Aunque el Censo de Procuración de Justicia 2024 del INEGI reporta que hubo un aumento de presupuesto de 11.3% para la Fiscalía General de la República y de 10.5% para las estatales, ese incremento no se refleja en menor impunidad o mayor número de investigaciones resueltas, dijeron a La Silla Rota expertos en seguridad.
Susana Camacho de México Evalúa, indicó que desde la llegada de Alejandro Gertz a la FGR se redujo el número de carpetas de investigación abiertas.
Adicionalmente, las cargas de trabajo para los ministerios públicos no sólo son desproporcionadas con el de sus pares de otros países, sino que incluso aumentaron.
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Las carpetas por cada agente del MP en 2023 eran 310, más numerosas que en 2022 cuando eran 181, de acuerdo con datos de México Evalúa. En Estados Unidos las cargas son de entre 6 a 15 casos por fiscal.
Asi lo dice en entrevista con La Silla Rota, la investigadora de la organización México Evalúa, Susana Camacho, a partir de la revisión de datos del Censo de Procuración de Justicia, publicado a inicios de este mes por el INEGI.
“El rezago tampoco será un tema que se vaya a resolver simplemente contratando un montón de ministerios públicos más. Tiene que haber políticas y un análisis de las cargas de trabajo por los delitos que tienen en la fiscalía para poder decir, estos casos su solución óptima sería un mecanismo alternativo o un criterio de oportunidad o sí vale la pena que lo llevemos a juicio oral. La realidad es que la mayoría de las fiscalías no hacen esos estudios de estrategias en función del tipo de delitos y de las soluciones que serían más justas para las personas”, explica.
Otro aspecto relevante incluido en el censo es que en las fiscalías aún se apuesta por la detención en flagrancia, más que al trabajo de investigación y debido a ello, las primeras tienen los casos de detenciones con más inculpados y mayor posibilidad de fluir en el proceso.
“En cambio, si revisas aquellos casos que provienen de que se ejecutaron órdenes de aprehensión, implican que en estos sí hubo investigación y por lo que se puede ver, son menos los casos en los que realmente se está haciendo este trabajo”.
El objetivo del censo
El censo del INEGI tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de la FGR y las fiscalías o procuradurías de justicia estatales, en temas de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes, mecanismos alternativos de solución de controversias y servicios periciales y/o servicio médico forense.
El periodo de levantamiento de datos fue de marzo a septiembre del año pasado. La presentación de resultados generales del Censo informa que en el levantamiento de datos, la Fiscalía General de San Luis Potosí no proporcionó información sobre personas fiscales o agentes del Ministerio Público, personas peritas, policías ministeriales, investigadoras o judiciales y personal administrativo y de apoyo de las áreas sustantivas (fiscalías o agencias del Ministerio Público, servicios periciales y/o servicio médico forense y de mecanismos alternativos de solución de controversias).
Este dato de la fiscalía potosina no sorprendió al coordinador del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia, Francisco Rivas. Dice que ese caso es preocupante porque hay problemas como la práctica de la disuasión de la denuncia
“Tengo casos de personas conocidas que denunciaron la desaparición de sus hijos y nunca siquiera los recibieron en la fiscalía especializada”, critica. Menos se registraron sus datos.
Otra fiscalía que no entregó todos los datos fue la General de Guanajuato, que no proporcionó la información sobre policías ministeriales, investigadoras o judiciales.
Contexto: ¿Reforma a las fiscalías?
El desempeño de las fiscalías es un tema que está a revisión en el ámbito político. El pasado 19 de junio el senador por Morena, Waldo Fernández, propuso regresar al modelo anterior en el que las fiscalías dependían del Poder Ejecutivo, ya que según el legislador, la autonomía no ha funcionado, y que por lo menos en el Senado se analizaba esa posibilidad en Nuevo León.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 20 de junio que está abierta la puerta a un análisis profundo de la revisión del funcionamiento de las fiscalías, pero descartó presentar al Congreso de la Unión una reforma para quitarles la autonomía.
En su último informe al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña dijo el 10 de diciembre que las exposiciones de motivos que justificaron las dos iniciativas presidenciales presentadas en bloque con la reforma judicial, se referían a la enorme debilidad de las policías y fiscalías del Estado para hacer frente a la violencia y el crimen organizado.
Ante ello, cuestionó que todos los esfuerzos se hayan concentrado en la transformación del Poder Judicial, y en contraste no había propuestas para remediar “los profundos problemas de las instituciones policiales y las fiscalías”, así como la atención a los millones de víctimas de delitos.
