La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el impuesto de 2% que impuso el gobierno de la Ciudad de México a una empresa de reparto por el uso de la infraestructura urbana.
Por tres votos contra uno, la primera sala de la Corte dio la razón a una juez que amparó a la empresa Cargamos Mobility en contra de un artículo del Código Fiscal de la CDMX que obligaba a quienes hacen trabajo de reparto, sean empresas o personas físicas, a pagar una cuota del 2%, antes de impuestos, sobre el total de las comisiones.
El gobierno de la capital calificó este pago como “aprovechamiento” por el uso y/o la explotación de la infraestructura de la Ciudad.
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La empresa presentó el juicio de amparo bajo el argumento de que se le discriminaba al no cobrar el mismo impuesto a todas las personas que hacen uso de la infraestructura, además de que el uso de estas instalaciones es un derecho y por tanto no debe aplicársele cuota o “aprovechamiento” alguno.
La jueza tercera de distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México dio la razón a la empresa, pero el gobierno de la ciudad se inconformó, por lo que el caso llegó a la Suprema Corte.
La ministra Yasmín Esquivel propuso revocar el amparo otorgado a la empresa, pero en la votación los ministros Javier Láynez, Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat se inclinaron por dar la razón a la juez y declarar inconstitucional el gravamen.
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¿Qué dice la ley que molesta a los repartidores?
A partir de julio de 2025, México tendrá un nuevo marco legal para regular el trabajo en plataformas digitales como Uber, DiDi o Rappi.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada el 24 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, ha generado una profunda división entre repartidores y conductores. Mientras algunos la celebran como una “victoria histórica para los trabajadores”, otros advierten que representa una amenaza para su libertad, su flexibilidad laboral e incluso sus ingresos.
La reforma modifica la Ley Federal del Trabajo para incluir un capítulo sobre los trabajadores en plataformas digitales.
Su objetivo central, dice el Gobierno, es “reconocer derechos laborales a quienes prestan servicios de forma presencial a través de aplicaciones, como conductores y repartidores”.
Una de las claves del nuevo marco legal es la distinción entre personas trabajadoras y personas trabajadoras independientes.
El criterio para clasificar a cada quien será el ingreso neto mensual: quienes generen al menos un salario mínimo mensual vigente en la Ciudad de México serán considerados trabajadores formales, con derecho a seguridad social, aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades y demás prestaciones.
Quienes no alcancen ese umbral serán clasificados como independientes, pero con acceso obligatorio a un seguro contra riesgos laborales.
La ley también obliga a las plataformas como Uber, Didi y Rappi a celebrar contratos por escrito con cada trabajador.
La relación laboral se reconocerá únicamente por el tiempo efectivamente trabajado; es decir, desde que el trabajador acepta una orden hasta que la concluye. La jornada es flexible y discontinua y las personas pueden conectarse o desconectarse libremente.
Si no se realiza ninguna actividad durante 30 días consecutivos, se considerará terminada la relación laboral sin responsabilidad para ninguna de las partes.
Las plataformas estarán obligadas a inscribir a sus trabajadores al IMSS e Infonavit y a cubrir las cuotas correspondientes, salvo el 2.5?% del ingreso, que deberá aportarlo el trabajador. También se contempla el derecho al reparto de utilidades para quienes trabajen al menos 288 horas efectivas al año (unas 24 horas mensuales promedio).
Así disolvió la Policía protesta de repartidores de apps
Ayer miércoles, tras casi siete horas de bloqueo en Paseo de la Reforma y Circuito Interior, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) disolvieron la protesta encabezada por repartidores y conductores de aplicaciones como Uber, DiDi y Rappi, quienes rechazan la prueba piloto de la reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales, que entrará en vigor el próximo 22 de junio.
Frente al despliegue policiaco, los manifestantes afirmaron a La Silla Rota que aceptaron una mesa de diálogo pactada para este jueves a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobernación.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron hasta la zona en donde se bloqueó el paso de automovilistas y pidieron a los manifestantes moverse. Los repartidores fueron encapsulados y decidieron acabar con su manifestación.