Con la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública por parte de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, tendrá nuevas facultades entre ellas, la de tener acceso con o sin una orden judicial a datos personales de sospechosos.
La reforma ha dividido opiniones, sus defensores afirman que busca fortalecer el combate a la delincuencia, mientras que sus críticos aseveran que abre la puerta a la vigilancia masiva de los ciudadanos.
Esta ley, fue impulsada por una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y otorga amplias facultades de "espionaje" a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), permitiendole acceder a información sensible sin la necesidad de una orden judicial.
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Amplio acceso a la información sensible
La nueva ley permite a la Secretaría de Harfuch acceso directo y sin necesidad de orden judicial a diversas bases de datos, tanto públicas como privadas. Esto incluye una vasta gama de información personal y sensible, como:
- Datos bancarios: Información sobre cuentas, transacciones y movimientos financieros.
- Datos telefónicos: Registros de llamadas, mensajes y datos de conexión.
- Datos biométricos: Huellas dactilares, reconocimiento facial y otras características biológicas únicas.
- Datos vehiculares y de placas: Información sobre propiedad y registro de vehículos.
- Datos de propiedad: Información sobre bienes inmuebles y su titularidad, así como registros públicos de comercio y personas morales.
- Datos fiscales: Registros catastrales y fiscales.
- Registros de armas de fuego: Incluyendo las aseguradas o decomisadas.
- Padrones de personas detenidas y sentenciadas.
- Registros de servicios: Financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, y en materia marítima.
- Otros registros administrativos de los que se pueda extraer información para la generación de productos de inteligencia.
La ley fue aprobada en lo general con 368 votos a favor y 101 en contra, y en lo particular con 324 votos a favor y 117 en contra. Los partidos Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron a favor, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) se opusieron o votaron en contra en lo particular.
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Plataforma Central de Inteligencia
La recopilación y el uso de esta información se realizarán a través de la Plataforma Central de Inteligencia, que será operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), bajo la coordinación de la SSPC. Esta plataforma tiene como propósito sistematizar e interconectar no solo los datos personales, sino también la información más íntima y sensible en posesión de instituciones públicas y entes privados.
Las instituciones y entes públicos y privados que manejen este tipo de información estarán obligados a vincularse y colaborar con los órganos del Sistema Nacional para la consulta, transmisión y suministro de sus bases de datos. En el caso de personas de régimen privado o social, la interconexión y el envío de información deberán ser por tiempo y para un fin determinado.
¿Vigilancia masiva o seguridad nacional?
La oposición ha calificado esta ley como una "ley espía" y ha expresado serias preocupaciones sobre la privacidad y el uso indebido de la información. Los críticos argumentan que la ley podría imponer un régimen totalitario que busca controlar y "desnudar la vida de las y los mexicanos", representando una amenaza al derecho a la privacidad e intimidad. Se ha señalado que la legislación permite un control absoluto sin filtros judiciales, sin contrapesos ni transparencia.
Particularmente, el Artículo 26 de la ley ha sido cuestionado por su ambigüedad, al señalar que el uso y manejo de la información se realizará "en su caso, previo control judicial". La oposición ha insistido en que no se especifica cuáles son esos casos, dejando carta abierta al gobierno para acceder a datos personales sin que el control judicial sea obligatorio.
Además, se teme que la ley sirva para "perseguir a enemigos del régimen" o a líderes sociales que critiquen al gobierno, transformando la seguridad en una excusa para un "régimen de control autoritario". La posibilidad de compartir esta información con gobiernos e instituciones extranjeras sin un control claro también ha generado alarma.
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No es espionaje, es combate al crimen: Gobierno
Los legisladores de Morena y sus aliados han defendido la ley, asegurando que su objetivo es prevenir y combatir los delitos, dotando de las herramientas necesarias a la Secretaría de Seguridad Pública.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Jessica Saiden Quiroz (Morena), afirmó que "no se trata de espionaje", y que la ley "no va a recabar datos biométricos ni va a interceptar comunicaciones privadas" ni "instalar vigilancia sin control judicial".
Subrayó que el sistema respetará "escrupulosamente los límites constitucionales y las legislaciones secundarias", y que no se revivirá el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
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Omar García Harfuch, titular de la SSPC, ha aclarado que el acceso a los datos, biométricos o no, se llevará a cabo "bajo la conducción del Ministerio Público" y que la Secretaría de Seguridad "no tendrá acceso a todo".
También se ha enfatizado que la inteligencia moderna es una herramienta clave para la prevención de delitos y que el sistema busca construir un "Estado inteligente con coordinación y con efectividad". Se ha asegurado que la ley garantizará el respeto a los derechos humanos y la protección de datos personales.
VGB