Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación ante la iniciativa que busca expedir la nueva Ley de la Guardia Nacional y reformar diversas disposiciones de leyes relacionadas con las Fuerzas Armadas, instando a que se rechace esta propuesta. La organización advierte que esta medida aumenta significativamente el riesgo de violaciones de derechos humanos y la impunidad.
La organización señala que la estrategia de militarización de la seguridad pública, adoptada por México durante los últimos 20 años como respuesta a la crisis de violencia, ha resultado en constantes violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Esto incluye ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos por parte de las instituciones de seguridad y defensa.
Amnistía Internacional enfatiza que la nueva iniciativa incrementa el riesgo de que el personal de la Guardia Nacional manipule evidencia en casos en los que estén implicados, lo que a su vez facilita la impunidad en violaciones a derechos humanos. Además, al asumir las Fuerzas Armadas tareas de seguridad, se ha creado una lógica de "enemigo interno" que prioriza el uso de la fuerza letal sobre medios pacíficos y sostenibles.
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Profundización del Enfoque Militar
La preocupación de Amnistía Internacional radica en que la nueva ley profundiza el enfoque militar de la Guardia Nacional. Aunque la Guardia Nacional fue creada originalmente como una institución civil, esta iniciativa la consolidaría como una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente, integrada por personal militar con formación policial y adscrita administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La organización advierte que esto aumenta el riesgo de que el personal de la Guardia Nacional no respete ni garantice los derechos humanos de la población civil.
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Un llamado urgente al congreso
Amnistía Internacional considera urgente que México adopte un enfoque de seguridad ciudadana que respete y garantice los derechos humanos. Por ello, han hecho un llamado urgente al Congreso de la Unión para que rechace dicha iniciativa, recalcando que "la militarización no es la solución".
La organización ya había advertido sobre los riesgos de la militarización en el país, incluyendo graves violaciones a derechos humanos, falta de investigaciones imparciales e impunidad, en su informe "Cambiando el Paradigma".
Congreso aprueba ley que militariza la Guardia Nacional
Esta semana, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados dio luz verde a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional y reformar diversas leyes secundarias relacionadas con las Fuerzas Armadas.
La aprobación se realizó con 22 votos a favor de Morena y sus aliados (PT y PVEM), 7 en contra de los partidos PAN y PRI, y 2 abstenciones de Movimiento Ciudadano. Este dictamen será ahora discutido en el pleno de la Cámara de Diputados durante un periodo extraordinario de sesiones, previsto entre el 23 y el 30 de junio.
Consolidación militar de la Guardia Nacional
La principal implicación de esta nueva legislación es la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otorgándole una figura plenamente militar. Aunque la Guardia Nacional fue concebida originalmente como una institución civil, con esta iniciativa se consolidaría como una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente, integrada por personal militar con formación policial y adscrita administrativa y operativamente a la Sedena.
Además, la ley establece que el titular de la Guardia Nacional será nombrado por el Ejército Mexicano a propuesta del Secretario de la Defensa y deberá ostentar el grado de General de División. Los integrantes de esta corporación estarán sujetos a la jurisdicción penal militar y al fuero de guerra, con rangos equivalentes a los del Ejército Mexicano. Un legislador del PT, Ricardo Mejía, defendió esta adscripción, argumentando que garantiza que la institución no se corrompa, a diferencia de lo que, según él, ocurrió con la Policía Federal.
Ampliación de facultades y preocupaciones por Derechos Humanos
La iniciativa presidencial también otorga nuevas y amplias facultades a la Sedena y a la Guardia Nacional. Entre estas se incluyen la capacidad de realizar tareas de investigación e inteligencia para la prevención de delitos, llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, e incluso intervenir comunicaciones privadas previa autorización judicial.
También podrán solicitar a empresas de telefonía móvil información en tiempo real y georreferenciación de equipos. La Guardia Nacional asumirá funciones generales de seguridad pública, como salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, y podrá colaborar con policías estatales y municipales mediante convenios firmados por la Sedena.
Adicionalmente, la Sedena tendrá la capacidad de generar, operar, procesar y utilizar información en materia de seguridad nacional y desarrollar productos de inteligencia.
Estas nuevas facultades han generado una fuerte crítica por parte de legisladores de oposición y organizaciones de derechos humanos. Se ha alertado que la reforma es violatoria de derechos humanos al conceder atribuciones como operaciones encubiertas sin los límites constitucionales adecuados.
La diputada Margarita Zavala (PAN) señaló que la reforma presenta contradicciones legales, debilita la función civil del Sistema Nacional de Seguridad Pública y no cuida al propio Ejército. También se expresó preocupación por la intervención de comunicaciones privadas, especialmente con la nueva integración del Poder Judicial.
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Legisladores del PRI, como Emilio Suárez Licona, advirtieron que esta reforma es un paso para militarizar, de manera indirecta, los cuerpos policiacos estatales y municipales a través de convenios. Paulina Rubio (PAN) alertó sobre la concentración de poder desproporcionado en la Sedena, sin contrapesos, incluso en el Poder Judicial.
VGB