel Jalisco, no tanto por saña, sino porque es el más grande y es el único otro gran rival que queda después de haber decapitado al Cártel de Sinaloa”, dice en entrevista con La Silla Rota, Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos y especialista en seguridad.
Hernández, profesor de seguridad en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Iberoamericana, y consultor jurídico, señala que el uso de elementos tecnológicos como el dron de CBP tienen implicaciones más profundas que la vigilancia inédita de una agencia de EU en territorio mexicano, como los efectos que tendrá la eventual decapitación de algún grupo y los alcances que tendrán la colaboración entre los gobiernos.
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Contexto: el 14 de agosto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que un dron de CBP había sobrevolado territorio del Estado de México por alrededor de tres horas.
Sin embargo, sostuvo que esa aeronave no tripulada voló por la zona a solicitud del gobierno mexicano. “Vuelan específicamente en apoyo y colaboración de investigaciones que llevamos en nuestro país, en este caso vuela en la zona de Tejupilco y otras zonas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país".
Decapitación y pulverización
La búsqueda de un grupo como La Familia Michoacana o el CJNG, que han extorsionado y saqueado a comunidades desde hace varios años, y la captura de sus líderes llegado el momento tendrán un efecto casi publicitario pero con impacto limitado porque el grupo no necesariamente dejará de actuar, dice el experto.
La historia enseña que, una vez caídos, esos liderazgos son remplazados rápidamente por nuevos operadores por lo que sugiere revisar que más allá de los individuos a quienes se detiene, lo importante son las estructuras de los grupos criminales, que funcionan pese a los aparentes golpes.
“(Los cárteles) son empresas mucho más eficientes que cualquier otro consorcio que nos imaginemos. Es muy ejecutiva la rotación de personal. En su momento Felipe Calderón presumió haber desmantelado a la Familia Michoacana, pero inmediatamente apareció otro, que es el caso de los Caballeros Templarios, por eso nadie se nadie se dio cuenta que desapareció.
“Igual, Enrique Peña presumió haber desmantelado a los Caballeros Templarios, pero, sorpresa, hoy tenemos en la misma zona con los mismos métodos y depredando las mismas comunidades, a la llamada Nueva Familia Michoacana”.
Dudas sobre la entrega de capos
Las implicaciones del uso de tecnología militar estadounidense para buscar a grupos del crimen en México también provoca inquietud, dice Hernández.
Este hecho puede ser el inicio de una escalada en la que la política tradicional de perseguir a los criminales para detenerlos y responder en caso de ataques sea dejada de lado y adoptar el enfoque de eliminarlos, a tono con el discurso de la administración de Donald Trrump.
“Nunca creí vivir ver en un radar un dron de ese tipo tan cerca del Valle de México, que es la zona sagrada para la Fuerza Aérea porque es un perímetro en el que está está la capital de la República”.
Una situación similar e inédita que lleva a preguntarse sobre las consecuencias de la cooperación entre ambos gobiernos es la segunda entrega a EU de acusados de narcotráfico y crimen organizado, algunos de ellos ya sentenciados, como es el caso de Servando Gómez, “La Tuta”.
El gabinete se seguridad sostuvo que la decisión se fundamentó en la Ley del sistema nacional de seguridad pública, que permite enviar a otro país a personas que orquestan crímenes o dirigen sus organizaciones desde la cárcel.
“Lo que les hicieron a estos 26 individuos no existe en el derecho penal mexicano, lo que hicieron fue exiliarlos, y el exilio dejó de existir en el derecho mexicano desde la Segunda Guerra Mundial. No existe la expulsión para mexicanos, aplica para extranjeros si vienen a México, causan problemas, entonces se van. Pero el derecho mexicano no permite exiliar personas. He escrito dos de las leyes del sistema de seguridad nacional, del derecho de la seguridad nacional y no hay ni una mención de la palabra extradición”
Al enviar a los presos por crimen organizado, concluye Víctor Hernández, se distorsionó el derecho en materia de seguridad nacional y se trata de fingir que medidas decisiones se toman en consenso con Estados Unidos cuando no son una “decisión soberana ni legal”.
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gph