La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), Norma Piña Hernández, clausuró este martes el primer periodo de sesiones del año y convocó para el lunes 4 de agosto, a la última sesión aún conformada por los 11 ministros, antes de dar paso a la nueva estructura del máximo tribunal el próximo 1 de septiembre.
Ante de finalizar la sesión, la ministra Piña Hernández señaló que la comisión de receso, encargada de recibir cualquier impugnación o trámite de asuntos en este periodo, estará integrada por el ministro Javier Laynez Potisek.
La Corte tiene programada una última sesión de discusión y votación de asuntos para el 12 de agosto, en lo que marcará el cierre formal de actividades jurisdiccionales del primer periodo de 2025.
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Cabe señalar que las últimas semanas de agosto, las ponencias de los ministros deberán remitir a la Secretaría General de Acuerdos todos los asuntos que hayan quedado pendientes de resolución, como parte del proceso administrativo de cierre.
Además, se contempla la entrega de los recursos materiales y de personal asignados a cada ponencia, en cumplimiento con los lineamientos internos del alto tribunal.
Contexto: De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Corte tiene dos periodos de sesiones durante el año. El primero de ellos ocurre entre el primer día hábil de enero y el último día hábil de la primera quincena de julio.
Hasta el 4 de julio, el máximo tribunal tenía 1,341 asuntos pendientes de resolución, cifra que podría aumentar, ya que el último día hábil para recibir nuevos casos será el 29 de agosto, fecha en que concluye la actual integración del Pleno.
¿Por qué es importante el tema?
Cada asunto pendiente representa un conflicto legal o constitucional que afecta derechos, políticas públicas o relaciones entre poderes. El retraso en su resolución puede generar incertidumbre jurídica o dejar sin respuesta temas de alto impacto social.
La actual integración del Pleno concluirá el 29 de agosto. Cualquier asunto no resuelto antes de esa fecha podría quedar en pausa o requerir que nuevos ministros lo retomen desde cero, lo que puede prolongar aún más los procesos.
Además de la carga de trabajo del podría reflejar falta de recursos, planeación o eficiencia procesal, ya que muchos de los asuntos que conoce la Corte tienen que ver con reformas legislativas, derechos humanos, controversias entre poderes o políticas del Ejecutivo. Su resolución o su postergación tiene efectos directos sobre la vida pública y la gobernabilidad.
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