En los últimos años, México ha experimentado un proceso de erosión democrática, pasando de ser considerado una "democracia defectuosa" en 2018 a un "régimen híbrido" en 2024, según el Índice de Democracia. Este cambio se enmarca en fenómenos de "autocratización" o "populismo de doble discurso".
En este contexto, señala el estudio "Eroding democracy and public administration capacities through overstretching the armed forces: evidence of the federal police dismantling in Mexico", la sobreextensión de las fuerzas armadas y el desmantelamiento de instituciones civiles como la Policía Federal emergen como focos de preocupación que plantean riesgos latentes para la democracia y la administración pública en el país.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) implementó una "estrategia mixta" para desmantelar la Policía Federal y erosionar el profesionalismo en las agencias de seguridad pública. Esta estrategia combinó acciones de captura, sabotaje, reforma y desmantelamiento.
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Una de las principales vías fue la estrategia de reforma, aprovechando la mayoría en el Congreso para modificar el diseño institucional del sector de seguridad.
Los resultados electorales de 2018 otorgaron al presidente una sólida legitimidad, que utilizó para impulsar una reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional y la disolución de la Policía Federal, la cual fue aprobada por unanimidad en el Senado y una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y congresos estatales.
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La reforma estableció que la Guardia Nacional sería una institución civil bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque inicialmente alrededor del 80% de su personal estaba comisionado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Posteriormente, el presidente buscó transferir la Guardia Nacional a la SEDENA mediante otra reforma constitucional, y aunque no logró la mayoría calificada en un principio, en agosto de 2022 emitió un decreto para transferir el control operativo de la Guardia Nacional a la SEDENA.
Esta fue una decisión sin retorno que implicó la sustitución de personal civil por militar, aunque el personal militar reconoció la necesidad de mantener a los civiles por su experiencia.
La designación de un General en retiro como comandante General de la Guardia Nacional en 2023 motivó el aumento de retiros voluntarios entre el personal de la Policía Federal que aún formaba parte de la Guardia Nacional.
La estrategia de desmantelamiento por decretos administrativos y reformas legislativas también fue clave. El desmantelamiento administrativo de la Policía Federal inició el 11 de abril de 2019, apenas 15 días después de la publicación de la reforma constitucional.
Las leyes de la Guardia Nacional establecieron la transferencia total de recursos humanos de las divisiones de fuerzas federales y gendarmería a la nueva institución en 18 meses. La estrategia de sabotaje incluyó el despido de personal, recorte de presupuestos y la obstrucción del trabajo diario de la Policía Federal.
Aunque el presidente anunció que no habría despidos, miles de policías federales fueron despedidos irregularmente o se les ofreció retiro voluntario, y muchos fueron objeto de acoso y hostigamiento laboral. Se creó una narrativa presidencial de la Policía Federal como una institución corrupta, lo que desmotivó la continuidad de sus miembros.
Ex-policías federales coincidieron en que el desmantelamiento fue una mala decisión, ya que no se realizó un diagnóstico adecuado para rescatar lo que funcionaba bien. La desinformación y el trato irrespetuoso a los símbolos de la institución también fueron parte del sabotaje.
La Guardia Nacional: más grande, pero menos efectiva
El desmantelamiento de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional llevaron a un cuerpo de seguridad militarizado que, si bien es significativamente más grande, muestra una efectividad operativa menor.
Para 2023, la Guardia Nacional contaba con más de 128,000 miembros, lo que es 3.3 veces el tamaño de la Policía Federal en 2018. Sin embargo, la Guardia Nacional logra mucho menos con muchos más elementos.
Comparando los resultados operativos:
- En 2017, la Policía Federal arrestó a 19,799 personas, mientras que en 2022, la Guardia Nacional solo arrestó a 3,588, lo que representa una caída del 81.8%.
- En 2017, la Policía Federal incautó 2,280 armas de fuego, en contraste con las 1,420 incautadas por la Guardia Nacional en 2022, una disminución del 37.7%. Además, la Guardia Nacional no registró incautaciones de municiones, a diferencia de la Policía Federal que incautó 256,949 cartuchos y 3,825 cargadores.
- En operaciones en carreteras, la Policía Federal realizó 178,592 en 2017, mientras que la Guardia Nacional realizó 124,320 en 2022, una reducción del 30%.
- En ciberpatrullajes, la Policía Federal realizó 6,107 en 2017, mientras que la Guardia Nacional solo 5,326, una reducción del 13%.
- A pesar de la retórica presidencial, la Guardia Nacional ha registrado más enfrentamientos con civiles y más muertes. En 2023, la Guardia Nacional participó en 211 enfrentamientos con 73 civiles y 13 guardias muertos, en comparación con los 59 enfrentamientos de la Policía Federal en 2017 con 33 civiles y dos policías muertos.
Estos datos indican que el desempeño de la Guardia Nacional ha sido deficiente, con una menor eficiencia y resultados operativos a pesar de su mayor tamaño. Su despliegue parece responder más a criterios políticos que a la reducción de la violencia.
