Organizaciones civiles entre las que se encuentran Defensorxs, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Laboratorio Electoral y Proyecto Justicia Común, entre otras, acusaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retiene un juicio de inconformidad electoral para impugnar los resultados de la elección extraordinaria de magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF, derivados de la elección judicial del 1 de junio.
En casos así, en los que se juzga un asunto relativo al TEPJF, quien debe juzgar es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conforme a lo que dice la Constitución y a los artículos 50 y 53 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el INE tenía la obligación de remitir el juicio directamente a la Suprema Corte, única autoridad facultada para resolver este tipo de controversias.
Sin embargo, el juicio de inconformidad, presentado el 19 de junio pasado para impugnar los acuerdos INE/CG567/2025 e INE/CG568/2025, fue enviado por el Instituto Nacional Electoral al Tribunal Electoral, cuando debía mandarlo a la SCJN.
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Así lo expusieron las organizaciones en un desplegado publicado en la cuenta de la red social X de Miguel Alonso Meza @MiguelMezaC y del Consejo de Litigio Estratégico.
Las organizaciones coincidieron en que este caso es una muestra más del patrón de regresión institucional que ha caracterizado a la actual integración de la Sala Superior del TEPJF, encabezado por la presidenta Mónica Soto: con un cierre progresivo del acceso a la justicia electoral, debilitamiento de las garantías jurisdiccionales mínimas y desprotección de los derechos colectivos que busca defender la ciudadanía.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación juega un papel crucial en la elección judicial.
Aunque su función principal es resolver las controversias que surjan durante el proceso electoral, y garantizar que las elecciones se desarrollen de manera justa e imparcial, también ha recibido críticas por la cercanía de los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe Mata Pizaña con la cuarta transformación.
El expediente lleva 9 días retenido
Luego de que el INE turnó el expediente a la Sala Superior del TEPJF, ésta lo asignó indebidamente a la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, acusaron las organizaciones.
“Esto contraviene lo dispuesto por la Constitución y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que son claros en señalar que los resultados de la elección de integrantes de la Sala Superior sólo pueden ser revisados por la SCJN”.
Pero además, a más de nueve días de haber recibido el expediente, la Sala Superior del TEPJF continúa reteniéndolo sin razón válida, impidiendo su envío inmediato a la Corte.
Con esa actuación se comete una violación grave al derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, criticaron las organizaciones.
Por ello exigieron a la Sala Superior del TEPJF que remita de forma inmediata el expediente a la SCJN, única autoridad competente para conocer del juicio de inconformidad.
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“La dilación injustificada vulnera el marco normativo electoral y atenta contra la integridad del sistema democrático”.
Entre las organizaciones firmantes están el Consejo Nacional de Litigio Estratégico; Proyecto Justicia Común; Defensores: Laboratorio Electoral; Poder Ciudadano Común y Práctica: Laboratorio para la Democracia.
No es retención sino análisis, dice el Tribunal
Por medio de una tarjeta informativa, el El Tribunal informó que en su sesión del 9 de junio decidió aplazar la discusión de un proyecto que plantea enviar a la Suprema Corte de Justicia la demanda presentada por organizaciones civiles en relación a la elección de magistrados de la Sala Superior y las regionales.
"Las cinco magistraturas estuvieron de acuerdo en analizar con mayor profundidad la posibilidad jurídica de separar el estudio de las demandas por dos autoridades distintas, en este caso la SCJN y el TEPJF".
El organismo señaló que la decisión no representa una retención sino de un análisis para establecer las vías en que el asunto se remita de acuerdo con lo que establece la Constitución.
kach