La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a investigar a fondo los recientes casos denunciados en los que menores de edad han sido casadas o han dado a luz.
La mandataria señaló que las denuncias incluyen situaciones en las que niñas menores habrían estado casadas con adultos, en algunos casos sin su consentimiento. Ante ello, instruyó a su equipo a recolectar información y realizar una investigación para determinar si hubo delitos que ameriten acción judicial .
"No es posible un casamiento con menores de edad sin autorización legal, y que la legislación mexicana protege a los menores, por lo que estos casos podrían constituir delito penal", señaló la presidenta.
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La queja surge luego de que colectivas feministas alertaron que al menos 30 niñas menores de 12 años se convirtieron en madres durante 2024, según datos oficiales de la Secretaría de Salud. A esto se suman cinco casos más de adolescentes entre 15 y 17 años, todos con una marcada diferencia de edad respecto a los hombres que resultaron ser los padres.
¿Por qué es importante el tema?
- Los casamientos y embarazos infantiles representan graves violaciones a los derechos de la infancia y la legislación mexicana estipula sanciones claras para protegerlos.
- El anuncio muestra una respuesta institucional frente a casos identificados por colectivas, lo que refuerza la atención pública y el empoderamiento de las víctimas.
- La investigación ordenada podría derivar en procesos jurídicos concretos, creando un precedente en la aplicación de la ley para la defensa de niñas y adolescentes.
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En México, el matrimonio infantil está prohibido por ley desde 2019, cuando se reformó el Artículo 148 del Código Civil Federal para establecer que tanto hombres como mujeres deben haber cumplido 18 años de edad para contraer matrimonio, sin excepción ni posibilidad de dispensa por parte de padres, tutores o jueces. Esta reforma fue acompañada por la armonización de los códigos civiles o familiares de las 32 entidades federativas que eliminaron cualquier autorización para que menores se casaran legalmente.
Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe toda práctica que vulnere su desarrollo, incluida la unión forzada o anticipada. A nivel internacional, México está obligado por tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño y la CEDAW, que rechazan explícitamente el matrimonio infantil.
Cifras del matrimonio infantil en México
A pesar del marco normativo, las uniones tempranas persisten de forma informal, especialmente en comunidades indígenas, rurales o marcadas por la pobreza. Según datos del Censo 2020 del INEGI, más de 200 mil personas menores de 18 años estaban unidas —casadas o en concubinato— y el 84% eran mujeres. Entidades como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Michoacán presentan las mayores tasas.
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Estas uniones, muchas veces encubiertas como acuerdos culturales, implican graves riesgos: abandono escolar, embarazos adolescentes de alto riesgo, violencia sexual y económica, y falta total de protección jurídica para las niñas. Organismos como UNICEF, Save the Children y la Conapo advierten que la práctica no ha desaparecido, sino que se ha invisibilizado, escapando del control institucional y persistiendo en contextos de desigualdad estructural.
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