La pérdida de profesionalismo y capacidades institucionales en materia de seguridad
La militarización ha conllevado la degradación de la profesionalización de las instituciones civiles, especialmente las fuerzas policiales.
La Policía Federal, entre 2007 y 2012, recibió una inversión de 8.2 mil millones de dólares para desarrollar un modelo de carrera policial y experimentó una expansión significativa, consolidándose bajo un modelo basado en capacidades humanas, infraestructura tecnológica y poderes de investigación e inteligencia.
Logró ser una de las instituciones con los más altos niveles de confianza pública. Sin embargo, el proceso de desmantelamiento generó una pérdida de años de profesionalización. Los testimonios de ex-policías federales revelan la falta de un diagnóstico adecuado y el descarte de lo que funcionaba bien, en favor de una "reorganización" que privilegió el modo militar de operación.
El despido masivo, el acoso y la marginación de los miembros de la Policía Federal que se incorporaron a la Guardia Nacional resultaron en la pérdida de valiosos recursos humanos con conocimientos especializados.
Por ejemplo, en el ámbito de seguridad en carreteras, la Guardia Nacional no ha logrado igualar la pericia de la extinta Policía Federal, lo que se traduce en una menor capacidad para manejar incidentes de tráfico y una atención deficiente a robos en carreteras.
De los 37,000 elementos de la Policía Federal, solo quedan 13,812 en la Guardia Nacional, apenas el 10.94% del total de la fuerza.
La militarización como riesgo para la democracia en México
La "sobreextensión" de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, un proceso de militarización a través de un "sobreestiramiento compuesto", se convierte en un problema para las democracias y sus administraciones públicas.
Este fenómeno se inscribe en lo que se conoce como "agrandamiento ejecutivo", donde un líder elegido democráticamente busca debilitar los mecanismos de rendición de cuentas horizontal y vertical. Aunque el agrandamiento ejecutivo no siempre conduce a un retroceso democrático, sí representa una amenaza latente.
La relación entre democracia y administración pública es intrínseca; la profesionalización de las burocracias públicas es crucial para el desempeño democrático. Cuando se socava la calidad de la administración pública, como ocurrió con la Policía Federal, se afecta la democracia misma.
La militarización y la participación del ejército en asuntos civiles, como la seguridad pública, pueden dañar las relaciones cívico-militares, reducir la eficiencia del estado y aumentar las violaciones de derechos humanos. Además, la transformación de cualquier asunto en una cuestión de seguridad pone en riesgo la transparencia y la rendición de cuentas.
El desmantelamiento de una agencia policial civil y su sustitución por una Guardia Nacional militarizada representa un riesgo a largo plazo para cualquier modelo democrático. Las fuerzas armadas deben centrarse en sus actividades de defensa nacional.
Sin mecanismos de auditoría y procedimientos de rendición de cuentas, el empoderamiento de los soldados amenaza las libertades civiles y el orden democrático. Implica además un desperdicio de años de esfuerzos institucionales en la reforma policial.
La reubicación administrativa final de la Guardia Nacional en la SEDENA crea, de facto, una cuarta fuerza armada, generando duplicidad de funciones y probablemente impactando negativamente el desempeño de los militares y guardias. La sobreextensión de las fuerzas armadas en México reduce la posibilidad de la consolidación democrática y el control civil efectivo sobre los militares en actividades de seguridad.
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¿Por qué es relevante el tema?
El desmantelamiento de la Policía Federal en México y la creciente militarización del país a través de la Guardia Nacional son temas de gran relevancia por sus implicaciones en la seguridad, la democracia y los derechos humanos.
La Policía Federal, aunque con fallas estructurales y casos de corrupción, era una corporación civil creada con el objetivo de profesionalizar la seguridad pública. Su eliminación en 2019 marcó un cambio profundo en la estrategia de seguridad nacional, al ceder mayores funciones a las Fuerzas Armadas.
La Guardia Nacional, presentada inicialmente como una institución de carácter civil, ha terminado operando en la práctica bajo el control del Ejército. Esto representa un giro preocupante hacia la militarización de la seguridad pública, una tendencia que contradice los principios democráticos de subordinación del poder militar al civil.
En países con antecedentes de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, como México, esta situación plantea serios riesgos.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido que el uso de militares en tareas policiales puede derivar en abusos, uso excesivo de la fuerza y falta de rendición de cuentas. Además, la militarización no ha demostrado ser una solución efectiva al problema de la violencia; los niveles de homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto se han mantenido elevados a pesar del despliegue militar.
También preocupa que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en funciones civiles pueda socavar el desarrollo de instituciones civiles de seguridad y justicia. En lugar de invertir en cuerpos policiacos profesionales y en la reconstrucción del tejido social, se ha apostado por una solución inmediata, pero riesgosa.
Por estas razones, informarse sobre este proceso es fundamental para participar en un debate público responsable y exigir un modelo de seguridad que respete los derechos humanos y fortalezca las instituciones democráticas.
VGB