La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe especial sobre el devastador incendio ocurrido el 18 de enero de 2019, en una toma clandestina de hidrocarburo en un ducto propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo.
Este informe busca detallar cómo actuaron las autoridades en la atención de las personas afectadas y las problemáticas surgidas durante la emergencia y sus consecuencias, desde una perspectiva de derechos humanos y debida diligencia.
Contexto del incidente: Un Desastre Anunciado
La tragedia se desató el 18 de enero de 2019, a las 18:52 horas, en el poblado San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. El origen fue una toma clandestina de gasolina que provocó la ruptura de un ducto de 14 pulgadas del tramo Tuxpan-Tula.
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Los hechos iniciaron alrededor de las 14:30 horas, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) detectó el derrame de combustible. Para las 15:45 horas, una gran cantidad de personas comenzó a llegar a la zona con la intención de recolectar la gasolina esparcida.
Aunque personal militar intentó disuadir a los pobladores y asegurar el área, se vieron superados en número por la multitud, que continuó llegando al sitio a pesar de los riesgos para la salud. Testigos hablaron de cientos, incluso un millar de personas, algunos incluso jugando con la gasolina. La escasez de combustible que se vivía a nivel nacional en ese momento fue un factor que llevó a muchas personas a acercarse al derrame.
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Aproximadamente a las 18:58 horas, el Cuerpo de Bomberos recibió el reporte de la explosión e incendio, que se estimó ocurrió a las 19:10 horas. La explosión fue particularmente mortal debido a la gran concentración de personas en la zona. Tomó unas cuatro horas extinguir el fuego. El gasoducto transportaba unos 10 mil barriles de gasolina en el punto de ruptura.
Balance humano y económico
Este accidente es uno de los más destructivos de su tipo en la memoria de México. Inicialmente, los reportes oficiales indicaron 69 fallecidos en el lugar y cinco durante el traslado o en el hospital, sumando 74 defunciones el mismo día de los hechos. Sin embargo, la cifra final de víctimas mortales ascendió a 137 personas, con la mayoría de los decesos ocurriendo en los primeros días del acontecimiento. El total de lesionados fue de 81, con 78 hombres y 3 mujeres, atendidos en múltiples hospitales.
La explosión movilizó una gran cantidad de recursos humanos y económicos. Los daños y pérdidas totales superaron los 85.6 millones de pesos. La mayor parte de este monto, el 56.86%, se destinó a Salud, totalizando 48.7 millones de pesos por concepto de atención hospitalaria y terapia intensiva, incluyendo 13.9 millones para cuatro menores trasladados a un hospital en Galveston, Texas.
Los gastos funerarios, cubiertos por el Gobierno Federal, ascendieron a más de 2.9 millones de pesos. Además, se calcula que se derramaron 10 mil barriles de gasolina, valorados en 22.3 millones de pesos. El costo de reparación del ducto fue de 42,536 pesos.
Las conclusiones de la CNDH y la "falta de debida diligencia" de Pemex
El informe de la CNDH analiza la intervención de las autoridades desde una perspectiva de derechos humanos y debida diligencia. Destaca que Pemex, como empresa productiva del Estado, tiene la función de garantizar el suministro de combustibles y un plan para combatir el robo de hidrocarburos. Sin embargo, la CNDH advierte que, a pesar de las acciones realizadas, la eficacia para disminuir las tomas clandestinas ha sido limitada.
La investigación de la CNDH reveló que los ductos se encuentran en mal estado de mantenimiento y la tecnología de detección es obsoleta e incompleta. Se subraya que Pemex tiene pleno conocimiento del aumento exponencial de las tomas clandestinas y los riesgos asociados, pero su actividad se ha enfocado en clausurar las tomas sin adoptar medidas necesarias y efectivas para abordar el problema de la extracción ilegal, lo que evidencia una "indiscutible falta de debida diligencia".
La CNDH enfatiza que Pemex debe cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, lo que implica ir más allá de la normatividad y tener una disposición real y efectiva para hacer justiciable el derecho a la protección del medio ambiente.
Recomendaciones y propuestas para el futuro
El informe especial de la CNDH presenta una serie de propuestas dirigidas a los tres niveles de gobierno para prevenir futuras tragedias y remediar los daños:
- Programa de remediación ambiental: Elaborar conjuntamente un programa con participación de la comunidad para la zona afectada. El documento destaca que, a más de seis años de los hechos, el gobierno no se ha acercado a la comunidad para consultar o presentar acciones de recuperación del suelo.
- Plan de atención integral: Diseñar un plan individual y colectivo para las víctimas y la comunidad, incluyendo atención médica, psicológica, terapéutica, restablecimiento de la dignidad y medidas para evitar la repetición.
- Campañas de sensibilización: Crear y difundir campañas sobre los riesgos de la extracción ilegal de combustible en las localidades más afectadas.
- Investigación y recuperación de gastos: Coadyuvar con la Fiscalía General de la República para identificar responsables y recuperar los gastos efectuados.
- Normatividad de debida diligencia: Generar fórmulas jurídicas para exigir la debida diligencia en derechos humanos, con participación de empresas, sociedad civil y autoridades.
Específicamente para Pemex, la CNDH propone:
- Atención a sobrevivientes: Garantizar el acceso a atención médica, psicológica y de rehabilitación a las trece personas lesionadas sobrevivientes.
- Mejora de vigilancia: Incrementar recursos humanos y materiales para reforzar y modernizar la vigilancia de ductos y capacitar/certificar al personal.
- Evaluación de impacto ambiental: Someter la actividad de transporte en ductos a procedimientos de evaluación de impacto ambiental y estudios de riesgo.
- Implementar debida diligencia: Incorporar acciones de cuidado, prevención, mitigación y control de riesgos en sus procesos de respeto a los derechos humanos.
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La CNDH considera que este informe representa una oportunidad para el Estado mexicano de implementar acciones prácticas y eficaces para la recuperación del medio ambiente y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reafirmando la ineludible obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos.
El incidente de Tlahuelilpan ha dejado una dura lección, y aunque la "ordeña" de hidrocarburo persiste, la población ahora se acerca menos a las fugas.
VGB