La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el reciente fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que desestimó una demanda presentada por el gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses. Según explicó, el argumento de la Corte fue que no encontraron relación entre la fabricación de armas en Estados Unidos y el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.
En respuesta, Sheinbaum recordó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió en enero un documento que reconoce que el 75% de las armas incautadas en México proviene ilegalmente de Estados Unidos. Indicó que el gobierno mexicano no comparte el criterio de la Corte estadounidense respecto a la supuesta ausencia de relación entre los fabricantes y el tráfico de armas.
La presidenta señaló que aún permanece activa una segunda demanda, esta vez dirigida contra distribuidores y vendedores de armas. En este sentido, afirmó que el equipo jurídico del gobierno federal continuará con el proceso legal correspondiente y que se mantendrá el diálogo con el gobierno de Estados Unidos.
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Sheinbaum destacó que, por primera vez, autoridades estadounidenses han mostrado disposición para abordar el problema del flujo de armas hacia México. Mencionó una publicación reciente del embajador de Estados Unidos en la que se reconoció la relevancia de que ese país participe en la reducción del tráfico de armamento hacia el sur de su frontera.
La mandataria también informó que existe un registro detallado de las armas incautadas en México, que incluye el número de serie, el origen del arma y la actividad delictiva en la que estuvo involucrada. Esta información, dijo, ha sido utilizada como parte del sustento para las acciones legales emprendidas por el Estado mexicano.
El fallo de la Corte de EU
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves de forma unánime la demanda presentada por el gobierno de México contra fabricantes de armas estadounidenses. La querella, presentada en 2021, buscaba responsabilizar a estas empresas por la violencia generada por cárteles en territorio mexicano y solicitaba 10 mil millones de dólares en daños, además de una orden judicial para imponer restricciones a la comercialización y distribución de armas.
La jueza Elena Kagan, quien redactó la opinión mayoritaria, argumentó que la demanda está impedida por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), una legislación federal de 2005 que otorga inmunidad legal a los fabricantes de armas de fuego en ciertos casos.
La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que "son dos juicios", y pidió tiempo para conocer la medida. "Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos".
¿Qué sigue tras la decisión de la Corte de EU?
El fallo sostiene que no se logró probar que dichas empresas “ayudaran o facilitaran” (aiding and abetting) el tráfico ilícito de armas hacia territorio mexicano, aunque el tribunal evitó pronunciarse sobre el argumento de la “proximidad del daño” (proximate cause), también presentado por México, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado en el que rechaza la decisión en la Corte estadounidense.
Con esta decisión, la Suprema Corte revoca una sentencia previa de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que había permitido que la demanda mexicana continuara, y devuelve el caso al tribunal de distrito en Boston para que prosiga conforme a este nuevo criterio. Ante esto, la SRE expresó su firme desacuerdo y reafirmó su compromiso de agotar todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el flujo ilícito de armas que afecta a la seguridad y paz de las familias mexicanas.
México presentó esta demanda en agosto de 2021, argumentando que las prácticas negligentes de los fabricantes estadounidenses han contribuido al tráfico ilegal de armas, fortaleciendo a grupos delictivos y alimentando la violencia. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones había determinado que México presentó alegatos suficientes para sostener que las empresas demandadas “ayudaron e instigaron” dicho tráfico.
La SRE destacó que esta decisión no afecta una segunda demanda presentada en 2022 ante una corte en Tucson, Arizona, en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas, la cual sigue su curso en la etapa de presentación de pruebas. Ambas acciones legales han sido clave para visibilizar el impacto del tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México, no solo en el ámbito bilateral, sino también ante instancias multilaterales.
México ha logrado posicionar esta problemática en foros internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2021 adoptó la resolución 2616 impulsada por el país. Además, se está a la espera de una opinión consultiva por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que refuerza la dimensión internacional de este desafío.
México ha sostenido que su demanda se encontraba dentro de una excepción contemplada por dicha ley, la cual permite acciones legales cuando una empresa ha violado deliberadamente las leyes sobre armas de fuego y esa violación ha causado un daño directo. La Corte Suprema decidió revisar el caso luego de que una instancia inferior permitiera que la demanda continuara.
El litigio fue respaldado por grupos defensores del derecho a portar armas como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y la Coalición de Política de Armas de Fuego, así como por líderes del Partido Republicano, más de 30 legisladores de ese partido, 26 fiscales generales estatales republicanos y la Cámara de Comercio de EE. UU.
La demanda incluía a siete fabricantes de armas y un mayorista, entre ellos Smith & Wesson y Glock. México alegaba que estas empresas facilitaron la violencia al no implementar medidas adicionales para evitar que sus productos llegaran a manos de organizaciones criminales. La mayoría de las empresas habían sido ya excluidas del caso por otros motivos legales, aunque dos de ellas permanecían involucradas hasta la resolución de hoy.
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Contexto: En agosto de 2021, el gobierno de México presentó una demanda civil en una corte federal de Boston, Massachusetts, contra varias fabricantes de armas estadounidenses, incluyendo a Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt’s Manufacturing Company, entre otras. El argumento central del gobierno mexicano fue que estas empresas eran responsables de facilitar, de manera negligente e ilícita, el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, lo que ha alimentado la violencia vinculada al crimen organizado.
La demanda, encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) bajo la administración de Marcelo Ebrard, fue una acción sin precedentes en la diplomacia mexicana. México alegó que las empresas diseñan, distribuyen y comercializan armas sabiendo que muchas de ellas terminarán en manos de los cárteles del narcotráfico, lo que ha contribuido a la crisis de inseguridad en el país. El gobierno pidió una compensación económica estimada en 10 mil millones de dólares y cambios estructurales en las prácticas de venta y distribución de armas.
Sin embargo, en septiembre de 2022, la demanda fue desestimada por la jueza F. Dennis Saylor, quien determinó que las empresas estaban protegidas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), la cual otorga inmunidad a los fabricantes frente a demandas por los usos criminales de sus productos. México apeló esta decisión en enero de 2023, y el caso pasó a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos.
La estrategia legal del gobierno mexicano ha sido respaldada por organizaciones de derechos humanos, expertos en control de armas y varios fiscales estatales de Estados Unidos. Además, el caso ha puesto en el centro del debate internacional el impacto que tiene el comercio de armas estadounidense en la seguridad interna de otros países, particularmente en América Latina. A pesar de los obstáculos legales, México sostiene que esta demanda es una vía clave para frenar la violencia armada y exigir responsabilidad a las corporaciones armamentistas.
El pasado 2 de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó a la fiscal general, Pam Bondi, a aplicar "mano dura" contra el tráfico de armas, dijo Brendan Iber, agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), en Phoenix, Arizona.
"Su orden es bajar el tráfico de armas y es por eso que han designado a algunas de estas organizaciones como organizaciones terroristas".
djh