Un tribunal federal ordenó auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, por su probable responsabilidad en el delito de omisión, luego de una apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La acusación está vinculada a su presunta omisión para impedir el ingreso de armas, municiones y explosivos durante el operativo “Rápido y Furioso" entre 2009 y 2011, llevado a cabo por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos.
En enero de 2025, la jueza Noveno de Distrito en Sonora, Karina Almada Rábago, había desestimado su responsabilidad, señalando que, pese a que la FGR presentó pruebas como videos, documentos y testimonios de funcionarios estadounidenses, ninguna confirmaba que Cárdenas Palomino tuviera conocimiento sobre la introducción ilegal de armamento para localizar a miembros del crimen organizado.
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No obstante, el Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito en Hermosillo, Sonora, revocó esa decisión, argumentando que existen elementos suficientes para llevarlo a juicio y establecer su posible responsabilidad.
La resolución establece:
- Primero: se revoca la resolución impugnada.
- Segundo: se dicta auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino por su probable responsabilidad penal en la omisión para impedir la entrada ilegal de armas, municiones, cartuchos y explosivos, conforme al artículo 84, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
- Tercero: se instruye al Juzgado Noveno de Distrito en Sonora a dar cumplimiento a esta resolución.
Los magistrados ordenaron la reaprehensión del exfuncionario, quien actualmente se encuentra detenido por el delito de tortura en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
¿Qué fue del plan "Rápido y Furioso" con el que EU llenó de armas a México?
Contexto: en 2009, para identificar a traficantes de armas de fuego fabricadas en Estados Unidos y rastrear el armamento hasta los grupos delictivos que lo utilizan para cometer crímenes en México, los gobiernos de ambos países implementaron un programa que resultó ser más polémico que efectivo llamado "Rápido y Furioso".
El plan, como parte de la llamada Iniciativa Mérida, consistía en permitir la entrada de armas estadounidenses con chips de rastreo a territorio mexicano, como forma de combate al narcotráfico y la violencia.
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La operación iniciada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por siglas en inglés) de los Estados Unidos permitió que entre 2009 y 2011 fueran compradas ilegalmente y transportadas a México 2,500 armas.
Los problemas del operativo surgieron cuando en diciembre de 2010, dos rifles de asalto comprados por una persona que ahora está presa fueron utilizados en un tiroteo en Arizona donde murió el agente fronterizo Brian Terry.
Diez años después del asesinato del agente, Eric Holder, exfiscal general de Estados Unidos, fue acusado de encubrir la operación “Rápido y Furioso”, y de mentir durante la indagación del Congreso sobre el trasiego ilegal de armas a México, según un informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
El Departamento de Justicia, bajo la guía de Holder, en 2012 habría tratado de esconder los hechos a la familia de Brian Terry. El entonces presidente Barack Obama, incluso aplicó su facultad de fuero ejecutivo para restringir el acceso a la información del caso, pero Holder fue declarado en desacato por el Congreso. La muerte de Terry, sin embargo, desencadenó el cierre del operativo.
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En otro caso conocido, ocurrido el 15 de febrero de 2011, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí, México, el agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por siglas en inglés) estadounidense, Jaime Zapata. Se comprobó que el agente había muerto por disparos hechos con un arma de "Rápido y Furioso".
gph