Más carpetas de investigación
Durante 2023, se iniciaron/abrieron 2 millones 228 mil 265 investigaciones y carpetas de investigación, de las cuales 3.6 % fueron para la FGR y 96.4 % para las FGE. Esta cantidad significó un aumento de 2.9 % respecto a 2022.
Al respecto, Camacho plantea una hipótesis a corroborar. Podría implicar que la gente está más dispuesta a denunciar los delitos. Para comprobarla, sin embargo, es necesario cruzar este dato con otros factores, porque podría ser que la causa no sea una mayor confianza para denunciar, sino porque realmente está aumentando la incidencia delictiva.
Bajan investigaciones pendientes; el rezago sigue
Aunque de acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia del Inegi, el número de averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación pendientes se redujo en la FGR y fiscalías estatales en 9% en conjunto durante 2023, quedan pendientes 2 millones 654 mil 284, de los cuales 53 mil 604 son de la FGR y 2 millones 600 mil 680 de las estatales.
“Estos números de rezago nos hablan de que no está habiendo respuestas efectivas para las personas que presentan denuncias y que son casos que se quedan ahí en los archivos, en las fiscalías, archivados”, dice a La Silla Rota la investigadora de México Evalúa, Susana Camacho.
La evaluación del aumento de recursos económicos, en términos de resultados, resulta insuficiente, considera Camacho. En los estudios de México Evalúa, por ejemplo, las cargas de trabajo de los fiscales son por mucho más elevadas si se le compara con otros países donde la justicia es más eficiente y en los que sí funciona más o menos el sistema de justicia penal.
La investigadora ve bien que se aumenten los recursos para las fiscalías, pero también tiene la impresión de que no se están aplicando de manera estratégica.
Se apuesta por la flagrancia más que por la investigación
Otros datos incluidos en el censo son que de las 2 millones 228 mil 265 averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación iniciadas o abiertas, 555 mil 805 fueron con persona inculpada o imputada y 1 millón 415 mil 805 sin persona inculpada o imputada.
Camacho explica estas cifras. Lo que se ha visto a lo largo de los años es que sí son mucho más frecuentes -y esto tiene que ver mucho con el funcionamiento de las fiscalías a nivel estatal- las detenciones en flagrancia, sobre los casos que resultan de una investigación que conllevan a emitir órdenes de aprehensión y que estas se ejecuten.
Muchos casos se van a archivo temporal
Un dato que le llama la atención a Camacho es el porcentaje de determinaciones y/o conclusiones efectuadas en las carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial por el MP de las FGE, que fue de 1 millón 677 mil 813. Esta cifra presentó una disminución de 3.9 % en comparación con 2022. Del total, 47.9 %, equivalente a 803 mil 188 se trató de archivo temporal.
Eso merecería un estudio a más profundidad sobre qué es lo que se está archivando y qué tanto hay posibilidades de que investigaciones que se forman al archivo se puedan sacar de ahí porque hay un impulso en la investigación.
“O sea, tú comparas lo archivado contra lo que el ministerio público es capaz de llevar a acusación y la verdad es que las cifras son muy bajas, en cuanto a lo que sí logra pasar a proceso penal, entendiendo que una vez que se acusa, pues ya está en sede judicial”.
El desempeño de Gertz Manero
Susana Camacho también menciona que desde la llegada de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, en enero de 2019, lo que sí se advierte en datos es que hay una disminución considerable de las carpetas que se iniciaron en el ámbito federal.
“No es que haya menos delitos federales, sino que en esta administración del fiscal hubo una política muy marcada a ser más duros con la recepción de las denuncias de los casos y muchos tuvieron que ser absorbidos por las entidades federativas”.
Fiscalías locales hacen detenciones sin apegarse a derecho
De acuerdo con Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, es común que en las fiscalías estatales se registren detenciones que suelen no ser apegadas a derecho, y se detiene a personas a partir de flagrancia y no por investigación.
“Tenemos un severo problema de capacidades instaladas tanto en las fiscalías como en las policías y eso hace que en muchos casos no se lleven a cabo las detenciones como deberían”.
De acuerdo con el censo, los estados con más averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación pendientes son los siguientes:
De las 338 mil 308 órdenes judiciales pendientes de cumplimentar al cierre del 2023, tanto por la FGR como FGE, los estados que tienen más son los siguientes:
Al cierre de 2023, se reportaron 51 mil 562 víctimas de homicidio y feminicidio. Guanajuato y Baja California concentraron 25.1% del total. Pero en feminicidios, Nuevo León encabezó las cifras, con 464 casos. Después está la Ciudad de México, con 174.
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