Cuatro expolicías fueron detenidos en un operativo realizado en Puebla, tras varios meses de investigación contra servidores públicos presuntamente vinculados con el crimen organizado. La acción concluyó este 1 de agosto de 2025 con un comunicado conjunto de diversas instituciones federales y estatales.
En el despliegue participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.
Los detenidos fueron identificados como Ismael Franco Lucero, Hugo Salas Palacios, Diego Sánchez Juárez y José Manuel Lechuga Flores. Contaban con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio. Se les relaciona con el asesinato de dos policías en marzo de este año y con una agresión armada ocurrida en febrero.
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A partir de esos ataques contra autoridades en la entidad, se abrieron líneas de investigación que permitieron identificar a los presuntos responsables. La indagatoria reveló que los expolicías brindaban información y protección a grupos delictivos, además de interferir en investigaciones por homicidio y distribución de droga.
Con labores de vigilancia, seguimiento y recopilación de información, se obtuvieron los datos de prueba necesarios para solicitar y ejecutar los mandamientos ministeriales. Las órdenes fueron cumplimentadas en distintos domicilios del municipio de Puebla.
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Durante las detenciones se aseguró un arma larga, un cargador y diversos cartuchos. Tras informarles sus derechos, los cuatro hombres fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, junto con lo asegurado, para definir su situación legal e integrar la carpeta de investigación correspondiente.
Las autoridades agradecieron públicamente el respaldo del gobernador de Puebla, para la realización de este operativo. El Gabinete de Seguridad reafirmó su compromiso de colaboración con las entidades federativas para capturar a generadores de violencia y fortalecer la seguridad y paz en el país.
Policías y funcionarios vinculados con el crimen organizado
Contexto: entre 2024 y 2025, múltiples estados de México registraron detenciones de policías, expolicías y servidores públicos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
En Chiapas, durante finales de 2024, fueron arrestados 55 policías municipales, principalmente en Comitán de Domínguez y Tuxtla Gutiérrez, acusados de asociación delictuosa y colaboración con el Cártel de Sinaloa. También se desmantelaron narcotiendas y se les vincula con desapariciones forzadas y motines.
En Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública estatal reportó que 16 agentes municipales fueron separados de su cargo e investigados por delitos como secuestro, extorsión y narcomenudeo; a algunos se les incautaron armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
En Jalisco, durante el sexenio del exgobernador Alfaro, se identificaron 285 policías municipales vinculados con el crimen organizado, algunos señalados por colaborar en homicidios o encubrimiento.
En el Estado de México, la "Operación Enjambre" desplegada en noviembre de 2024 y abril de 2025 permitió la detención de 59 servidores públicos incluidos directores de seguridad pública, jefes policiacos y una alcaldesa, por presunta facilitación de actividades de cárteles como CJNG, La Unión Tepito, Nuevo Imperio y La Familia Michoacana.
En Tabasco, en febrero de 2025 se giró una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal, presunto líder criminal vinculado al CJNG, quien se fugó del país y tiene ficha roja de Interpol.
Estos casos reflejan acciones de autoridades federales y estatales que aplicaron mandamientos judiciales contra elementos de seguridad y funcionarios señalados de facilitar o colaborar con grupos del crimen organizado.
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¿Por qué es relevante el tema?
El tema es relevante porque expone la infiltración del crimen organizado en instituciones de seguridad y gobierno, lo que debilita el estado de derecho y pone en riesgo la integridad de las investigaciones y la seguridad ciudadana.
La detención de policías, expolicías y funcionarios públicos muestra fallas estructurales en los mecanismos de control, vigilancia y depuración interna.
Además, revela la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales para combatir la corrupción y la colusión delictiva desde dentro del aparato estatal, factores clave en la escalada de violencia e impunidad en varias regiones del país.
VGB