Fraude con descuento. Las irregularidades cometidas por los aspirantes durante la elección judicial fueron sancionadas con montos mínimos al tomarse en cuenta la capacidad económica de los candidatos.
Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció inicialmente que las sanciones por aparecer en los llamados acordeones serían equivalentes al 10% del tope de gastos de campaña, los montos se redujeron considerablemente bajo el argumento de la “capacidad económica” de las personas candidatas.
Por ejemplo, a quienes resultaron electos como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se les planteó originalmente una multa de hasta 146 mil 885 pesos por cada tipo de acordeón (físico y digital). Sin embargo, las sanciones impuestas fueron mucho menores. Loretta Ortiz pagará 127 mil pesos y Irving Espinosa, apenas 39 mil 599 pesos.
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En total, se sancionó a 177 candidaturas ganadoras —tanto del Poder Judicial Federal como de los poderes judiciales locales en 19 entidades— con multas que suman poco más de 18 millones de pesos por irregularidades detectadas durante la fiscalización. De ese total, 10.3 millones corresponden a sanciones en el ámbito federal y 7.9 millones al local.
La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, señaló que el INE revisó más de 7,300 informes únicos de campaña, auditó cerca de 900 millones de pesos en ingresos y egresos y documentó más de 17,000 irregularidades. “No se puede construir legitimidad desde la omisión ni desde la simulación”, advirtió.
Entre las faltas más frecuentes figuran egresos no comprobados, ingresos prohibidos, pagos en efectivo por encima del límite legal, y aportaciones ilegales, tanto a nivel federal como estatal.
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Además, el Consejo General aprobó abrir un procedimiento oficioso para investigar el origen de los recursos y plataformas utilizadas para producir y difundir los acordeones, así como aplicar amonestaciones públicas a personas candidatas no electas que también se beneficiaron de esta estrategia.
A pesar de lo inédito del proceso, la resolución del INE dividió opiniones. Consejeros como Guadalupe Taddei y Norma de la Cruz se opusieron a las sanciones por considerar que no había sustento jurídico suficiente y advirtieron que podrían ser revocadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
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