La Alianza de Medios Mx criticó una resolución judicial en Campeche, en la que la jueza Ana Maribel de Atocha Huitz May ordenó que el medio Tribuna y su exdirector, Jorge Luis González Valdez, sean supervisados por un interventor designado por el Tribunal Superior del Estado. Este funcionario deberá revisar y autorizar cualquier contenido vinculado con la gobernadora Layda Sansores antes de su publicación.
Las medidas establecen que González deberá abstenerse de "actuar, declarar u opinar sobre Sansores" y que no deberá publicar imágenes o textos que la mencionen. El contenido periodístico, las opiniones y las declaraciones requerirán autorización previa del representante judicial.
Además, se dispuso que cuando el periodista participe en programas, ofrezca conferencias o emita opiniones públicas, deberá estar acompañado por el interventor, quien ejercerá funciones de censor oficial.
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Reacciones del periodista
Con 71 años cumplidos y más de 40 años de carrera periodística (30 años como director de Tribuna), González calificó las medidas como “excesivas, aberrantes y violatorias de mis garantías individuales”, advirtiendo que representan un precedente de censura en Campeche jamás visto en años recientes.
La jueza Huitz May justificó las medidas como necesarias para salvaguardar los derechos de la víctima, en referencia a la gobernadora Sansores, y aseguró que no buscan suprimir la libertad de expresión sino prevenir ataques que hiendan su dignidad.
Preocupa a Alianza de Medios Mx censura judicial en Campeche
La Alianza de Medios Mx manifestó su preocupación por las recientes medidas cautelares emitidas el 15 de julio por la jueza interina Ana Maribel de Atocha Huitz May, dirigidas contra el periodista Jorge Luis González Valdez y el medio Tribuna Campeche.
Estas restricciones, recuerda la Alianza, se dan apenas días después de que un tribunal federal declarara inconstitucionales medidas similares emitidas el 9 de julio, que habían prohibido a González Valdez ejercer el periodismo y obligaban al cierre de la plataforma digital del medio. La organización denuncia que la nueva orden reproduce los mismos patrones de censura previa, que contravienen estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.
En un comunicado, rechazó categóricamente el uso del sistema de justicia para condicionar o restringir el trabajo periodístico, exigió que se respete el debido proceso y llamó a poderes judiciales, tanto locales como federales, a evitar que se utilice el acceso a los tribunales como un mecanismo para silenciar voces críticas.
Asimismo, la organización señaló que este caso evidencia la urgencia de reforzar las garantías que permitan a los periodistas en México ejercer su labor sin presiones ni represalias
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Casos recientes de censura en México
La libertad de expresión en México ha sido objeto de discusión en las últimas semanas tras una serie de hechos que distintos sectores han señalado como posibles actos de censura o riesgo de ella. Diversas organizaciones, medios y actores públicos han documentado casos en entidades como Puebla y Campeche, así como pronunciamientos de organismos federales.
Puebla: Reforma al ciberacoso genera alarma por la penalización de “ofensa persistente” que podría limitar críticas en redes.
Michoacán y Sinaloa: Proyectos de ley prevén sanciones por “apología de la violencia” o “violencia digital”, algunos frenados por asociaciones de prensa.
Alianza de Medios MX: Inició censo nacional de demandas legales contra periodistas por “daño moral” y calumnia, reportando un aumento de querellas y procedimientos jurídicos contra comunicadores.
Uno de los casos más reconocidos es el de Karla Estrella, ciudadana a quien el Instituto Nacional Electoral sancionó luego de publicar en redes sociales un video donde cuestionó la candidatura de Diana Karina Barreras en la pasada elección federal de 2024. El INE argumentó que su publicación constituía una infracción a las normas de propaganda en tiempos prohibidos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Estrella, usuaria de X, por violencia política en razón de género contra la diputada del Partido del Trabajo, con quien debe de disculparse públicamente durante 30 días.
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