La Cámara de Diputados informó que la Comisión de Puntos Constitucionales recibió el pasado 10 de julio una iniciativa presidencial en materia de extorsión. Esta iniciativa fue turnada a dicha comisión por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca reformar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política. El objetivo principal es dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general que establezca, como mínimo, la homogeneización del tipo penal y de sus penas para el delito de extorsión en todo el país.
La propuesta también busca que la extorsión sea perseguida de oficio, lo que significa que las autoridades podrán actuar sin necesidad de una denuncia previa por parte de la víctima.
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La consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, confirmó que la presidenta firmará la iniciativa para reformar el artículo 73 constitucional. Godoy subrayó que la reforma constitucional incluirá la extorsión en el listado de delitos sobre los cuales el Congreso puede emitir leyes generales, al igual que el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas y la tortura.
Esto permitirá establecer un tipo penal único, agravantes, sanciones, delitos vinculados y mecanismos de prevención, atención y reparación del daño a nivel nacional.
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Razones y contexto de la reforma
La propuesta retoma lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que considera la extorsión como un delito de alto impacto debido a sus repercusiones para las víctimas y el Estado mexicano.
Además, la iniciativa se ajusta a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, ya que es necesaria para desarrollar políticas de prevención en los tres órdenes de gobierno, mecanismos de colaboración entre instituciones de seguridad pública con uso de tecnologías e inteligencia informática, y mecanismos de coordinación efectivos.
La presidenta Sheinbaum ha reconocido que la extorsión es uno de los delitos que no ha disminuido y que sigue en aumento. La necesidad de modificar la Constitución radica en que actualmente no faculta al Congreso de la Unión para legislar de forma general sobre el delito de extorsión.
Esto ha provocado una problemática significativa en el combate eficaz del delito a nivel nacional debido a la falta de homologación de las penas. Los códigos penales federal y locales establecen un promedio de pena mínima de 4 años con 6 meses y 12 años de pena máxima, con discrepancias notables; por ejemplo, la penalidad federal es de 2 a 8 años, en Oaxaca de 1 a 3 años, y en Chihuahua de 5 a 30 años.
Esta disparidad genera impunidad y dificulta el combate efectivo. La reforma es crucial para unificar el tratamiento legal de la extorsión y combatirla con mayor eficacia.
En 2018, se registró un promedio diario de 18.89 extorsiones, mientras que en enero de 2025, la cifra fue de 29.77, lo que representa un incremento del 57.62 por ciento en solo seis años.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registraron 11,039 víctimas en 2022, 10,950 en 2023 y 10,804 en 2024. Los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentran el 61.8 por ciento de las víctimas en 2024 y a enero de 2025, con el Estado de México acumulando el 33.1 por ciento.
El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México contabilizó 158,450 reportes de extorsión entre 2019 y 2024, siendo las entidades más afectadas Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz.
Estrategia nacional contra la extorsión
Como parte de esta estrategia integral, presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y articulada por el Gabinete de Seguridad, se establecieron medidas fundamentales:
- La operación del 089 como número exclusivo para denunciar extorsiones de manera anónima.
- Las unidades contra secuestro también investigarán casos de extorsión.
- La denuncia ya no dependerá de la víctima; el Estado asumirá la responsabilidad y perseguirá el delito de oficio, quitando a la víctima el peso de arriesgar su vida al denunciar.
- La estrategia abarca todas las modalidades de extorsión, incluido el cobro de piso.
Otras acciones clave incluyen detenciones mediante labores de inteligencia, capacitación a operadores del 089, bloqueo de cuentas bancarias ligadas al delito con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), solicitud de órdenes judiciales para bloqueo de líneas y equipos celulares utilizados en cárceles, y operativos en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos de comunicación.
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Proceso legislativo
El documento de la iniciativa será publicado en la Gaceta Parlamentaria y, posteriormente, será sometido a análisis y discusión por parte de las comisiones dictaminadoras. En caso de avanzar, el proyecto deberá ser aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores, y eventualmente por al menos la mitad más uno de los congresos locales, como lo establece el procedimiento para reformas constitucionales.
La iniciativa se recibió cumpliendo lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política, y con fundamento en los artículos 33, numeral 1 de las Reglas Básicas para el Funcionamiento de la Comisión Permanente y 176, numeral 2 del Reglamento del Senado, en aplicación supletoria de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 89 de las citadas Reglas Básicas.
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¿Por qué es importante la reforma contra la extorsión?
La reforma contra la extorsión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es relevante porque busca atender uno de los delitos de mayor impacto social y económico en México, cuyo crecimiento ha sido alarmante en los últimos años.
Al proponer una reforma al artículo 73 constitucional, se pretende facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación general que unifique el tipo penal y las sanciones por extorsión en todo el país. Actualmente, las diferencias entre códigos penales estatales y federal generan impunidad y obstaculizan una estrategia nacional efectiva.
Además, la iniciativa plantea que la extorsión sea perseguida de oficio, lo cual permitirá a las autoridades actuar sin que la víctima deba presentar una denuncia, disminuyendo el riesgo para quienes temen represalias. También integra mecanismos de prevención, atención a víctimas y fortalecimiento de la inteligencia e investigación policial.
La propuesta responde a un contexto donde las cifras de extorsión han aumentado en más del 50% en seis años y afectan gravemente a estados como el Estado de México, Guanajuato y Veracruz. La reforma es parte clave de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 y busca sentar las bases para un combate más eficaz y coordinado de este delito en todo el país.
VGB