La jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), pronunció un discurso en el que calificó la reforma judicial implementada en 2025 como un "golpe de Estado constitucional" y el "secuestro legalizado del último contrapeso del poder presidencial en México".
Durante su intervención, la jueza Fuentes Velázquez afirmó que la reforma se habría realizado, según su perspectiva, mediante la corrupción, la compra de votos y la amenaza a legisladores, cuestionando su carácter democrático. Asimismo, acusó a quienes celebran la reforma de haber "destruido la autonomía judicial" y de haber "mentido, desprestigiado, manipulado y corrompido el debate público" para justificar lo que describió como la "captura del Poder Judicial Federal".
La directora de Jufed argumentó que el sistema judicial fue señalado como "podrido" porque, en realidad, "les estorbaba porque protegía a las y los mexicanos de los abusos del poder".
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La jueza describió el sistema judicial resultante de la reforma como una "maquinaria para castigar al disidente y a los periodistas, para blindar al poder, para legitimar la arbitrariedad". Respecto a la situación política actual, declaró que el país "está en manos de una sola persona" y caracterizó la dirección de Claudia Sheinbaum como un "proyecto autoritario, centralista, que va en sentido contrario a la historia".
En cuanto a la elección de jueces, la jueza Fuentes Velázquez sostuvo que la promesa de que "el pueblo elegiría a sus jueces" resultó ser una "mentira", afirmando que estos fueron "impuestos con manipulación, propaganda, sin debate, sin equidad, con recursos del Estado, con clientelismo y con control". Concluyó que el proceso "no fue una elección", sino una "imposición".
Desde Jufed, se anunció la intención de combatir estas elecciones "en el ámbito internacional, en las cortes de derechos humanos, en los foros diplomáticos, en cada espacio donde la legalidad tenga voz".
La jueza argumentó que la ausencia de un Estado de derecho, en un contexto donde los jueces responden a intereses partidistas, elimina la garantía para inversiones, empresas y generación de empleo. Expresó preocupación por la seguridad de empresarios, profesionistas y comunidades, al considerar que cualquier decisión podría ser "anulada, revertida o perseguida sin defensa judicial efectiva".
Observaciones y advertencias de organismos internacionales
La Comisión Europea y las Naciones Unidas han documentado un "retroceso en derechos humanos y libertades" en países como Polonia, Hungría y El Salvador, donde el poder ha, según la jueza, "cooptado a los jueces".
La relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial advirtió en julio de 2024 que la elección popular de jueces "podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad del sistema judicial, ya que las consideraciones políticas podrían fácilmente priorizarse sobre los méritos objetivos de un candidato".
El grupo de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó, tras las elecciones judiciales, que "no recomienda la adopción del modelo mexicano de elección judicial en otros países de la región", señalando que el proceso "no garantizó condiciones de equidad, transparencia ni competencia real entre los postulantes". La jueza enfatizó que los juzgadores "no se pueden elegir así, sino por carrera judicial".
Elecciones no fueron legítimas
Fuentes Velázquez declaró que las elecciones judiciales de 2025 "no fueron legítimas" al carecer de "condiciones mínimas", y que el Instituto Nacional Electoral (INE) "avaló un proceso sin garantías de equidad ni transparencia", lo que, según la jueza, "compromete su función constitucional" y "pone en duda su capacidad para garantizar procesos electorales confiables en el futuro". Calificó la elección judicial como el "inicio de un proceso de degradación institucional".
La jueza aseveró que el "verdadero proyecto del oficialismo es consolidar un sistema autoritario que ha depredado todas las instituciones autónomas". Argumentó que la "democracia imperfecta" previa "funcionaba" y "les estorbaba" porque el derecho "se convertía en límite para sus ambiciones", lo que habría llevado a su demolición.
Hizo un llamado a la acción para una "insurgencia cívica para proteger el Poder Judicial", advirtiendo que, de no reaccionar, "en 2027 ya no tendremos país que defender". Afirmó que "no puede haber elecciones judiciales en 2027" porque el modelo "ya ha sido descalificado por observadores internacionales", ha "generado ceses arbitrarios" y ha "puesto en duda la legitimidad del Poder Judicial".
En el ámbito internacional, la jueza Fuentes Velázquez aseguró que México "ha violado compromisos asumidos en tratados como el Pacto de San José" y "ha dejado de ser un país confiable ante la comunidad internacional". Mencionó que Estados Unidos y la Unión Europea "han expresado su preocupación por la desaparición de los contrapesos institucionales" en el país.
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Jufed planea presentar "reportes documentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" y activar "los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales disponibles para frenar esta regresión democrática".
La jueza solicitó el apoyo para los juzgadores que fueron "obligados a jubilarse y a retirarse por esta reforma", describiendo su retiro como una "purga institucional sin ética ni legalidad". Además, acusó que el gobierno "se apoderó de los recursos destinados para las indemnizaciones de los juzgadores" y exigió que Nafin "cumpla con las suspensiones y el gobierno regrese esos recursos". Instó a los jueces aún activos a no "guardar silencio" y a "sumarse a esta defensa".
Dirigiéndose a los ciudadanos, la jueza señaló que "también son las víctimas" y que sus hijos "crecerán sin garantías, sin tribunales independientes, sin contrapesos". Explicó que han perdido la "posibilidad de tener un juez que no obedezca órdenes".
Finalmente, la jueza Fuentes Velázquez expresó solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México y aseguró, a nombre de Jufed, que continuarán con la "lucha por el Estado de Derecho", a la que llamó a la ciudadanía a sumarse. Concluyó su discurso afirmando que "la república se defiende con coraje, con razón y con palabra".
djh